Periodista independiente centrada en África y Oriente Medio.
En Cisjordania, las mujeres enfrentan un acoso cotidiano por parte de colonos y tropas israelíes. Mientras que Israel suele presentarse como un país avanzado en materia de derechos de las mujeres, la ocupación aplasta la autonomía de las mujeres palestinas y las expone a la violencia
Ser mujer en Palestina implica experimentar la violencia en dos planos paralelos. Por un lado, la violencia ejercida por el Estado israelí, su ejército y los colonos. Por otro, la violencia perpetrada por hombres, ya sean soldados, colonos o maridos. Más allá de las manifestaciones más visibles de la ocupación israelí —ejecuciones arbitrarias, demoliciones de viviendas, confiscación de tierras y desplazamientos forzados—, estas violencias también van desgarrando lentamente el tejido de la sociedad palestina.
Las feministas palestinas y las trabajadoras sociales reconocieron desde hace tiempo el vínculo entre la violencia interna, sostenida por códigos culturales patriarcales, y la violencia externa impuesta por el ejército y los colonos israelíes. Esta relación opera en múltiples niveles y vuelve extraordinariamente difícil el trabajo de las organizaciones feministas. Por un lado, el acoso y los ataques cotidianos que sufren las comunidades de Cisjordania reducen de manera constante la participación de las mujeres en la vida social, empujándolas nuevamente al ámbito doméstico. Por otro, el trauma colectivo y la humillación individual intensifican la violencia interpersonal y el deterioro gradual de los vínculos afectivos. El resultado es que la violencia se transmite desde los poderosos hacia los más vulnerables, con mujeres y niños como principales víctimas.
«Donde la ocupación es más severa, en particular en el Área C [la zona de Cisjordania bajo control total de Israel], en los campos de refugiados o en ciudades como Hebrón que contienen asentamientos, observamos un aumento significativo de la violencia de género y contra niños, en comparación con el Área A», explica Khawla Al Azraq, directora general de la ONG palestina Centro de Asesoramiento Psicosocial para Mujeres (PSCCW). Esto se aplica tanto a la violencia ejercida por las fuerzas de ocupación como a la violencia dentro de las familias. Esta situación ya se verificaba antes del 7 de octubre de 2023: según un informe del PSCCW publicado cuatro semanas antes, cinco mujeres de Hebrón denunciaron que soldados israelíes las desnudaron y las amenazaron con armas y perros delante de sus hijos. Al mismo tiempo, el deterioro de las condiciones de vida contribuye al aumento de los trastornos de estrés postraumático que, en ausencia de un sistema público de atención del trauma psicosocial, suelen derivar en violencia dirigida hacia el interior del hogar, contra miembros de la familia.
«Esta observación no busca en ningún caso justificar a los agresores», subraya Al Azraq. Se trata, más bien, de reconocer la realidad concreta sobre el terreno. «También trabajamos en escuelas y universidades para concientizar sobre los derechos de las mujeres y de los niños, brindamos educación afectiva y cuestionamos la violencia sistémica en los tribunales y hospitales palestinos». Aun así, agrega, «es un hecho que allí donde la ocupación es más dura, especialmente en los campos de refugiados, también aumenta la violencia de género dentro de las familias».
Existen razones concretas para ello. Muchas mujeres palestinas que antes trabajaban y participaban de la vida cotidiana en ciudades y zonas rurales dejaron progresivamente de salir, estudiar o trabajar por temor a violaciones, desnudos forzados o invasiones de su privacidad. «Esto también les impide denunciar abusos o abandonar sus hogares, porque no cuentan con otros espacios seguros ni con empleos que les garanticen independencia económica», explica Al Azraq. Esto restringe aún más la autonomía de las mujeres y las vuelve más vulnerables a la violencia masculina. «En la práctica, la dureza de la ocupación desalienta la resistencia a la violencia doméstica o incluso la idea de que escapar sea posible. Brindamos apoyo psicológico a cientos de mujeres que permanecen en matrimonios violentos por estas razones».
En 2025, la Oficina Central de Estadísticas de Palestina informó que el 19,8 por ciento de las mujeres casadas en Cisjordania declaró haber sufrido al menos una forma de violencia. Esta cifra se considera ampliamente una subestimación: las autoridades palestinas creen que al menos el 46,5 por ciento de las mujeres no denuncia los abusos debido a la falta de servicios de apoyo y alternativas, o por el estigma social. El PSCCW no solo actúa en el plano psicológico —en 2024 llegó a 1.300 personas mediante terapias grupales, a unas 200 mediante terapias individuales y a 194 a través de seguimiento de casos—, sino que también brinda asistencia legal y financiera en los tribunales palestinos y ejerce presión política cuando enfrenta resistencia institucional. «Recientemente acompañamos a una mujer cuyo marido le amputó tres dedos. El hospital se negó a clasificar el hecho como violencia doméstica y la policía se negó a detenerlo», relata Al Azraq. «Solo después de semanas de presión mediática y de correos enviados al Ministerio del Interior de la Autoridad Palestina, el hombre fue finalmente detenido».
Otro objetivo central de la organización es la educación y el empoderamiento de las mujeres a través de la formación profesional, también como una forma de combatir el matrimonio infantil. Aunque esta práctica había disminuido en las últimas décadas, ahora volvió a aumentar. Según informes de Girls Not Brides correspondientes a 2019-2020, el 2 por ciento de las mujeres de entre quince y cuarenta y nueve años se casó antes de los quince años. Desde el 7 de octubre de 2023, sin embargo, «la grave crisis económica, el abandono masivo de escuelas y lugares de trabajo por temor a las fuerzas de ocupación y el hacinamiento de familias numerosas en espacios cada vez más reducidos debido al desplazamiento contribuyeron al aumento del matrimonio infantil», señala Al Azraq. El seguimiento de este fenómeno resulta especialmente difícil, añade, porque muchas de estas uniones ilegales no se registran, a pesar de que el matrimonio antes de los dieciocho años —salvo en casos excepcionales— es ilegal en Palestina.
El PSCCW también trabaja con niños, ofreciendo actividades recreativas para ayudar a procesar el trauma psicológico, programas de apoyo escolar —«en casos en los que el rendimiento se ve limitado por dificultades psicosociales y no cognitivas, alcanzando a 2.297 beneficiarios en 2024»— y campañas de concientización dentro de los comités escolares, centradas en los derechos y las necesidades de la infancia.
Ante la ausencia de una gobernanza capaz de garantizar su protección, las mujeres palestinas se protegen entre sí. Se organizan de manera autónoma y encuentran fuerza en la sororidad. El apoyo de ONGs como el PSCCW se volvió indispensable. «Sin el apoyo psicológico y las sesiones grupales del PSCCW, probablemente hoy estaría muerta», afirma Hala Khalil Abu Saltah. Más allá del confinamiento forzado en el hogar debido a las incursiones del ejército y de los colonos, la imposibilidad de sostener rutinas acordes con las normas culturales contribuyó al aumento de la depresión entre las mujeres. «Tengo un marido violento y estoy en tratamiento por un cáncer metastásico. Antes de encontrar este espacio, me sentía irremediablemente sola, no podía aferrarme a ningún hilo de esperanza», dice.
Abu Saltah nació y creció en el campo de refugiados de Balata, en Nablus, donde la violencia de la ocupación estuvo presente de manera constante desde la primera intifada, a fines de la década de 1980. «Ni siquiera sola en mi habitación encontraba paz. En el campo, las casas están construidas pared con pared; la ventana de mis vecinos da directamente a mi dormitorio. Todo el mundo puede ver y oír lo que hago. Para las mujeres palestinas, la privacidad es fundamental, y me privaron de ella toda mi vida».
El desplazamiento forzado expone aún más a las mujeres a la violencia masculina. «Miles de personas fueron expulsadas de sus hogares en los campos de Yenín y Tulkarem y buscaron refugio en escuelas y edificios gubernamentales», explica Alaa Abu Hashish, integrante del equipo del PSCCW que trabaja en el norte de Cisjordania. «Esto implica miles de mujeres viviendo junto a miles de hombres, sin ninguna garantía para su seguridad». Aunque el objetivo declarado del PSCCW es promover el bienestar psicológico y los derechos socioeconómicos, las condiciones imponen otras tareas: «En estas circunstancias se vuelve casi imposible. Formalmente brindamos apoyo psicosocial, pero en la práctica terminamos haciendo de todo: distribuimos agua, alimentos y medicamentos».
Antes del 7 de octubre de 2023, el PSCCW lograba llegar a todos los distritos en los que se proponía trabajar, en especial a zonas marginadas como el Área C y los campos de refugiados. Desde entonces, sin embargo, el Estado israelí impuso lo que Abu Hashish describe como «un endurecimiento adicional de las restricciones a la libertad de movimiento: cientos de nuevos puestos de control, nuevas limitaciones a la distribución de ayuda y la revocación de los permisos de trabajo de los doscientos mil palestinos que trabajaban dentro de Israel». Como resultado, llegar a las comunidades y responder a las necesidades de las mujeres se volvió cada vez más difícil. «Cuando el ejército entra en Balata —lo que ocurre en promedio una vez por semana—, las mujeres a las que apoyamos no pueden llegar a nuestras oficinas en Nablus para las sesiones grupales. Otras simplemente no pueden pagar el transporte debido a la crisis económica». Concluye: «Incluso si nuestros servicios no son más que un paliativo frente a un problema estructural, estos obstáculos nos impiden siquiera aplicar ese paliativo. La ocupación bloquea nuestra capacidad de abordar los problemas sociales internos, y mucho más los producidos por la propia ocupación».
Fundado en 1997, el PSCCW operó históricamente de manera exclusiva en Cisjordania. Sin embargo, desde el inicio del genocidio, su personal sintió la necesidad de extender su trabajo también a Gaza. «La población femenina allí quedó devastada», explica Al Azraq. «Junto con varias ONG europeas, intentamos organizar la distribución de toallitas sanitarias y facilitar grupos de apoyo psicológico para ayudar a las mujeres a sobrevivir a la vida cotidiana en medio de la muerte y la destrucción». En las ciudades gazatíes de Deir al-Balah y Jan Yunis instalaron carpas para la distribución de medicamentos ginecológicos, «clínicas de belleza» destinadas a restaurar una mínima sensación de normalidad y cuidado personal, y grupos terapéuticos.
Este trabajo en Gaza no recibe financiación formal. «Todo se realiza a través de trabajadoras voluntarias, a quienes apoyamos desde aquí en la medida de lo posible», señala Al Azraq. Otra prioridad es el acceso al agua potable, «un derecho fundamental que en Gaza se niega casi por completo». Concluye: «En la economía política del genocidio, la dignidad de las mujeres es totalmente pisoteada. Más allá de los bombardeos, soportan condiciones tan degradantes que apenas puedo describirlas clínicamente; el trastorno de estrés postraumático no alcanza para nombrarlo». Su feminidad se borra, su privacidad desaparece, el autocuidado se vuelve inaccesible. «Muchas mujeres se rapan la cabeza porque ni siquiera cuentan con las condiciones higiénicas más básicas. No hay agua corriente y miles de personas se ven obligadas a compartir unos pocos baños. Nuestras sesiones grupales les dan apenas la fuerza necesaria para seguir adelante. Pero la violencia infligida a las mujeres en Gaza dejará cicatrices profundas, que se transmitirán de generación en generación».
Fuente: Jacobin
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