Por Alberto Mesas
Periodista. Master en Estudios Avanzados en Comunicación política.
Con un sistema de medios afines muy bien financiados, la extrema derecha lleva unos años poniendo la diana en dos instituciones clásicas del ecosistema democrático: la educación y los medios de comunicación públicos
Hace unos días, en el municipio florentino de Bagno a Ripoli, un grupo de concejales de Fratelli d’Italia, el partido de extrema derecha nacionalista liderado por Giorgia Meloni, registró una moción que pide que junto al nombre oficial de cada colegio e instituto público se añadan etiquetas que indiquen si el centro está “políticamente alineado a la izquierda”, si es “favorable a las teorías LGTBIQ+ o woke, o si es “antiamericano”, “antisionista”, “antifascista” o “anticatólico”.
El texto sostiene que en algunos colegios se imparten “lecciones politizadas” y se practica un “adoctrinamiento” del alumnado hacia “ideologías de izquierdas o incluso de extrema izquierda”, citando como ejemplo la enseñanza de la ocupación de Palestina y el genocidio perpetrado por Israel en Gaza –ellos lo llaman simplemente la cuestión palestina y la guerra en Gaza–.
Las reacciones aparecieron enseguida. El alcalde de Bagno a Ripoli publicó la moción en redes sociales y la criticó evocando el precedente del ministerio de Educación Nacional del régimen de Mussolini, que elaboraba listas negras de profesores no alineados con el fascismo que eran perseguidos: “El horror del fascismo empezó así, distinguiendo a las personas por su ideología política, religión u orientación sexual”, arguyó el regidor. Por su parte, los principales sindicatos y organizaciones de profesores hablaron de “intento de discriminación” y de “ataque gravísimo” a la libertad de enseñanza.
Una de las organizaciones que inmediatamente se opusieron a la medida y trabajaron hasta conseguir retirarla fue el sindicato italiano Federación de Trabajadores del Conocimiento (FLC CGIL). Su responsable de Política Internacional, Miriam Di Paola, considera que “esta propuesta forma parte de un panorama más amplio de ataques contra los fundamentos italianos de la educación, que están arraigados en nuestra Constitución”. Una constitución “antifascista”, incide la responsable, que hace hincapié en el apoyo al personal educativo y a los trabajadores públicos de Bagno a Ripoli.
“Lo que ocurrió en Bagno a Ripoli es coherente con la actitud de este Gobierno hacia las escuelas públicas, hacia sus profesores y hacia la educación pública en general”, comenta Di Paola, y añade que en su sindicato están convencidos de que “se trata de un ataque contra el pensamiento crítico, contra el debate, el diálogo y el libre pensamiento que, obviamente, las escuelas italianas tratan de promover entre los niños […] para amedrentar a los profesores y erosionar la libertad de expresión”.
Vox y el PP contra la enseñanza pública
En España, la retórica de Meloni encuentra su réplica exacta de la mano de Vox y el PP. Los dirigentes de ambos partidos suelen atacar la enseñanza pública acusándola constantemente de ser adoctrinadora y tener un sesgo ideológico muy marcado. En 2024, durante una visita a EEUU, Santiago Abascal aseguró que las universidades “han sido convertidas en máquinas de censura, coacción, adoctrinamiento o antisemitismo”. En su diatriba también espetó que en los campus se inventan géneros, se pervierte la inocencia de los menores, se reescribe la historia y se promueven “ideologías criminales”.
“Se trata de crear un neolenguaje, una serie de palabras desconocidas sobre las cuales es más fácil crear significaciones”, comenta Luis García Tójar, profesor de sociología y comunicación política en la Universidad Complutense de Madrid. Para él, términos como woke, feminazi, etc; son los significantes vacíos de la extrema derecha mundial que ha copiado la española. No obstante, Tójar apunta a otro elemento clave en el éxito de esta estrategia: “Es preciso que exista un campo de medios de comunicación que no esté orientado a la información, sino que dependa de subvenciones, abiertas o encubiertas, o de clickbaits en las redes sociales”.
En el PP el argumento del adoctrinamiento en las aulas es el mismo. Por ejemplo, en Sevilla, y junto a Vox, los populares apostaron por la “neutralidad” educativa eliminando cursos y talleres de educación sexual y sacando del programa los contenidos relacionados con la memoria histórica.
Otros líderes especialmente reaccionarios, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremeten contra la educación pública mediante la herramienta de la financiación.
De hecho, hasta hace tan solo unos días, Ayuso mantuvo una cruzada contra las universidades públicas madrileñas al intentar instaurar un nuevo plan que recortaba drásticamente los fondos públicos que reciben. Tras meses de protestas de los rectores y de movilizaciones de estudiantes, finalmente la presidenta se vio obligada a recular y a aumentar dichos fondos. Con todo, el aumento de dinero autonómico hasta 2031 se sitúa entre el 6% y el 18% dependiendo del centro, una subida que en los rectorados tildan de “insuficiente”. Paralelamente, en la Comunidad está prosperando un modelo de expansión de la educación superior privada, mediante la promoción de centros privados y fórmulas de financiación alternativas.
Di Paola, del sindicato FLC CGIL, señala la misma estrategia en Italia: “Este Gobierno [de Meloni] tiene en mente desviar fondos de la educación pública hacia la educación privada”, y de nuevo insiste en la “campaña de desprestigio contra las escuelas públicas” cuando líderes políticos como el ministro de Educación Giuseppe Valditara insinuó que las escuelas son una comunidad pro LGTBIQ. Unas declaraciones enmarcadas en el ecosistema que, desde la extrema derecha, culpa a centros y profesores de “lavar el cerebro a los niños”.
Educación y medios públicos en la diana
Los casos de Italia y España no son una excepción ni están aislados. En toda la esfera política ultra emerge un patrón recurrente en la forma en que la extrema derecha enmarca la enseñanza pública como un enemigo cultural. Un elemento habitual de esta estrategia es la premisa de que las instituciones educativas están “secuestradas por la izquierda” y son utilizadas para difundir ideología progresista.
“Es una guerra organizada”, insiste el profesor García Tójar. “Es un plan ideológico forjado en Estados Unidos durante la primera administración Trump y potenciado a través de las redes de extrema derecha en Francia, Hungría, Brasil, Argentina, Italia, etc; hasta llegar a los países donde estos partidos no tenían implantación destacable, como era el caso de España”. De nuevo, el profesor apunta al apoyo fundamental que recibe este plan: “La ayuda económica y estratégica del ciberpoder mundial”, con señores tecnofeudales como Elon Musk. “La coyuntura histórica es suya por ahora y, en consecuencia, la democracia liberal está bajo amenaza”, añade.
En Estados Unidos, la administración Trump ha declarado la guerra a las universidades desde su primer mandato. A nivel estatal, varios estados republicanos han aprobado leyes que limitan la enseñanza de contenidos vinculados a etnia y género. En Florida, por ejemplo, el gobernador Ron DeSantis impulsó en 2022 la ley Stop WOKE Act, que restringe determinados enfoques sobre la discriminación racial y de género. Según la organización PEN America, entre 2021 y 2025 hasta 46 estados aprobaron algún tipo de legislación para censurar y condicionar la enseñanza sobre cuestiones de raza y género.
La extrema derecha europea se mueve en el mismo círculo. En Hungría, el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán prohibió en 2018 los programas de estudios relacionados con cuestiones de género en las universidades públicas. En Alemania, los neonazis de Alternativa para Alemania han presentado diversas iniciativas parlamentarias cuestionando la financiación pública de programas de estudios de género e igualdad que consideran “ideológicos”.
Los medios de comunicación públicos también se han convertido en blanco habitual de sus agitadores y representantes políticos. Las radios y televisiones públicas también son objeto de críticas, presiones y recortes de presupuesto desde sectores políticos conservadores, que continuamente las acusan de estar sesgadas ideológicamente.
En España, RTVE es acusada sistemáticamente de sectarismo y de “imponer una agenda progresista” mediante el tratamiento de temas culturales y sociales por parte de PP y Vox. Sin ir más lejos, el pasado 24 de febrero en la comisión parlamentaria de control a RTVE, el secretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, aseguró que si su partido llegase al gobierno entrarían en la televisión pública con “lanzallamas y motosierras […] Todo el mundo sabe que en RTVE hay sectarismo ideológico de izquierdas y de extrema izquierda […] Les vamos a echar a patadas”.
“Los ataques, tanto de Vox como del PP, son incendiarios. Juegan a eso, a ser incendiarios y a montar mucho ruido, y eso es muy desagradable y perjudicial para la imagen de RTVE”, comenta Pablo Oró, secretario general estatal de la sección sindical de CGT en el ente público. No obstante, Oró opina que, en general, RTVE está muy politizada. “Es un hecho fehaciente que Televisión Española ahora mismo está controlada externamente por Moncloa, y la ley se cambió para que así fuera, e internamente por la mafia sindical”. Se refiere a UGT y al sindicato independiente SI RTVE, que “son los dos que tienen la mayoría y además el poder”.
En esta politización incide también el delegado de personal de CGT en el ente, Jorge Manera. Ambos representantes sindicales relatan que, aunque el mandato marco de la corporación obliga a que la información debe ser en su totalidad de producción propia e interna, en los nuevos formatos bautizados como infotainment (infoentretenimiento), presentadores y colaboradores son personal externo escogido por dichas productoras. “Con el presente marco desregulador [si PP y Vox llegan al poder] no necesitarían cambiar nada para poner a unas productoras en lugar de otras y a unos presentadores en lugar de otros”, concluye Manera.
En Estados Unidos ya hace varios meses que Trump suspendió la financiación a los medios públicos del país, que ahora dependen únicamente de las donaciones privadas. La Orden Ejecutiva que lo materializó llevaba como título: “Fin de los subsidios de los contribuyentes a los medios de comunicación sesgados”.
Viktor Orbán ha optado por el control estatal de los medios públicos bajo el paraguas del Centro de Medios y Comunicación Nacionales (MTVA), una entidad controlada por el Gobierno y que impide la pluralidad. En Hungría, los principales canales de televisión y radio públicos operan con sesgos favorables al Ejecutivo. La fórmula de la intervención directa de los medios públicos es la misma que ha utilizado en Argentina el ultra Javier Milei, cuyo gobierno tiene control directo sobre su gestión.
García Tójar señala dos factores que explican los ataques de las derechas a la educación y los medios de comunicación públicos. En el caso español, uno es “la tradición antiintelectual de la derecha, que viene del siglo XIX”. A nivel global, el profesor señala “una orientación estratégica hacia la ‘guerra cultural’ de la derecha neoconservadora actual”. García Tójar explica que, a ojos de la extrema derecha, está mal visto “todo lo que tenga relación con el conocimiento y la libre expresión, porque en su cultura política siempre lo estuvo”. Por otro lado, apunta que “la nueva extrema derecha gana espacios de visibilidad cuestionando el ‘sentido común’ de las viejas democracias liberales, el espacio ideológico que había entre la democracia cristiana y la socialdemocracia del siglo XX”.
En el caso concreto de la educación y de los medios de comunicación públicos, el profesor los identifica como “símbolos de un orden liberal en el sentido ‘español’ de la palabra [no en la acepción económica de liberalismo]. Enfrentarse a ellos es inventar un enemigo para mantener unidas las filas propias, es decir, una mera estrategia discursiva que en el caso español entronca con una tradición antimoderna bastante profunda”.
Fuente: Ctxt
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