Periodista, analista político y activista medioambiental peruano.
El resultado de las elecciones peruanas responde a leyes electorales que garantizan una mayoría congresal continuista. Pero también muestra un mayor protagonismo de las mayorías de provincias
El resultado de las elecciones en el Perú no debería llamar a sorpresa. Todo ha sido hilvanado cuidadosamente por la mafia congresal para permitir que el fujimorismo, con escasos 14,4% de los votos emitidos, termine acaparando el poder desde una mayoría relativa en un Senado fortalecido y en la Cámara de Diputados. Bien visto, es una derrota política de los herederos de la dictadura de los noventa, aunque en los hechos se hayan salido con la suya.
El competidor de Fujimori será, en principio, el izquierdista castillista Roberto Sánchez, que tendría un potencial importante si logra amalgamar a la oposición antifujimorista.
Tampoco Sánchez ha obtenido una votación arrolladora, apenas el 10,2% de los votos emitidos.
Aunque el recuento todavía no ha finalizado, Sánchez se impone al ultraconservador amigo de Vox, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (9,8% de los votos emitidos), que desde hace semanas, al grito de “fraude”, acomete con toda la agresividad del vencido y la grosería de un imitador de Trump. Aunque ya sin mucho eco.
Sánchez es psicólogo y activista político desde su juventud, y ha crecido aprovechando toda oportunidad para asumir responsabilidades. Fue electo congresista por su partido en las elecciones de 2021, cuando fue elegido presidente Pedro Castillo, que le nombró ministro de Comercio Exterior. En medio de las muchas vacilaciones de Castillo, Sánchez fue el ministro que más tiempo permaneció en el cargo. Luego de la vacancia del presidente de la república, ambos tuvieron un acercamiento, conforme crecía el movimiento de solidaridad con Castillo preso. En 2026, Sánchez se caló el sombrero castillista, e hizo campaña siguiendo la huella de la de 2021. Así, logró su mejor resultado entre las poblaciones rurales, aquellas con menos acceso a los grandes medios de comunicación y a internet, es decir ciudadanos que presentan un mayor arraigo con sus comunidades, su tierra, y sus modos de vida originarios.
El castillismo no es un grupo político con nortes claros; es un sentimiento, una emoción identitaria reivindicativa que solo las izquierdas son capaces de asumir, pues las derechas no lo hacen, por racismo y exclusión centralista centenaria. Lo que es un punto clave.
Sánchez tiene ahora el desafío de convocar a una extensa y heterogénea multitud, más allá de su actual convocatoria, multitud capturada por la lógica del sistema predominante, pero marginada por las élites limeñas de las que se declara rebelde, multitud poblada de múltiples sensibilidades, y que no ha votado por él.
Pero quizá lo más interesante, aunque obviamente no acapare titulares, es que el porcentaje de votos blancos y viciados –considerados nulos para el conteo– obtuvo 16,6%, por encima de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta. Si los votos blancos y nulos fueran una candidatura, disputarían la presidencia.
La derecha grita “fraude”, pero el fraude es suyo
El desenlace que fue prefigurado por las leyes electorales diseñadas por la mafia en el poder para poder quedarse, ya lo hemos explicado en parte. Vamos a completar la idea.
Tras promover múltiples candidaturas –¡36!– para dispersar el voto, el sistema de distribución de porcentaje de votos válidos hizo el resto. Puesto que no se contabilizan votos en blanco ni viciados, esto reduce los votos válidos e incrementa la participación de cada partido beneficiado. Así, el 14,4% de Keiko Fujimori se convirtió en 17.3%, y el 10.2% de Sánchez en 12.2%. Enseguida, hay la valla electoral, muy compleja, que exige 5% para la fórmula presidencial o al menos tres senadores o siete diputados electos para superarla. Así, al dividirse los votos emitidos entre los que superaron la valla, se incrementa más aún el porcentaje entre menos participantes. Finalmente, en el Perú se aplica el sistema D’Hondt para la distribución de asientos en las cámaras, y que está diseñado para favorecer a los más votados bajo el supuesto de impedir la fragmentación entre la representación. Y así, de esta manera, el fujimorismo tendrá mayoría congresal y habrá pasado a segunda vuelta electoral presidencial con la pequeña votación recibida. Es decir que, con ese diseño, no necesitó de mayoría social para controlar el Parlamento, le bastó con sobrevivir mejor que los demás a la fragmentación y a la valla.
Mapas que aclaran cosas
Si uno traduce a imágenes la votación de las últimas elecciones peruanas, puede ver con claridad cómo se expresa un viejo mal del país: el centralismo.
La población total del Perú es de 33 millones de habitantes y el país mide 1,28 millones de km², pero la capital Lima Metropolitana y el vecino puerto del Callao contienen a 11,5 millones de personas en apenas 2.820 km², es decir que un tercio de la población total vive en ese pequeño espacio.
Y ocurre que Lima y Callao concentran entre el 70% y el 80% de la inversión privada nacional (finanzas, comercio, servicios, industria); el restante 20%- 30% va a las regiones, pero sobre todo a minería y proyectos extractivos. El poder se define así: Lima decide, las regiones producen recursos. Colonialidad del poder.
El Estado, por su parte, tiene en Lima a la mayoría de hospitales especializados, las principales universidades, los colegios con mejor infraestructura, es sede del Estado central (ministerios, entes reguladores, sistema de justicia), y es donde más del 50% del empleo formal existe. En un país con 75% de informalidad, ese dato es destacable.
Por contraste, zonas importantes de las regiones fuera de Lima no reciben la más mínima atención, con provincias sin necesidades básicas satisfechas, sin agua potable, sin saneamiento, en muchos lugares sin conectividad ni siquiera telefónica, no hablemos de internet, con el sistema de salud mínimo y precarizado en la atención primaria y hospitales alejados, escolaridad desatendida, educación superior de calidad inaccesible, un sistema de justicia y de seguridad indiferente o, la verdad, muchas veces corrupto. Es el Perú mayoritario del que se habla poco. Pero vota.
Esto, ¿por qué ocurre?
La presencia efectiva del Estado no se distribuye según la ciudadanía, sino según la funcionalidad económica del territorio para la atención del sistema predominantemente exportador de materias primas. Donde hay renta (minera, agroexportadora o logística), el Estado se despliega para viabilizarla. Donde no la hay, la presencia del Estado se vuelve fragmentaria o meramente asistencial. Entonces, la gente migra a Lima.
Todo lo expuesto no expresa tan solo cifras económicas o sociales, sino que son parte además de un orden jerárquico que concentra por un lado, en la cima del poder de decisión, a las élites capitalinas, mayormente blancas, exclusivamente hispanoparlantes, con gran influencia de los modos de Occidente, que es su referente, y por el otro, el resto del país, con gran diversidad lingüística, indígena o mestizo –incluyendo a los que migraron a Lima– en menores posiciones jerárquicas, obligados a un 75% de informalidad para la sobrevivencia, y a los que esas élites ignoran o los asumen como consumidores.
Por eso, el representante de la extrema derecha, López Aliaga, favorito de las élites capitalinas, ha ganado para sí la mayoría de la votación de la capital (mayormente por votos de los sectores medios y medios altos, pero pocos en distritos modestos de origen provinciano, migrante), y obtiene apenas un 6% en el resto del país, en conjunto.
La dictadura sin máscara: el tema aviones en medio del proceso
El Estado peruano acaba de suspender el programa de becas para estudios superiores destinado a jóvenes destacados de bajos recursos porque, afirma, no hay dinero. Al mismo tiempo, ha desembolsado, como si nada, 400 millones de dólares como adelanto al pago de 3.500 millones de dólares por aviones caza F-16, a una empresa norteamericana.
Una evaluación técnica, mantenida en secreto, había desestimado la oferta norteamericana y optado por otra que ofrecía más independencia, además de calidad y efectividad, y a mejor precio. Pero un ex primer ministro, vinculado a la extrema derecha, declaró a inicios de año que se compraría los aviones norteamericanos, no por razones técnicas, económicas o de funcionalidad militar, sino “en función a los cambios geopolíticos liderados por el Gobierno de Estados Unidos”.
Llegado el momento de concretar la compra, ya con el señor José María Balcázar como presidente interino, este se dirigió a la población para decir que esa compra debía ejecutarla el gobierno entrante resultante de las elecciones en curso, y que era mejor usar esos recursos en hospitales, colegios, obras públicas para atender la enorme brecha social.
Todas las élites políticas, económicas, mediáticas se lanzaron contra Balcázar. El embajador de Estados Unidos, con amenazas claras de represalias, se dedicó a hablar no solo a través de los medios, sino a acudir a las oficinas de los ministros, incluyendo la del primer ministro que se encuentra en espacios del palacio presidencial. Ni siquiera preguntó por el presidente.
Y así, sin autorización presidencial, con la venia del Ministerio de Defensa, se firmó el contrato de compra de los aviones F-16. El primer pago por los aviones lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, sin autorización presidencial, y el anuncio del pago lo realizó el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, demostrando, ya sin ocultarse, dónde está el poder que, además, declara su sumisión al predominio norteamericano.
Porque lo que no dice ese oficialismo, ni la prensa a su servicio, es que el avión F-16 es solo una parte del sistema, porque el verdadero costo, y la dependencia, están en el mantenimiento, los repuestos, el software, el entrenamiento y el armamento, cuya atención está condicionada a los intereses de Estados Unidos. Es decir que el F-16 no es solo un avión, es un sistema político-tecnológico que funciona plenamente tan solo si hay alineamiento con Washington. Si ese vínculo se rompe, la operatividad puede degradarse con el tiempo.
Hacia la segunda vuelta
En pleno proceso electoral, tal decisión señala un programa de gobierno. La sumisión a los Estados Unidos significa, también, el mantenimiento del sistema político económico, racista y centralista, dependiente de la exportación de materias primas, y mayor pérdida de soberanía en el territorio. Es la oferta del fujimorismo.
Roberto Sánchez, en ese contexto, ha declarado que su gobierno plantearía la integración en los BRICS. El tema de los aviones no ha caído bien entre un gran sector de la población. Si Sánchez sabe negociar y transigir en los puntos más problemáticos de su programa original, puede ser la oportunidad de lograr, al menos, una convergencia lo suficientemente amplia como para expresar la enorme pluralidad social, cultural, y política del país.
Fuente: Ctxt
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