Abogada y activista por los derechos humanos.
Asimilar los conceptos de antisemitismo y antisionismo tiene un objetivo muy concreto: criminalizar la legítima protesta contra el sionismo
El movimiento de solidaridad con Palestina está en el punto de mira de la criminalización en todo el mundo. En el Estado español, cuenta con buena salud y es uno de los más articulados y activos de Europa. Por ahora, la legitimidad social del movimiento está ganando el pulso a la criminalización a pesar de los intentos de entidades como ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) y otros grupos de presión política, mediática y social del nacionalismo sionista.
Estos grupos acusan de manera continuada al movimiento proPalestina de ser racista con las personas e instituciones judías por su crítica a las políticas del Estado de Israel.
Recientemente, ACOM pidió al Gobierno de EEUU que prohibiera la entrada por antisemitas al periodista Guillermo Fesser, al cineasta Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem a raíz de declaraciones que catalogaban la agresión a Palestina de genocidio, exterminio, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica y por exigir al Gobierno de España la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
Esta misma entidad ha denunciado a una concejala de Podemos Illes Balears por compartir la consigna “Palestina libre del río al mar” en el programa “Invierno Rojo” de Canal Red. Estas expresiones constituyen, a juicio de ACOM, una incitación pública a la violencia a la población judía y por tanto un delito de odio antisemita, tipificado en el artículo 510 del Código Penal.
Estos grupos de presión sionistas son los mismos que exigían a las universidades el desmantelamiento de las acampadas solidarias con Palestina. Según ACOM, estas iniciativas encajaban con la definición de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y suscrita por España (IHRA). En esto casos, ACOM consideraba que había judíos que se sentían en peligro por las acampadas, que pedían el cese las agresiones del Estado de Israel en Gaza.
Estas interpretaciones confunden pretendidamente antisionismo y antisemitismo y buscan criminalizar la legítima protesta contra el sionismo.
El antisemitismo es un tipo específico de discriminación étnico-racial basada en prejuicios, hostilidad o violencia contra personas e instituciones judías por el hecho de serlo. Es decir, se trata de odio contra una identidad étnico-racial y no a una posición política. El sionismo, por el contrario, es una opción política y nacionalista que reivindica un Estado de Israel que ocupe todo el territorio histórico de Palestina, concibiendo que el pueblo judío es el legítimo poseedor de este territorio. En base a esta ideología, el Estado de Israel ha desplazado a cientos de miles de personas palestinas desde 1947, ha ocupado sus territorios y desobedecido las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que refrendan la existencia de dos estados, Israel y Palestina.
No todas las personas judías son sionistas y comparten este concepto político nacionalista. Por tanto, la crítica al sionismo y sus acciones es la crítica a una ideología y práctica política independientemente de la etnicidad de las personas que la defiendan. Sin embargo, los sionistas asimilan el antisionismo con el racismo contra las personas judías (antisemitismo). Esto es una paradoja en sí misma, porque concebir que todas las personas judías comparten una misma ideología nacionalista es un estereotipo racista que homogeniza a una población.
El objetivo de ACOM y los sionistas es que estos actos de protestas contra el Estado de Isarel se castiguen penalmente con el agravante de odio antisemita, pero hasta ahora no lo han conseguido. La crítica y la protesta contra las políticas de un Estado están amparadas en España por el derecho fundamental a la libertad de expresión y, por ahora, no existe una jurisprudencia que interprete la crítica al sionismo como antisemitismo. Y estamos vigilantes para que nunca llegue.
Para conseguir la criminalización mediática y judicial de las críticas antisionistas tienen algunos instrumentos que juegan a su favor, como la definición de antisemitismo de la IHRA que permite interpretar que la crítica legítima al sionismo puede ser antisemitismo. La Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) es una organización intergubernamental fundada en 1998, de la que forman parte 34 países, entre ellos España. Tiene como finalidad reforzar, impulsar y promover la educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el Holocausto.
El 26 de mayo de 2016, los países miembros de la IHRA adoptaron una definición práctica, jurídicamente no vinculante, de “antisemitismo”: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.
La definición de antisemitismo de la IHRA incluye una serie de ejemplos prácticos de actos que podrían considerarse antisemitas. Uno de los que especifican es “aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático”. Este ejemplo práctico abre la puerta a etiquetar como antisemita a cualquiera que critique los abusos israelíes.
Hay que tener en cuenta que se trata de una definición de trabajo. No adoptada por ninguna institución internacional, sin embargo, su uso es extendido.
Como advierte el periodista Miquel Ramos, las acusaciones de antisemitismo basadas en la definición de la IHRA han conllevado en los últimos años la cancelación de varias actividades en universidades de Reino Unido y Estados Unidos, la ilegalización de organizaciones y la prohibición de manifestaciones y hasta banderas palestinas en Francia o Alemania. Esta definición errónea de antisemitismo no es sólo un texto, sino que su puesta en práctica está vulnerando el derecho a la libertad de expresión que ampara la crítica a la política del Estado de Israel respecto a Palestina.
Desde 2020, el Gobierno español respalda esta definición de IHRA facilitando por tanto a los grupos de presión sionista su trabajo de criminalización mediática del movimiento de solidaridad con Palestina. Especialmente preocupante es que el Ministerio del Interior del Gobierno de España esté utilizando esta definición de antisemitismo para monitorizar la evolución de los delitos e incidentes de odio contra la población judía.
En los últimos años han puesto en marcha diferentes iniciativas ciudadanas a nivel internacional contra esta definición errónea de antisemitismo.
En abril de 2023, más de cien organizaciones de la sociedad civil internacional iniciaron una campaña que exigía a Naciones Unidas combatir el antisemitismo en línea con las normas internacionales de Derechos Humanos, especialmente salvaguardando el derecho a la libertad de expresión y la legítima protesta contra la política del Estado de Israel.
En el año 2021, cientos de académicos especializados en antisemitismo, estudios sobre el Holocausto, estudios judíos y estudios de Medio Oriente, firmaron la Declaración de Jerusalén sobre antisemitismo.
Esta declaración propone una nueva definición, jurídicamente no vinculante, como alternativa a la Definición de la IHRA: “El antisemitismo es discriminación, prejuicios, hostilidad o violencia contra judíos como judíos (o instituciones judías como judías)”.
La Asociación Acción contra el Odio está llevando a cabo una campaña mediática para que el Gobierno español abandone la definición de la IHRA y se adhiera a otras definiciones de antisemitismo, como la Declaración de Jerusalén, que limita el odio antisemita a la discriminación, prejuicios, hostilidad o violencia contra personas e instituciones judías por el hecho de serlo.
En un contexto de auge del discurso de odio racial necesitamos más que nunca poder ejercer el derecho a la protesta contra el racismo (también el antisemitismo) y la guerra colonial, como la de Israel en Palestina. Necesitamos más que nunca acampadas, boicots, manifestaciones y flotillas humanitarias como las del movimiento de solidaridad con Palestina. Los intentos del nacionalismo sionista de criminalizar estas protestas no sólo atentan contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, si no contra la universalidad misma de los Derechos Humanos que la protesta intenta proteger.
Fuente: Ctxt
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