Por Sebastiaan Faber
Profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College, Ohio.
El derecho de veto del presidente dificulta un cambio de rumbo en las políticas trumpistas. Sin embargo, una victoria demócrata permitiría tomar las riendas de la finanzas y controlar al poder ejecutivo.
¿Cuántos ciudadanos estadounidenses votarán en estas elecciones?
En este país de casi 350 millones de personas, hay unos 210 millones de votantes registrados. De ellos, en estas elecciones no votará más que la mitad; la participación en los comicios de medio mandato suele oscilar en torno al 50 por ciento. Por otra parte, de estos ciento y pico millones de votantes, muchos aprovechan la oportunidad de echar su boleto antes del 3 de noviembre, por correo o en persona. De hecho, a seis días de las elecciones –que es cuando escribo estas líneas– unos 40 millones ya habían emitido su voto. O sea, casi la mitad.
¿Qué resultado sería satisfactorio para el Partido Demócrata?
Si se cumplen los sondeos más optimistas, los demócratas se podrán hacer con una amplia mayoría en la Cámara de Representantes –donde están en juego los 435 escaños, y donde los republicanos hoy tienen una exigua mayoría de cinco–. Aunque la probabilidad es menor, también esperan obtener una mayoría en el Senado, necesariamente más estrecha. Si casi todo les sale perfecto, pueden ganar hasta siete escaños más de los 47 que tienen ahora. (Hay 100 senadores en total, dos por estado; ya que el mandato de un senador es de seis años, solo hay 35 en juego este año).
Eso sí, en el Senado tendrían al mismo tiempo que mantener todos sus escaños actuales. En principio, los estados más complicados son Michigan, donde se presenta Abdul El Sayed; Georgia, donde tienen al fotogénico Jon Ossoff; y New Hampshire, con Chris Pappas. Los escaños que esperan robarles a los republicanos incluyen los de Maine, Carolina del Norte, Texas, Iowa, Kansas, Ohio y Alaska. Si el tsunami adoptara dimensiones bíblicas, los demócratas podrían hacerse también con Nebraska y Carolina del Sur.
¿Qué podrán hacer los demócratas si logran mayorías en la Cámara y el Senado?
Lo primero: reafirmar las competencias y obligaciones que la Constitución le confiere al Congreso, competencias y obligaciones de las que los congresistas republicanos han abdicado casi por completo desde la segunda llegada de Trump a la Casa Blanca. Para la Cámara de Representantes, esto significa dos cosas: volver a tomar las riendas de las finanzas y controlar al poder ejecutivo. Dados los desmanes de estos últimos dos años, esto significará abrir una larga ristra de investigaciones para desvelar casos de corrupción y otras conductas ilegales. El control del Senado, por otra parte, les permitiría a los demócratas bloquear los nombramientos judiciales.
¿Los demócratas podrán proponer y adoptar leyes, aunque las rechace Trump?
No sin ayuda de los republicanos. El presidente tiene un derecho a veto que solo es superable mediante una mayoría cualificada de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado.
¿Podrán, al menos, controlar la política exterior?
Solo indirectamente, mediante el control presupuestario, por ejemplo. El Congreso podría negarse a financiar guerras como la de Irán; pero es fácil que esto se interprete como un abandono a las Fuerzas Armadas, algo que pocos políticos norteamericanos se atreven a hacer. Formalmente, es verdad que el Congreso tiene que aprobar los actos bélicos, pero en décadas recientes, presidentes de ambos partidos han ignorado esa norma.
¿Podrán hacer un impeachment al presidente?
Sí. Pero es importante recordar que, en rigor, el impeachment es solo un proceso de investigación iniciado y conducido por la Cámara de Representantes. Una vez concluida su investigación, la Cámara puede aprobar los cargos con una mayoría simple. Acto seguido, presenta sus resultados al Senado, que actúa como jurado y tribunal. Una mayoría simple de senadores basta para rechazar el juicio o abrirlo. Pero una vez abierto el juicio, solo una mayoría de 67 senadores (sobre 100) puede condenar al investigado. En otras palabras, para destituir a Trump, los demócratas tendrían que convencer, por lo menos, a una docena de senadores republicanos. Y dado que, además, un impeachment fracasado acabará por reforzar al acusado –como ocurrió con Trump durante su primer mandato–, no es una táctica recomendable.
¿Qué más se vota el 3 de noviembre?
Muchísimo. En Estados Unidos, las papeletas suelen ser largas, complicadas y distintas no solo en cada estado, ciudad y pueblo, sino en cada barrio. Son muchas las cosas sujetas al voto a todos los niveles, incluidas si el bar de la esquina puede o no servir bebidas alcohólicas o si cabe una subida de impuestos para financiar a las escuelas locales. En algunas grandes ciudades, como Los Ángeles, está en juego la alcaldía. En 39 de los 50 estados, se eligen gobernadores; en 30, fiscales generales; en 26, secretarios de Estado. En muchos, se eligen jueces para las Cortes Supremas a nivel estatal. (En 38 estados, los jueces son elegidos democráticamente; en algunos, además, es común que se identifiquen como demócratas, republicanos o independientes.) Y siempre es posible que salgan propuestas puntuales como la legalización de ciertas drogas, la restricción del derecho al aborto o enmiendas constitucionales varias.
Más importantes aún son los congresos estatales: los senados y cámaras de representantes –solo Nebraska tiene una sola cámara–, que se ocupan de las muchas competencias que el sistema federal estadounidense reserva a los estados. Entre estas no solo están los derechos reproductivos o los contenidos educativos, sino la legislación, gestión y certificación de todos los procesos electorales. (Sin ir más lejos, en más de la mitad de los estados, las personas condenadas por crímenes graves pierden el derecho al voto.) Los congresos estatales, en otras palabras, determinan quién, dónde, cuándo y cómo se puede votar. Esto produce una paradoja: aunque los representantes y senadores estatales suelen ser políticos de poca monta –y, en algunos casos, de pocas luces–, que combinan su carrera legislativa con un empleo normal, son también los que controlan los mecanismos que acaban por determinar quién ocupa la Casa Blanca.
Conscientes de este poder, los republicanos llevan décadas trabajando para controlar los congresos estatales. Hoy, son 28 los estados en los que gozan de mayorías en ambas cámaras. Los demócratas solo tienen 18, pero esperan hacerse con 11 más este año. En vista de lo que estará en juego en las elecciones presidenciales de 2028, serían unas victorias casi tan importantes como las luchas mucho más visibles en torno a los 435 + 35 escaños que hay en juego en Washington, DC.
¿Es cierto que los republicanos llevan años dificultando el voto en las comunidades con mayor apoyo demócrata?
En efecto. Aprovechándose de su control estatal, los republicanos han hecho todo lo posible por desanimar a los votantes tradicionalmente demócratas. Han creado nuevas trabas burocráticas, disminuido el número de colegios electorales, restringido las posibilidades de votar temprano o por correo, etc. También les ha echado una mano el Tribunal Supremo, que hace poco decidió tirar a la basura una histórica ley de 1965 –el Voting Rights Act– que protegía a los votantes negros del racismo empedernido de los estados del sur. Fue el mismo tribunal, presidido por John Roberts, que en 2010 abrió los procesos electorales a flujos casi ilimitados de dinero. Como decía la periodista Kate Riga de Talking Points Memo, “la mayor pasión del juez John Roberts es hacer que sea más difícil votar para personas no republicanas”.
En otras palabras, si los demócratas logran hacerse con el control de ambas cámaras en Washington, será a pesar de todas estas trabas. De hecho, si la “ola azul” es lo bastante poderosa, algunas de las tácticas republicanas para controlarla pueden resultar contraproducentes. Es el caso del famoso rediseño de distritos electorales, práctica conocida en inglés como gerrymandering, que pretende asegurar que los votantes del partido contrario siempre quedarán en minoría. Esto necesariamente significa aguar las mayorías propias en los distritos más seguros: se toma tierra de un dique que se cree seguro para reforzar otro menos seguro. Pero si estas mayorías disminuyen inesperadamente, es posible que el tiro les salga por la culata y que todos los diques se rompan. Una dinámica similar se está produciendo en estados y distritos donde los republicanos están tan acostumbrados a ganar que han presentado a candidatos francamente débiles, poco preparados para las batallas a las que, de repente, se han visto abocados.
¿Aceptará Trump una derrota?
Le costará. De hecho, el Gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia, ya lleva tiempo intentando interferir en los procesos electorales –usando, por ejemplo, el hecho de que el control de Correos es federal– y sembrar dudas sobre su integridad. Estos intentos se topan de lleno con la Constitución –es decir, con la judicatura–, pero también con los muchos políticos republicanos para quienes los principios del federalismo son poco menos que sagrados. (La de los derechos estatales es una causa conservadora de mucho abolengo.) En los estados controlados por el Partido Demócrata, por otra parte, los gobernadores, secretarios de Estado y fiscales generales llevan más de un año preparándose para todos los escenarios.
¿Cuál será la tarea de los demócratas a partir del próximo miércoles?
Ponerse manos a la obra. No dudar en reactivar el poder del Congreso. Abrir investigaciones, pero con inteligencia, centrándose en las que puedan producir resultados tangibles. Trabajar no solo para restaurar, sino para reforzar la integridad del sistema y la confianza del electorado en él. Porque la realidad es que, si las notas que obtienen Trump y los republicanos son malas, las de los líderes demócratas no son mucho mejores. En otras palabras, no vale simplemente regresar al Partido Demócrata de Biden, o siquiera el de Obama. Una tarea importante de la llamada “ala izquierda” del partido –hoy asociada con los Demócratas Socialistas de América (DSA) de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez o Zohran Mamdani– será recordarles a sus colegas más pusilánimes que no hay vuelta atrás.
¿Cómo podrían demostrar los demócratas que van en serio?
Abordando reformas para las que, hasta la fecha, les han faltado agallas. Una reforma judicial –antes considerada anatema– que el establishment del Partido Demócrata parece cada vez más dispuesto a considerar, es la expansión del Tribunal Supremo (packing the court), con el fin de diluir la actual mayoría conservadora y, a largo plazo, aligerar el peso de cada nombramiento individual. Otra medida sería terminar con el filibuster, la regla procedimental en el Senado que, en la práctica, significa que ciertas leyes solo pueden aprobarse con una mayoría cualificada. Una de esas leyes que lleva muchos años bloqueada es la PRO Act, diseñada para facilitar la organización sindical y los derechos laborales, y contrarrestar las muchas décadas de debilitamiento de las organizaciones obreras. Se trata, en otras palabras, de reforzar tanto los tejidos sociales como las estructuras institucionales con el fin de impedir que se vuelva a producir lo que hemos vivido estos últimos dos años.
Fuente: Ctxt
Deja una respuesta