Sociólogo.
Los datos brutos ofrecen una fotografía incompleta que, por su simplicidad, se convierte en un argumento político. El factor que mejor explica la delincuencia es la edad; delinquen los adultos jóvenes, aunque cada vez menos
La idea de que los extranjeros delinquen más que los españoles se ha instalado con fuerza en el debate público y en algunas mentes de nuestro país desde la reaparición de la extrema derecha en el panorama político nacional. Sin embargo, diversas investigaciones internacionales, incluidos programas europeos como CORDIS, cuestionan e invalidan la existencia de una relación mecánica entre inmigración y aumento de la criminalidad. El dato bruto en España parece, no obstante, confirmarlo: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 hubo 14,6 condenados por cada 1.000 extranjeros, frente a 5,8 entre españoles. Pero esta comparación directa omite un elemento decisivo: la estructura demográfica de España por edad.
España es un país envejecido. Entre los nacionales, alrededor del 15% son menores de 16 años, el 65% está en edad laboral (16–64), y cerca del 22% supera los 65. La población extranjera presenta un perfil muy distinto: en torno al 18% son menores, el 77% se concentra en edad laboral y solo un 6% tiene más de 65 años. Es decir, cuando comparamos demográficamente a nacionales y extranjeros, hay unos 14 puntos porcentuales más de adultos en edad activa en el segundo grupo, y unos 15 puntos menos de mayores.
Este desequilibrio es clave porque la delincuencia no se distribuye de forma uniforme: se concentra en hombres jóvenes. Si una población tiene muchos más individuos en esas edades, su tasa global tenderá a ser más alta aunque, dentro de cada grupo de edad, el comportamiento sea parecido. La curva edad-delincuencia (“age-crime curve”) es una de las regularidades en ciencias sociales más sólidas del mundo: los jóvenes adultos delinquen más que los mayores en casi todos los países, aunque la edad no sea el único factor explicativo; el género, la pobreza y la exclusión constituyen también factores criminógenos relevantes.
Sea como sea, en España, cuando se corrige estadísticamente el efecto de la edad y se ajustan artificialmente los dos grupos para que sean sociodemográficamente equivalentes (mediante una estandarización por edad), lo que se observa cambia de forma significativa. Si analizamos, por ejemplo, solo la población mayor de 18-40 años, obtenemos tasas de aproximadamente 4 condenados por cada 1.000 españoles y 5 por cada 1.000 extranjeros. La diferencia se reduce así a un rango cercano al 20%.
El mismo patrón aparece al ajustar estadísticamente toda la población por edad. Este ajuste consiste en dividir a españoles y extranjeros en grupos comparables (por ejemplo, 18–24, 25–34, 35–44, etc.), calcular la tasa de condenas dentro de cada tramo y reponderar los resultados como si ambas poblaciones tuviesen la misma estructura de edad. Al hacerlo, la ratio inicial de 2,5 veces se reduce a aproximadamente 1,2.
Este predominio de la edad no es nuevo. Antes del gran aumento de la inmigración, en torno al año 2000, España presentaba ya diferencias muy marcadas entre generaciones: el grupo de 18 a 40 años registraba tasas de 16 condenados por cada 1.000 habitantes, frente a solo 2 entre los mayores de 40. Es decir, ocho veces más. Hoy, esa brecha sigue siendo muy elevada: entre tres y cinco veces más delincuencia en el grupo joven que en el resto de la población. Pero lo interesante es que esta diferencia se ha reducido con el tiempo, en paralelo a los cambios demográficos y al aumento de la inmigración, lo que sugiere a la vez una cierta convergencia en los patrones de criminalidad por edad, pero también diferencias: la delincuencia está hoy relativamente menos extendida en ese grupo que antes de las grandes olas migratorias. Y esto es, precisamente, el dato más contraintuitivo del análisis estadístico.
La comparación es, en efecto, reveladora. Mientras que la diferencia bruta entre extranjeros y españoles puede rondar el doble, la diferencia entre jóvenes y mayores –dentro de una misma sociedad y en una época en la que la inmigración era marginal– ha sido históricamente mucho mayor. Esto indica que la edad es un factor explicativo mucho más potente que la nacionalidad por sí sola. Pero, a la vez, ayuda a entender otra evolución menos evidente de la sociedad española: la reducción de la delincuencia en los grupos jóvenes a lo largo de las últimas décadas. Más allá de la composición demográfica, este descenso puede asociarse probablemente a cambios sociales y económicos acumulados: mayor escolarización y permanencia en el sistema educativo, expansión del empleo formal en periodos clave, mejoras en protección social, urbanismo y prevención, y una profesionalización creciente de los cuerpos de seguridad, que han reducido los niveles de delincuencia incluso dentro de los tramos de edad históricamente más activos.
La conclusión es clara: el dato bruto según el cual los extranjeros cometen más delitos no es falso, pero sí muy incompleto. Precisamente por su simplicidad, este tipo de cifras se convierte en un argumento político de alto impacto: fácil de comunicar, fácil de recordar y difícil de matizar en titulares o redes sociales. Su viralidad refuerza percepciones rápidas que no distinguen entre composición demográfica y comportamiento real, alimentando un debate público basado en comparaciones descontextualizadas. El resultado es una discusión que se desplaza desde el análisis hacia el eslogan, donde los matices estadísticos desaparecen y la complejidad queda reducida a una cifra llamativa, estableciendo de manera engañosa una relación causal entre inmigración y delincuencia. En el debate público, todo ocurre como si ciertos tertulianos o líderes políticos afirmaran, al sostener que “los extranjeros delinquen más que los nacionales”, que los pacientes de un hospital están enfermos por culpa del hospital.
Más que una cuestión de nacionalidad, los datos apuntan, sobre todo, a una mera cuestión demográfica.
Fuente: Ctxt
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