Por Martín Cúneo
Periodista. Desde Diagonal en El Salto.
Una encuesta del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) entre 1.850 personas revela que una mayoría de la población española apoya medidas de intervención pública, aunque es un “sentido común en disputa”.
El aumento del coste de la vida y el estancamiento de los salarios han marcado la historia de casi todos los países europeos en las últimas décadas y explican en buena parte la ola de protestas que atraviesa el subcontinente.
En España, en los últimos diez años, el alquiler ha aumentado un 86%, la alimentación un 45% y el salario medio apenas un 25%. El balance de esta situación es una población sin capacidad de ahorro, que debe priorizar los gastos, que tiene que renunciar a vivir donde y como desearía, a la que no le alcanza el dinero. Dicho de otra manera, un “modelo económico que no llega a fin de mes”. Ese es precisamente el nombre de un nuevo informe del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) en el que profundizan cómo vive la sociedad española el aumento del coste de la vida y cuáles son las soluciones más populares.
Las conclusiones del informe, realizado por Rubén Martínez, Eloi Gummà y Adrià Rodríguez, contradicen los programas electorales y las políticas que impulsan las principales formaciones políticas. Según la encuesta realizada en el marco de este trabajo, siete de cada diez personas creen que los ricos deben pagar “bastantes más impuestos”, un porcentaje similar al apoyo a medidas de intervención pública. El 63% de votantes de PP y Vox respaldan estas iniciativas, que chocan con las políticas que defienden las direcciones de los partidos que votan.
La encuesta, realizada en julio de 2026 con 1.850 entrevistas, arroja datos preocupantes sobre el deterioro de las condiciones de vida. La economía española lleva años creciendo por encima de la media europea, señalan los autores, pero eso no ha impedido que solo una de cada diez personas (12,5%) viva “con comodidad y ahorre con regularidad”. En contraste, el 49,4% llega, como mucho, “a cubrir lo básico”. Los problemas para llegar a final de mes se convierten en estrés y miedos: el 78,3% teme no poder ahorrar; el 74,5%, por su jubilación; y un 72,2%, a que no alcance el dinero.
El aumento del coste de la vida y el estancamiento de los salarios obligan a la mayoría de los hogares a tener que elegir: un 68% recorta en vacaciones: un 35,2%, en climatización; un 20%, en comida saludable. Según el informe, las familias de rentas bajas recortan en comida sana más de tres veces que las de renta más alta.
Entre los factores de riesgo para no llegar a final de mes, una vez más, vivir de alquiler. Según el informe de IDRA, un 21,6% no cubre las necesidades básicas, casi el triple que los propietarios y un 94,4% teme no poder acceder nunca a una vivienda digna.
Las soluciones
Frente a la crisis de modelo, el trabajo revela que la mayoría de la población apuesta por medidas intervencionistas frente a las opciones neoliberales de dejar actuar al mercado. Los topes de precio y la distribución pública de alimentos son las medidas que más apoyo reciben con un respaldo de ocho de cada diez personas encuestadas. Un impuesto progresivo a las rentas del alquiler según el número de viviendas recibe el apoyo del 66%, también de dos de cada tres propietarios. El impulso a las energías renovables de propiedad pública o comunitaria también es apoyado por siete de cada diez personas. Mientras, una medida típicamente liberal, como “dar libertad para comprar vivienda como inversión”, recibe apoyos menores (47,6%).
Tomadas en conjunto, las propuestas de intervención pública concitan más apoyos (69,2%) que las medidas liberales de autorregulación del mercado (53,1%). Hay un apoyo mayoritario a la regulación, los topes y la intervención pública, pero se trata de un “sentido común en disputa”, aclaran los autores del informe: “Como mínimo un 42,9% quiere poner tope al precio de los alimentos en momentos de crisis y, a la vez, cree que hay que dejarlo al mercado”.
Otra de las conclusiones clave del informe es que las propuestas de intervención pública atraviesan los bloques y los ejes izquierda-derecha. Las medidas intervencionistas reúnen un 63% de apoyo entre los votantes de PP y Vox. Este electorado también está de acuerdo con la propuesta de gravar más a los ricos: el 63% del PP y el 59% de Vox.
Fuente: El Salto
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