El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) demanda al Gobierno español que tome medidas para asegurar la liberación inmediata de la periodista Alicia Armesto, detenida en Libia junto con otros nueve activistas del convoy humanitario
Alicia Armesto Núñez, periodista española con tres décadas de trayectoria, es una de las diez personas que permanecen detenidas en Libia desde el pasado 25 de mayo, en manos del Ejército Nacional Libio comandado por el mariscal Jalifa Haftar, según informaba este domingo el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).
Junto con otros nueve activistas de Argentina, Italia, Portugal, EEUU y Polonia, participaban de un convoy humanitario con destino a Gaza y están desde entonces en paradero desconocido, sin defensa jurídica ni garantías de ningún tipo.
Desde este sindicato, en el que la periodista ejerce como secretaria técnica, apuntan a la posibilidad de que hayan sido trasladados a la ciudad de Bengasi, en el noreste del país, pero no hay confirmación de ello.
Con 62 años, Armesto “ha dedicado su vida al periodismo y a la defensa de los derechos humanos”, señalan desde el SPM.
Según recuerdan, también participó en la Flotilla marítima de 2025, donde fue detenida por Israel junto con cientos de activistas internacionales.
Desde esta organización, instan al Gobierno español a “agotar todas las vías diplomáticas disponibles” para garantizar la seguridad de Armesto así como su liberación inmediata. También exigen al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que “extreme su diligencia y ofrezca información transparente” de la situación de la periodista.
Demanda ante la Corte Penal Internacional
Este sábado 30 de mayo, activistas de la Global Sumud Flotilla presentaron testimonios de torturas, maltratos, secuestro y abusos sexuales por parte de Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI). En La Haya (Países Bajos), una delegación de representantes legales, víctimas y personal médico de la Flotilla ha presentado una comunicación oficial a la CPI acusando a comandantes militares y altos dirigentes políticos israelíes de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura y actos relacionados con la ejecución del crimen de genocidio.
Los hechos relatados ocurrieron entre la interceptación “ilegal y violenta” de las embarcaciones a finales de abril y el trato vejatorio y las torturas recibidas ya en territorio israelí que implican tanto a personas de las fuerzas armadas como políticos del gabinete de Benjamin Netanyahu, en especial el ministro ultra Ben Gvir.
Los activistas detenidos describieron una “escalada de violencia abismal” en la segunda intercepción de la Flotilla. Entre las denuncian figura la utilización por las fuerzas israelíes de descargas eléctricas, salas oscuras y condiciones que se asemejan a un “campo de concentración”.
Entre las denuncias, también figura el relato de abusos sexuales, como los recibido por la cineasta australiana Juliet Lamont: “Los soldados israelíes me abofetearon, me patearon, me rompieron el coxis, me agredieron sexualmente… arrancaron mis pantalones y mi ropa interior, me insertaron una mano… a otras personas les insertaron armas dentro”.
Fuente: El Salto
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