Por Alberto Mesas
Periodista. Master en Estudios Avanzados en Comunicación política.
Bruselas presiona a los países de la región con los fondos europeos y la promesa de adhesión para que contengan la migración. La estrategia de reforzar fronteras ha erosionado los derechos humanos dentro de la Unión
Era el verano de 2025 y estaba amaneciendo. Un grupo de cinco personas migrantes de la llamada Ruta de los Balcanes terminó de abrir un hueco en la valla metálica de la frontera serbia con Hungría, al norte del municipio de Horgoš. Cuando creyeron haber logrado cruzar y avanzaban ya por territorio de la Unión Europea, se dieron cuenta de que varios drones los seguían a distancia. Un rato después apareció la policía húngara, los detuvo, los metió a la fuerza en una furgoneta sin ventanas y fueron conducidos durante horas hasta una antigua fábrica de tabaco reconvertida en 2015 en campamento para refugiados en el valle de Preševo, de nuevo en suelo serbio, a 600 kilómetros al sur de donde habían sido interceptados.
Nadie les pidió identificación, nadie les leyó sus derechos o les explicó por qué estaban detenidos; nadie les preguntó si solicitaban asilo o les ayudó con los trámites para pedirlo. Cada año Info Park, una organización de Belgrado que ofrece apoyo a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Serbia, recoge decenas de testimonios como este, evidenciando que las devoluciones en caliente –ilegales, según la Convención de Ginebra, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos– son una práctica recurrente y habitual en las fronteras comunitarias.
En los días que pasaron en aquel campo de refugiados improvisado, donde conviven miles de personas hacinadas y con acceso limitado a servicios básicos de higiene, los cinco migrantes reunieron unos 600 euros para pagar un taxi de vuelta a la frontera húngara con la intención de intentar cruzar la valla de nuevo.
El laboratorio balcánico
El pasado 26 de marzo, y con los votos a favor de la derecha y la extrema derecha, la Eurocámara aprobó el nuevo Reglamento de Retorno. Unas semanas antes, el 10 de febrero, el Parlamento Europeo relajó los criterios para designar a los llamados “terceros países seguros” fuera de la UE, aquellos que Bruselas entiende que no implican riesgos para los migrantes, que son retenidos allí en centros de detención pagados con dinero comunitario mientras se estudia su petición de asilo.
Estas herramientas, sumadas al Pacto de Migración y Asilo de 2024, conforman una estrategia clara: que pisen suelo comunitario cuantos menos migrantes mejor, y que el proceso administrativo para deportarlos se complete lo más rápidamente posible.
Mientras la UE endurece su política migratoria, los Balcanes Occidentales se convierten en el banco de pruebas de este modelo basado en la externalización de trámites y fronteras. Los Balcanes son, por su situación política y su cercanía geográfica, la región idónea para poner en práctica las nuevas medidas de la UE, en parte porque ya constituyen una ruta migratoria establecida por la que transcurren miles de personas procedentes, sobre todo, de Siria y Afganistán.
Esto significa que para la UE es mucho más eficaz establecer allí centros de detención y deportación en los que encerrar a los migrantes, porque de este modo evita dos cosas: que pisen suelo comunitario y tener que trasladarlos hasta allí. Por otro lado, algunos de estos países –principalmente Serbia, Bosnia y Albania– están en proceso de adhesión a la UE desde hace años, y colaboran sin rechistar en la gestión migratoria siguiendo las directrices de Bruselas para no poner en peligro su futura entrada en el bloque.
A la UE también le beneficia que la logística de su maquinaria de deportación se encuentre en los Balcanes porque la legislación de extranjería allí es mucho más laxa, y está mucho menos expuesta a que se investiguen violaciones de derechos humanos y que esto salpique a instituciones y representantes políticos europeos.
No obstante, esta situación pone en una disyuntiva muy difícil a los países de la región. Al externalizar el control migratorio, la UE les añade una carga extra para gestionar las llegadas. Organizaciones como ACNUR ya han alertado en numerosas ocasiones de la saturación de los centros de acogida, que desemboca en condiciones precarias para las personas migrantes. Y a todo ello se le suma la dimensión política interna. En varios países de la zona, deprimidos demográfica y económicamente, la migración se ha convertido en un tema políticamente sensible, con gobiernos nacionalistas –principalmente en Serbia y en la entidad serbia de Bosnia– que necesitan mostrar dureza ante sus electorados.
Fondos europeos como forma de chantaje
La principal novedad que introduce el nuevo Reglamento de Retorno es que permite a los Estados miembros establecer lo que se han llamado “centros de retorno” –en la práctica centros de detención– en esos terceros países fuera de la UE considerados “seguros”. No importa si los migrantes no tienen ningún vínculo cultural o familiar con esos países. El nuevo texto institucionaliza una práctica que hasta ahora era marginal, y que tiene su precedente más inmediato en el acuerdo firmado entre Meloni y el Gobierno de Albania, paralizado de momento por la justicia italiana.
Las nuevas leyes migratorias de Bruselas van acompañadas de un plan económico que la UE utiliza como palanca de presión para que los terceros países cooperen. En julio de 2025, la Comisión Europea presentó el Plan Financiero Plurianual 2028-2034, con un presupuesto total de casi 2.000 millones de euros. Entre sus partidas figura el fondo Global Europe, que mete en el mismo saco instrumentos de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y apoyo a la preadhesión. Y es aquí donde la UE introduce su palanca de presión. El reglamento del fondo contiene una cláusula de suspensión que otorga a la Comisión Europea la potestad de retirar fondos si uno de los terceros países no coopera en la readmisión de sus nacionales.
En la Cumbre UE-Balcanes Occidentales del 17 de diciembre de 2025, los líderes de la UE fueron muy explícitos exponiendo su postura en la declaración conjunta: “Se necesita más acción por parte de los socios de los Balcanes Occidentales para alinear plenamente su política de visados con la de la UE, combatir el contrabando y fortalecer los sistemas de asilo, acogida y retorno”.
No es casualidad, por tanto, que en la última década –desde el pico de llegadas de migrantes y refugiados en 2015 a causa de la guerra en Siria– la UE haya intensificado la cooperación con Albania, Serbia, Bosnia Herzegovina y Macedonia del Norte en materia de control fronterizo con acuerdos que permiten a Frontex (la policía fronteriza de la UE) operar directamente en el territorio de estos países.
Serbia, el socio útil
Serbia es un país de tránsito obligado para miles de personas que intentan entrar en suelo Schengen desde Turquía-Bulgaria y Grecia-Macedonia del Norte. La UE ha centralizado la gestión migratoria bajo el paraguas del Ministerio del Interior serbio y a través del dinero del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA). Estos fondos han dotado a la policía serbia de drones, cámaras térmicas y todoterrenos para vigilar la frontera con Bulgaria.
Sobre el terreno, la realidad cambia. Entre mayo y agosto de 2025, Info Park documentó que la mayoría de los recién llegados al país ya habían sido devueltos numerosas veces desde Rumanía o Hungría. Aunque la UE se esfuerce en construir alambradas y desplegar policía, las rutas no son estancas, cambian constantemente. Cuando se refuerza la vigilancia en una zona, el flujo de migrantes se desvía a otros puntos más permeables de la frontera.
En Serbia, las devoluciones en caliente desde Hungría son comunes. En ciudades del norte, como Subotica, Sombor o Kikinda, miles de personas se agolpan en asentamientos improvisados en bosques o edificios abandonados, expuestas tanto a las inclemencias del tiempo como a las mafias de traficantes de seres humanos.
El cierre progresivo de centros de acogida –Serbia pasó de 21 en 2022 a tan solo seis en 2025– ha convertido a los que permanecen abiertos, como Krnjača y Obrenovac, en centros de detención encubierta, con restricciones a la libertad de movimiento y presencia policial permanente.
Bosnia, la necesidad de contar para la UE
Bosnia Herzegovina recibe un gran tránsito de migrantes y refugiados en su parte noroccidental, a lo largo de la frontera con Croacia. Por eso la UE ha priorizado al país dentro de su estrategia de externalización. En junio de 2025, la UE y Bosnia firmaron un nuevo acuerdo que permite a Frontex desplegar personal “en cualquier punto de las fronteras del país, incluidas las fronteras con países vecinos no pertenecientes a la UE, así como en los pasos fronterizos, incluidos los aeropuertos”.
Una vez más, reforzar fronteras ha ido en detrimento de los derechos humanos. Como ocurre con las devoluciones en caliente desde Hungría a Serbia, Bosnia se está centrando en dispersar a los migrantes reubicándolos a la fuerza en zonas del interior del país, lejos de los centros de acogida temporales de la frontera con Croacia y de la posibilidad de acceder al procedimiento de asilo en la UE.
Croacia y Hungría, el lado oscuro de la frontera europea
La UE no solo financia atropellos a los derechos humanos y violaciones de las leyes internacionales fuera de su territorio. Dentro del suelo comunitario, en Croacia y Hungría, las agresiones físicas a los migrantes y las devoluciones en caliente son una práctica recurrente, y ONG como Human Right Watch (HRW) o Amnistía Internacional llevan años denunciándolo.
“Las violaciones de derechos en la UE no solo se han normalizado, sino que ahora se han legalizado”, afirma un portavoz de Border Violence Monitoring Network (BVMN), una red de más de diez ONG que documenta violencia policial y expulsiones ilegales en la ruta de los Balcanes.
“El mes pasado, el Parlamento Europeo votó una nueva ley [el Reglamento de Retorno] que legaliza toda una serie de prácticas, desde la detención de menores hasta las deportaciones a cualquier tercer país seguro, que violan sistemáticamente el Derecho de la UE y el Derecho internacional”, añade.
A menudo, la Agencia de Seguridad e Inteligencia croata considera a los solicitantes de asilo como “obstáculos para la seguridad”, y bajo este pretexto, y sin justificación, se rechazan automáticamente miles de solicitudes de asilo.
En 2024, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) documentó que la policía croata quema pertenencias de los migrantes –generalmente teléfonos y pasaportes– para dificultar su identificación y que les resulte prácticamente imposible poder acceder a procedimientos de petición de asilo.
BVMN recoge cientos de testimonios al año que demuestran violencia y violaciones de derechos en la frontera croata con Bosnia. En marzo del año pasado, un joven afgano contó a la red cómo fue detenido y agredido por la policía croata junto a otros migrantes: “Éramos seis. Nos cogieron en el bosque”. Según el testimonio del joven, los agentes no les hicieron preguntas sobre si querían pedir asilo en Croacia, ni les pidieron ningún documento de identificación. “Nos gritaron, nos obligaron a sentarnos en el suelo y empezaron a golpearnos”. Los agentes, añade, les quitaron los teléfonos móviles y el dinero antes de trasladarlos en una furgoneta de vuelta a suelo bosnio.
“Las prioridades establecidas en el Programa del Gobierno croata para el período 2024-2028 reflejan un enfoque principal en la seguridad nacional en lugar de un giro hacia la seguridad humana”, comenta Andrea Jelovčić, responsable de protección y promoción del derecho de asilo y migración en la ONG croata Centre for Peace Studies. Mientras se “asigna una gran cantidad de dinero a equipamiento técnico, infraestructura fronteriza y la mejora de las capacidades de vigilancia electrónica, la protección de las personas sigue siendo una preocupación secundaria”, añade.
Desde otra ONG, No Name Kitchen, que trabaja directamente con víctimas de devoluciones en caliente en Bosnia y Serbia, cuentan que en febrero de este año seis hermanos y hermanas de Afganistán, con tres menores entre ellos, cruzaron a Croacia. El mayor, de 25 años, relató cómo después de andar durante 16 horas en suelo Schengen los interceptó la policía croata, los sacó de la carretera y los obligó a entrar en un bosque. Después los agentes les confiscaron las mochilas, los teléfonos y el dinero, y les realizó un registro corporal a todos, incluyendo a tres niñas menores de edad.
“En este clima frío, cuando un migrante solo tiene una bolsa con ropa seca y abrigada, y la policía se la quita… cuando le quitan el dinero y el teléfono que podría usarse para contactar a la familia o incluso para pedir ayuda en caso de emergencia, ¿qué le queda?”, contó el joven afgano a la ONG. “Y cuando un policía varón registra a niñas menores de edad, ¿entiende ese agente que un registro corporal así puede convertirse en una pesadilla de por vida para esa niña? […] No quiero decir que toda la policía croata sea así; solo hablo de mi experiencia. Pero, ¿cómo pueden los agentes de policía de un país europeo tratar así a menores de edad?”.
Precisamente los menores son los más vulnerables tanto en las rutas migratorias como en los pasos fronterizos. Un informe de Save the Children de noviembre de 2025 refleja que uno de cada siete personas devueltas en caliente desde Croacia a Bosnia es menor de edad, y muchos de ellos no van acompañados por ningún adulto. Estos niños también sufren violencia policial y abandono en campos de refugiados y zonas a la intemperie cercanas a la frontera.
La salud mental es otro de los retos más urgentes e ignorados. “Se trata de personas que han huido de la guerra, el genocidio, la persecución y la tortura, y que con frecuencia sufren nuevos traumas durante sus viajes”, apunta Jelovčić. “Incluso después de alcanzar un lugar seguro y solicitar protección internacional en Croacia o en cualquier otro lugar, muchas de ellas siguen sometidas a procedimientos legales prolongados, a la incertidumbre y a condiciones de vida precarias, a menudo sin la posibilidad de reunirse con sus familias durante años”.
Croacia recibe millones de euros en fondos europeos para gestión migratoria, personal y equipamiento tecnológico de Frontex. La Comisión Europea ha criticado tímidamente las evidencias de violencia y vulneración de derechos, priorizando el discurso del control y la defensa del espacio Schengen sobre la rendición de cuentas. Internamente, el gobierno croata del nacionalista y conservador Andrej Plenković, explota desde hace años la baza de la mano dura contra la inmigración.
En cuanto a Hungría, también utiliza la violencia y las devoluciones en caliente como mecanismo de respuesta habitual en su frontera sur con Serbia. En su informe mundial de 2026, Human Right Watch documenta que el acceso al sistema de asilo húngaro sigue bloqueado por una ley de 2020 que impide a la mayoría de los solicitantes presentar reclamaciones de protección dentro del país. Entre enero y agosto de 2025, las “detenciones y acompañamientos a través de la valla”, como lo llama Frontex, pasaron de 1.830 a 3.092 casos con respecto al año anterior. En junio de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Hungría violó los derechos de miles de solicitantes de asilo al devolverlos en caliente a Serbia sin evaluar sus necesidades individuales de protección. Hungría, además, se enfrenta a una multa diaria de un millón de euros por no pagar una sanción previa de 200 millones impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE.
Fuente: Ctxt
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