Periodista, analista político y activista medioambiental peruano.
La “señora K” ha recibido el apoyo de menos de un tercio de la sociedad, pero algunos movimientos dudosos con el voto extranjero le han permitido ganar las elecciones
En 2001, cuando los peruanos eligieron como presidente a Alejandro Toledo tras una gran movilización social para derrocar a la dictadura más criminal y corrupta de su historia, este prometió desarrollar su gobierno democrático sobre la base de la regularidad macroeconómica de los años noventa: “Edificaremos el segundo piso de la política económica, en democracia”, fue su célebre frase. Toledo inició su gobierno sin cuestionar los vínculos directos entre la política económica y las fuerzas sociales y políticas que ese orden produjo, y abrió así el camino de vuelta a la dictadura.
Es 2026, con mañas y artilugios oscuros, 25 años después, y por una diferencia de votación mínima, la hija del dictador, criminal y ladrón –como fue juzgado y sentenciado en su momento– Alberto Fujimori ha sido elegida presidenta de la república.
No bien se ha consolidado el resultado, varios personajes públicos y de los medios, que durante estos años han jugado el rol de analistas políticos liberales objetivos, han recuperado las garras y las plumas de sus tiempos de ayayeros de la dictadura, y el terruqueo social se suma a las medidas que el congreso mafioso que se va prepara desde ahora –como dar mano libre a la policía, haga lo que haga, con total impunidad– para dar la bienvenida a la “señora K” (apelativo con el que un grupo de jueces y fiscales corruptos conocidos como los “cuellos blancos”, de los que canjean sentencias por favores o dinero, identificaban en sus chats a Keiko Fujimori).
La señora K ha ganado en segunda vuelta a su contendiente Roberto Sánchez, que había obtenido un gran respaldo de fuerzas democráticas y progresistas, por apenas pocos miles de votos (6.000 al momento de redactar este texto) entre 22 millones de electores. Pero es peor, pues ambos contendientes han recibido poco más de 9 millones de votos, ya que un tercio de la población decidió no votar o votar en blanco o viciado. La nueva presidenta tendrá a dos tercios de la población en contra.
Anticipando reacciones, el alcalde de Lima, miembro del seguro aliado partido Renovación Popular –integrante del Foro Madrid– dictó medidas restrictivas para contener las manifestaciones, que ya se están produciendo. Y hay razones. En el ajustado conteo de los votos, Roberto Sánchez llevaba la delantera permanentemente. E incluso dos conteos rápidos –sobre la base de actas ya consolidadas– le daban la victoria. Entonces ocurrió lo de los votos del extranjero.
La dudosa victoria
Desde los tiempos del terrorismo, la inflación y las medidas de shock de Fujimori, muchos peruanos optaron por migrar. Son alrededor de 3,5 millones, de los que alrededor de 400.000 pueden votar en los países en que residen, sobre todo en Estados Unidos, España, Italia, Argentina y Chile.
Hace pocas semanas hubo un cambio repentino de personal diplomático en varias delegaciones consulares de países con población peruana migrante. Enseguida, la mafia del Congreso (digitada por Keiko Fujimori) aprobó muy irregularmente que no se digitalizaran las actas del extranjero, y que los paquetes se llevaran en mano.
El encargo lo manejaría la cancillería controlada por un firme fujimorista. Así, según toda duda razonable que ya está instalada, en pleno control de las actas y los votos habrían hecho lo que estaba previsto: hacer ganar a la señora K con votos del exterior. Para esto habrían contado con el apoyo de las fuerzas armadas, que dependen del ministro de Defensa, otro reconocido fujimorista. En el proceso, sin reclamo alguno, habría habido fallos en la cadena de custodia de los votos –según informan medios como Hildebrandt en sus trece, La República y varios medios alternativos–, lo que habría posibilitado el cambio.
Fueron los votos del extranjero los que dieron la delantera a Fujimori sobre Sánchez, y eventualmente la presidencia. Las denuncias de peruanos del extranjero sobre diversas manipulaciones abundan como nunca antes. Pero Juntos por el Perú no dispone de los casi 700.000 euros necesarios para lograr la impugnación de miles de mesas en el Perú, mientras que el fujimorismo ha centrado su estrategia legal en solicitar la anulación de actas en lugares favorables a Sánchez por presuntas irregularidades, sin problemas con los costos.
La soberanía en cuestión y la represión que comienza
Una victoria frágil y dudosa que el nuevo fujimorato ya se está preparando para sostener. Además de las medidas que facilitan la represión impune por parte de la policía, se dan acuerdos preocupantes como el establecido entre el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para brindar apoyo en territorio peruano dirigido, dixit, a fortalecer la “lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”. Sumado a los 9.000 soldados estadounidenses armados que están distribuidos en todo el territorio nacional, y la construcción de una base naval para Estados Unidos en el puerto del Callao, eso configura una hoja de ruta sometida a los Estados Unidos de Trump como nunca se ha visto en el Perú desde la revolución nacionalista de 1968, presidida por el general Juan Velasco Alvarado.
El general Velasco, que es –encuestas a la vista– el presidente mejor valorado de la historia del Perú, declaraba en una última entrevista en 1977 que antes de que llegara al mando del Estado “¡Aquí mandaba el embajador americano! (Pero) cuando yo era presidente, el embajador tenía que pedir audiencia y yo lo manejaba a seis pasos”. Hoy el embajador de Estados Unidos tiene reuniones de coordinación (¿y vigilancia?) con el Jurado Nacional de Elecciones, en pleno proceso electoral.
Poco a poco, además, los jueces y fiscales de la banda de los ‘cuellos blancos’ son repuestos en sus funciones, incluyendo la fiscalía de la nación, mientras que personalidades como el intachable juez Richard Concepción Carhuancho, que juzgara y enviara a prisión preventiva a Keiko Fujimori en una causa por recepción de contribuciones de dinero irregulares para su campaña electoral –proceso que anuló el Tribunal Constitucional nombrado por la mafia congresal–, ha sido suspendido por cargos que incluyen haber cantado “Triciclo Perú”, una canción muy popular que reivindica al migrante andino, durante un evento de una institución de abogados.
Y el Congreso acaba de aprobar, además, una denuncia ante el Ministerio Público –controlado por los ‘cuellos blancos’– contra el exfiscal José Domingo Pérez, que llevó la acusación contra Keiko Fujimori, y el fiscal Rafael Vela, parte, ambos, del mismo equipo anticorrupción.
También al periodista Gustavo Gorriti, a exfiscales de la nación, a una jueza de esos casos, exprocuradores de justicia, todos funcionarios que actuaron con independencia. Claro, encubriendo la persecución con un listado de acusaciones.
¿Dónde están los votos?
El resultado electoral de la segunda vuelta ha dejado a la vista una fractura territorial idéntica a la que en el Perú se hizo más visible desde 2021. El grueso de la votación para Keiko Fujimori se concentró en Lima y en las regiones de la costa, mientras que Roberto Sánchez –reeditando el fenómeno de Pedro Castillo– arrasó en el interior andino y amazónico, con una fuerza arrolladora en las zonas rurales.
En Lima Metropolitana y las principales urbes costeñas, el fujimorismo se impuso de manera espectacular. Fujimori obtuvo el 63% en la capital frente al 36% de Sánchez, y consolidó victorias cómodas en el norte más urbanizado, como en Lambayeque, donde alcanzó el 58% frente al 41% de su contendiente. En la otra orilla del país, el voto por Sánchez fue masivo e inapelable: Ayacucho le otorgó un 78% frente a un 20% de Fujimori, Cusco un 76% frente a un 24% de Fujimori y la región Amazonas un 61% frente al 39% de Fujimori.
Es precisamente en Amazonas donde se encuentra el caso más llamativo y ejemplar de este fenómeno: la provincia de Condorcanqui. Allí, Roberto Sánchez obtuvo un histórico 84,3% de los votos válidos frente a un magro 15,7% de Keiko Fujimori. Es, sin dudas, la expresión de un consenso territorial unánime.
La lectura convencional de los especialistas interpreta estas distancias abismales como una expresión de protesta o de rechazo frente al centralismo secular que asfixia al interior. Y es verdad. Sin embargo, ese análisis no logra explicar una contradicción: en la misma capital, distritos de la periferia urbana con elevados indicadores de pobreza e informalidad votaron mayoritariamente por el fujimorismo. Como muestra, en San Juan de Lurigancho –el distrito más poblado del país– Fujimori obtuvo el 64,8% frente al 35,2% de Sánchez, y en Villa El Salvador Fujimori se impuso con un 61,2% contra un 38,8% de Sánchez. Si la pobreza y el abandono explicaran el voto, Condorcanqui y San Juan de Lurigancho habrían votado igual. Pero votaron al revés.
El dato ciego para los analistas limeños es la variable que el geógrafo Emilio Romero, un prócer de la intelectualidad peruana, contemporáneo de José Carlos Mariátegui, llamaba “la distancia”, es decir, un aislamiento que no se mide en kilómetros sino en autonomía mental y soberanía informativa. Las regiones que respaldaron a Sánchez en sus zonas rurales son, precisamente, las menos comunicadas, las que menos influencia reciben de los grandes medios masivos y donde internet apenas llega. Son poblaciones cuya única referencia es la radio local, que solo habla de sus realidades inmediatas.
El caso de Condorcanqui es desgarradoramente expresivo de esta desconexión. Se trata de una provincia de población mayoritariamente indígena (Awajún y Wampís) golpeada por crisis humanitarias profundas, que arrastra impunemente más de 500 denuncias de violaciones sexuales a niñas escolares, registra la mayor prevalencia de VIH del país, sus establecimientos de salud son deplorables, la incursión de la minería ilegal devasta sus ríos y bosques y el promedio de inversión privada es un redondo 0%. El Estado solo se asoma a cuentagotas a través del Gobierno regional. En Condorcanqui, el mercado triunfante del que se vanagloria el sistema no existe. Y como la conectividad digital es bajísima, sus habitantes tampoco se enteran de las narrativas que construyen los grandes canales de televisión, la radio o la prensa escrita limeños.
Aquí radica la clave del asunto. Al no estar integradas al circuito del gran capital, estas comunidades quedan también fuera de su circuito de control ideológico y mediático. Su voto por opciones radicalmente ajenas al establishment no brota de la “ignorancia” o de alguna “falta de información” –como suele diagnosticar la prensa capitalina con un indisimulable dejo de racismo–, sino de una estricta autodefensa, afirmación identitaria y soberanía política. Es un voto que nace de las demandas materiales de su realidad inmediata, libre de las deformaciones y los filtros del ecosistema mediático de la capital.
Lo que se viene
Lo más probable es que, con tanto poder acumulado, Fujimori marche adelante con los planes cada vez más privatistas que le imponen las élites que la financian y la presión norteamericana. No podrá cortar lazos con China, que es el mayor socio comercial del Perú, y con enormes inversiones en el país, pero el equilibrio le será difícil.
Fiel a su conducta habitual, buscará desarrollar proyectos que serán apenas paliativos en las zonas donde la rechazan, y usará la fuerza para reprimir toda protesta. Es muy probable que, para enfrentar a las bandas criminales –ya lo dijo, además–, recurra a los mismos métodos que Noboa en Ecuador; es decir, el ejército, y sin duda con el mismo resultado de espiral de violencia que se produce en el vecino país. En general, la receta de todo su proyecto es conocida, la estamos viendo con Kast, Milei, Noboa, etc.
En una caricatura que circula en redes, un personaje le dice a su pareja: “Bueno, al menos pasaremos de tener ocho presidentes en diez años a solo uno en los próximos treinta”. Y sí, probablemente eso está en los planes de la señora K.
Ante eso, la oposición democrática tiene un desafío que deberá asumir, unida, en las próximas elecciones regionales y municipales en noviembre. Estas serán su última posibilidad, en varios años, de afirmarse en espacios de poder efectivo.
Fuente: Ctxt
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