Bruselas.
Los teléfonos dejarían de ser inteligentes, las grandes redes serían inaccesibles y los pagos muy complicados. Pero también afectaría, por ejemplo, a los hospitales, que usan ‘nubes’ estadounidenses
Es de suponer que frente a un mercado de 450 millones de europeos, la Administración Trump no obligará a sus gigantes tecnológicos a negar sus servicios de manera masiva y generalizada.
Es una posibilidad impensable y, sin duda, exagerada. Pero imaginarnos nuestra vida cotidiana sin ellos nos muestra lo indispensables que son.
El ejemplo más gráfico es el estado en el que quedarían nuestros teléfonos. En términos prácticos supondría casi volver a la “edad de piedra del móvil”. Servirían, básicamente, para hablar por teléfono. Dejar de mirar la pantalla del móvil puede resultar beneficioso para la salud mental. Pero ironías aparte, los teléfonos europeos perderían su condición de “inteligentes”. De nuestras pantallas desaparecerían los logos de Gmail, Google calendar, Outlook, iCloud, Google Photos, OneDrive o Google Drive. Se rompería la red invisible que hace que todo esté sincronizado, actualizado y conectado. No podríamos recuperar documentos en la nube, por ejemplo, ni restaurar una copia de seguridad. El GPS de Galileo seguiría proporcionando señal de navegación por satélite, pero quedarían bastantes afectados los mapas, los pagos y la cartera digital; se acabarían las tarjetas de embarque digitales, las notificaciones push, el inicio de sesión o la verificación en dos pasos.
Hay que recordar que Apple y Alphabet están reconocidos en la página Digital Markets Act, de la web de la Comisión como los “guardianes de acceso” a los servicios digitales europeos.
En el capítulo de redes sociales nos quedaríamos sin las principales marcas. Ni Instagram, Facebook, X, WhatsApp, YouTube o LinkedIn, por citar los ejemplos más utilizados. Aquellos que utilicen TikTok, que es un invento chino, podrían seguir interactuando, pero a pedales, porque su instalación, actualización y mantenimiento pasa por el ecosistema digital americano: Google para los móviles Android y Apple para los iPhone.
Las redes menores como Telegram, Signal, Mastodon, Bluesky podrían seguir funcionando mejor que TikTok, pero en algún punto y en mayor o menor medida, todas ellas pasan también por el amigo americano en el teléfono europeo.
¿Y qué pasaría con nuestro dinero depositado en bancos europeos? Sin duda alguna seguiría siendo de nuestra propiedad, no desaparecería, pero se interrumpiría buena parte del servicio que está digitalizado.
Tendríamos que buscar un cajero automático que funcionara, o acudir a la caja física de nuestra sucursal, si queremos disponibilidad de manera inmediata. En este caso, la pesadilla europea comenzaría por no poder acceder a la aplicación del banco desde el móvil. En el mejor de los casos solo mostraría una información parcial.
Las operaciones que dependan de la app móvil, cloud, notificaciones, antifraude, autenticación o proveedores externos podrían degradarse. Y otras se retrasarían, como las transferencias inmediatas. Dependiendo del proveedor de cada banco, podrían llegar a rechazarse también aquellos pagos con tarjeta que el propio sistema de protección no pudiera verificar con los parámetros de seguridad requeridos.
Para evitar depender de Visa y Mastercard, Apple Pay o Google Pay, el Banco Central Europeo (BCE) se propone una primera emisión del euro digital en 2029, si consigue que en este 2026, los 27 den el visto bueno a la legislación que se lo permita.
El euro digital ofrecería una forma de pago pública, genuinamente europea y aceptada en toda la zona euro. Podríamos pagar con el móvil o con tarjeta online y offline y reduciríamos el control tecnológico de proveedores no europeos. Serían nuestros propios bancos los que harían de puente entre nuestras cuentas bancarias y el eurosistema del BCE y los bancos centrales nacionales. Pero hay que correr, porque seguiríamos pagando con móviles y sistemas operativos de proveedores americanos.
La Ley de Chips 2.0 descrita en el Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica, presentada el pasado 3 de junio, persigue reforzar la industria de la UE de semiconductores, crear demanda europea y, por supuesto, reducir dependencias.
Trata de evitar, por ejemplo, que la industria automovilística vuelva a quedar paralizada o ralentizada por no tener chips, como sucedió en la crisis global de semiconductores de 2020 a 2022. Un riesgo que aún no ha desaparecido de la pesadilla europea.
En la cadena de fabricación de microchips, paradójicamente, una de las pocas empresas mundiales a las que se le pueden colocar el cartel de “indispensables”, es la multinacional neerlandesa ASML.
De esta joya de la corona UE dependen los principales proveedores de semiconductores internacionales mayoritariamente asiáticos. Pero ASML no fabrica chips.
Fabrica las máquinas de litografía que permiten montar un microchip capa a capa sobre obleas de silicio. Una virguería de la industria que salva, en parte, la cara de la tecnología Made in Europe.
Sin embargo, la interdependencia tecnológica con Washington no convierte a ASML en completamente autónoma porque una parte de su tecnología crítica se fabrica también en California y en Connecticut… la felicidad nunca es plena.
Otro ejemplo de dependencia en un sector estratégico es el que afecta a las redes de energía europeas. Si se interrumpiera el acceso a datos o servicios cloud podría perderse precisión en funciones importantes como el mantenimiento predictivo, la coordinación de renovables o las herramientas de IA, cada vez más importantes para equilibrar oferta y demanda.
Es cierto que no supondría un apagón generalizado (para eso ya nos valemos solos), pero sí podría reducir la eficiencia y la calidad del servicio.
Similares consecuencias tendrían cortes de suministro en los hospitales europeos dependientes de servicios cloud norteamericanos. Afectaría a la información digitalizada de los pacientes: medicación, citas, historiales, atención hospitalaria, imagen médica o monitorización remota en función de la “arquitectura” digital de cada hospital y de sus planes de seguridad.
ENISA (Agencia Europea de Ciberseguridad) ya lo advierte en su informe de 2021 “Cloud Security for Healthcare Services”.
En este ámbito, una vez más las norteamericanas Microsoft Azure, AWS y Google Cloud, son las más nombradas como proveedores globales de referencia.
Europa frente a EEUU, el dueño del interruptor tecnológico (y II)
Sin alternativa a los gigantes digitales estadounidenses, los ciudadanos europeos estamos expuestos a las represalias de Trump y su poder de apagar, de un día para otro, el acceso a tecnología estratégica
Para explicar la dependencia que tenemos los ciudadanos europeos de los servicios que utilizamos diariamente, el Parlamento Europeo publicó el pasado mes de mayo un vídeo de ficción que describe la pesadilla que supondría la desaparición de la Unión Europea.
El objetivo que persigue el vídeo es mostrar las ventajas que la Unión aporta a nuestra vida cotidiana. Ventajas que damos por hechas y consolidadas gracias a una estructura supranacional, burocrática y política, que aporta un buen puñado de soluciones al afán diario de los europeos. Ciertamente es así.
La semana pasada, la Administración Trump mostró a los europeos el rostro real de otra pesadilla aún peor: nuestra dependencia de la tecnología made in USA que también facilita nuestro afán diario pero que, en última instancia, nos somete a los intereses políticos de Washington. Ciertamente, también es así.
Frente a esta realidad, el vídeo del Parlamento Europeo palidece. Es un juego de niños.
Apenas diez días antes de que la Administración norteamericana prohibiera el acceso a lo último en IA de Anthropic para los “foreign nationals” (nacionales extranjeros), el 3 de junio, la Comisión Europea había presentado el Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica, una iniciativa para reducir las dependencias estratégicas en chips, nube, inteligencia artificial, centros de datos y software abierto, especialmente de Estados Unidos.
El 12 de junio, siguiendo las indicaciones de la Casa Blanca, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, habla con el CEO de Anthropic, Dario Amodei, para informarle de que no puede vender a extranjeros sus nuevos modelos de IA, recién presentados, Mythos 5 y Fable 5.
Por si no había quedado claro, se lo envía también por escrito. Se invocan razones de seguridad nacional y afecta a los no estadounidenses, tanto dentro como fuera del país. Paradójicamente, la orden incluye a los técnicos de Anthropic sin pasaporte USA que han trabajado en el desarrollo de ambos modelos.
Ese mismo día, ante la imposibilidad de discernir de manera inmediata la venta del producto según la nacionalidad del cliente, Anthropic desactiva Fable 5 y Mythos 5 para todo el mundo, incluidos particulares y empresas norteamericanas.
La importancia de ambos modelos de IA reside en sus enormes capacidades. Mythos 5 es lo más avanzado creado hasta el momento por Anthropic. Está destinado solo a las empresas de confianza incluidas en el Project Glasswing, una selección de 150 organizaciones de 15 países que cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por Anthropic, antes de poder acceder a sus modelos de IA más avanzados dedicados a la ciberseguridad. Entre otras características, Mythos 5 es una valiosa herramienta que encuentra y corrige vulnerabilidades graves en software crítico antes de que puedan ser explotadas por atacantes: ciberseguridad avanzada, búsqueda de vulnerabilidades, análisis de código complejo y simulaciones de ataque de varios pasos.
Fable 5 es la versión de Mythos 5, enfocada al público general pero con menos accesos, más filtros y restricciones de uso. Amazon, uno de los mayores inversores y socios estratégicos de Anthropic, considera que Fable 5 podía ser manipulado para esquivar sus propias barreras de seguridad y alcanzar capacidades avanzadas similares a las de Mythos 5. En manos de ciberdelincuentes, Fable 5 podría llegar a desbaratar las barreras de seguridad de sectores estratégicos y Amazon avisó de ello a las autoridades competentes en la materia.
Anthropic considera desproporcionada la medida del gobierno y ha aclarado que los riesgos señalados son estrechos o limitados, no en un fallo general del modelo.
Por otro lado, ya existen en el mercado productos de ciberseguridad asistida por IA con capacidades parcialmente comparables a Mythos 5. Aunque la decisión de Anthropic afecta a todos por igual, nos muestra la enorme vulnerabilidad europea.
Desde el punto de vista político, Washington demuestra tener el “interruptor crítico” en sus manos y el poder de apagar, de un día para otro, el acceso internacional a tecnología estratégica. Un precedente inquietante que no solo se refiere a la IA y que afecta a toda tecnología bajo jurisdicción norteamericana.
No es una exageración afirmar que si las autoridades norteamericanas así lo deciden, bien por una disputa jurídica o con la intención de sancionar a un particular que les caiga mal, puede impedirle el acceso a buena parte de la “vida económica digital”.
No es una probabilidad remota. Exactamente eso es lo que le ocurre al juez de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, el francés Nicolas Guillou desde agosto de 2025.
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro) incluyó al juez en la SDN list por su participación en las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de presuntos crímenes de guerra en Gaza. Tener la desgracia de caer en el saco de la SDN puede complicarte mucho la vida. Amazon, Airbnb, PayPal o Expedia, redes de pago como Visa, Mastercard o American Express, y servicios digitales sujetos a jurisdicción norteamericana han bloqueado a Nicolas Guillou, juez de la CPI. Otras empresas que no están bajo jurisdicción norteamericana también secundan la orden por miedo a las consecuencias. Es la descarnada evidencia de la dependencia que tenemos de la tecnología americana y los posibles efectos que pueden sufrir particulares o instituciones que no se alineen con la política de Trump o, como en este caso, con la de Netanyahu.
Junto a Guillou han corrido igual suerte otros de sus colegas en la Corte Penal Internacional. No son entes abstractos. Son personas que hacen su trabajo y que están siendo castigadas y presionadas dentro del ecosistema de las democracias liberales.
Hay que nombrarlos: Kimberly Prost, Gocha Lordkipanidze, Erdenebalsuren Damdin, Beti Hohler, Nazhat Shameem Khan, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Mame Mandiaye Niang o el propio fiscal jefe de la CPI, el británico Karim Khan, son juezas, jueces y fiscales que sufren, en mayor o menor medida, cancelaciones de tarjetas, cuentas bancarias, servicios de Apple, Amazon, Airbnb, PayPal e iCloud, por recordar algunos de los servicios digitales norteamericanos que Washington puede utilizar como arma política y de coacción.
Este instrumento de represalia tecnológica también se lo han aplicado a la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, a la que la administración Trump acusa de participar en una estrategia de lawfare contra Estados Unidos e Israel. Albanese no pertenece a la CPI, pero los motivos y las consecuencias son las mismas que el caso del juez Guillou.
No se trata solo de un problema operativo sino también jurídico frente al que las protestas europeas, apelando al derecho internacional, poco valor tienen ya. Es la política de los hechos consumados. Sin alternativa europea a los gigantes tecnológicos y financieros estadounidenses y sus infraestructuras digitales estamos expuestos a las represalias políticas.
El Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica trata de superar esas dependencias. La propuesta, que debe ser negociada y adoptada por el Parlamento y por el Consejo, espera que los primeros resultados empiecen a notarse en un proceso que nos llevará al menos hasta 2033. Pero hay que correr.
La sola visión de ver privadas a las empresas punteras europeas de la IA de Anthropic resulta estremecedora porque perderíamos competitividad, velocidad de innovación y las capas más avanzadas de programación o análisis que hay en el mercado. No nos quedamos sin IA, pero sí podríamos quedar definitivamente fuera de la primera división.
La IA europea más avanzada y visible es la desarrollada por la compañía francesa Mistral. Compite con OpenAI, Anthropic o Google, pero con menos capital, chips de última generación y servidores en línea propios (“cloud soberana”). Mistral, sola, no puede competir contra Silicon Valley.
Según su director ejecutivo, Europa tiene dos años para construir su propia infraestructura de inteligencia artificial antes de volverse permanentemente dependiente de los gigantes tecnológicos estadounidenses. El tiempo corre y el margen de actuación se estrecha.
La Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), dentro del Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica, es la que mejor retrata la servidumbre a Estados Unidos.
Tiene como objetivo triplicar la capacidad de centros de datos y cloud bajo control europeo en un tiempo de entre cinco y siete años. CADA podría dar a los 27 socios la codiciada “soberanía” en servicios cloud e Inteligencia Artificial. Actualmente, carecemos de cadenas de servidores propios suficientes. Los datos críticos alojados en nubes extranjeras de redes energéticas, hospitales y bancos europeos no paran de aumentar. Las norteamericanas AWS, Microsoft Azure y Google Cloud son proveedores dominantes en nuestro mercado. El Parlamento Europeo estima que estas tres compañías concentran alrededor del 70% del mercado cloud de la UE, mientras los proveedores europeos se mueven alrededor del 13%. Los riesgos, sin duda, son elevados.
Europa corre (esperamos que con la cabeza sobre cuello y tronco), al ritmo que marca el “amigo americano”. Corremos para rearmarnos porque retira su apoyo militar. Corremos para compensar los aranceles. Corremos para buscar autonomía energética…. ahora corremos para crear lo antes posible una soberanía tecnológica que permita tener en nuestras manos el interruptor de emergencia y no sobre la mesa del Despacho Oval de la Casa Blanca.
Fuente: Ctxt
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