Por Sebastiaan Faber
Profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College, Ohio.
Trump tiene al Estado en su punto de mira por la resistencia mostrada contra sus políticas ultraderechistas. Los 15 activistas antifascistas, que se enfrentan a un juicio por terrorismo, son el mejor ejemplo
En agosto de 2024, cuando Tim Walz, el gobernador demócrata de Minnesota, aceptó ser candidato a la vicepresidencia de su país –sumándose como running mate a la campaña de Kamala Harris– seguramente no se le ocurrió que estaba condenando a su Estado a varios años de ataques despiadados de parte del gobierno federal. Pero lo cierto es que a los trumpistas no les cuesta nada odiar Minnesota, que desde el siglo XIX ha sido un bastión de sentido común socialdemócrata, si no de movimientos más radicales.
Así que, cuando tocaba decidir qué centros urbanos se convertirían en laboratorios de la represión antiinmigrante diseñada por el supremacista blanco Stephen Miller, era lógico que, junto con Los Ángeles, Chicago y Nueva York, también se incluyera a Minneapolis –la ciudad que, a principios del siglo XX, fue la cuna de uno de los movimientos obreros más radicales del país; que en 1916 eligió a un alcalde socialista y, en 1931, junto con el resto del Estado, a un gobernador del Partido Campesino y Obrero; donde en 1968 se fundó la mayor organización de derechos civiles de los indígenas norteamericanos (AIM); que en los setenta se convirtió en un centro de las luchas antiguerra y en defensa de la comunidad LGTBQ; que en los ochenta produjo a Prince; y que en 2020, después del asesinato de George Floyd, se erigió como núcleo irradiador de Black Lives Matter–.
Lo distintivo de Minnesota no solo es su historia de activismo progresista, sino lo viva que está hoy la memoria histórica de ese legado.
Para muchos minnesotanos, es una seña de identidad y fuente de orgullo. Fue este mismo sentimiento reivindicativo, junto con la memoria muscular de luchas pasadas, el que se activó cuando, a finales de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió, como ejército de ocupación, a 3.000 agentes del ICE, la agencia encargada de ejecutar las políticas de migración y ciudadanía.
“Las semillas que plantamos hace cinco años hoy están dando fruto”, me dijo Wes Burdine en enero, una semana después del asesinato de Renee Good.
Burdine, que es propietario de un bar futbolístico de perfil queer en Saint Paul, la ciudad gemela de Minneapolis, explicó que, después de la invasión de tropas federales, las estructuras de organización ciudadana que nacieron a la zaga del asesinato de Floyd se volvieron a activar de forma muy orgánica. “En 2020, cuando vivimos una invasión de pandillas de Proud Boys, un grupo militante de extrema derecha, que pretendían destruir nuestra ciudad, forjamos redes comunales –entre vecinos, en los barrios– de protección e información”, contó. “Estas se reactivaron cuando empezaron a llegar los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza”.
Los asesinatos a manos de ICE de Good y, días después, de Alex Pretti, solo sirvieron para endurecer el afán de resistencia entre la ciudadanía y el espíritu de lucha local. La ciudad no es la misma desde entonces. No solo es que los lugares donde se cometieron los crímenes siguen marcados.
También han nacido nuevas prácticas. En junio, el New York Times entrevistó al propietario de un restaurante que, desde enero, ha dejado de cobrar por la comida que sirve y, en su lugar, ofrece la opción de una donación voluntaria. La idea original era evitar el pago de impuestos y así negarle el apoyo a un gobierno federal empeñado en perseguir a sus propios ciudadanos. Pero lo que nació como una protesta puntual se ha convertido en un nuevo modelo de negocio. Aunque casi la mitad de sus huéspedes no paga nada, el restaurante sobrevive sin problemas. Y además, lo hace al margen de lo que su propietario tilda como una “economía fascista”.
En febrero, cuando ICE anunció su retirada de Minneapolis y el despido de su odioso comandante Greg Bovino, los ciudadanos de la ciudad lo celebraron como una victoria. Pero la verdad era que, para entonces, las agencias federales ya habían cambiado de táctica. En lugar de la represión abierta, habían pasado a una vigilancia generalizada –ya anunciada por aquellos agentes del ICE que seguían a las y los activistas a su domicilio o les espetaban que los meterían en “una bonita base de datos”– con el fin de castigar duramente a los ciudadanos que se atrevían a monitorizar sus actividades o alzar su voz en protesta. De la Operación Oleada Metropolitana (Metro Surge) de los 3.000 agentes armados y enmascarados se pasó a la Operación Titiritero (Puppet Master), a cargo de espías, analistas e informantes.
Los detalles de esta segunda operación han tardado algunos meses en salir, pero sus efectos se empezaron a notar en la madrugada del 16 de junio, cuando se produjeron las primeras detenciones, lo que acabaría siendo un grupo de quince personas imputadas. Esa misma tarde, el fiscal federal en Minneapolis, Daniel Rosen, presentó un auto de imputación de 94 páginas que describía como actos criminales lo que a todas luces eran actividades protegidas por la Constitución. “Parece que me han imputado por reunirme con otras personas”, dijo Erik Davis, un catedrático de Religión, especialista en el budismo cambodiano, del prestigioso Macalester College. Concretamente, el auto alegaba que Davis “asistió a una reunión” en que se identificó como “anarquista” y dijo: “En un sentido amplio, seremos antiautoritarios y anticapitalistas”. Como ya ha ocurrido en otros casos, además, las precauciones de las y los activistas –como reunirse sin móviles o usar Signal para comunicarse– se presentan como indicios de criminalidad.
La causa contra los 15 de Minneapolis es tan débil como novedosa. Su base la constituye el memorándum presidencial de seguridad (NSPM-7), publicado en septiembre del año pasado, que calificaba de “terroristas” todo lo que se juntaba “bajo el paraguas del autodenominado ‘antifascismo’” y cuyos “hilos comunes” incluyen el antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo; el apoyo al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos; el extremismo en torno a la migración, la raza y el género; y la hostilidad hacia quienes mantienen las visiones tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad”.
Parece difícil que la causa prospere, también porque los memorándums presidenciales en Estados Unidos, así como las llamadas “órdenes ejecutivas” de la Casa Blanca, no tienen validez jurídica. Aunque se consideran como directrices para las agencias del poder ejecutivo, para el poder judicial es como si no existieran. Eso sí, los equipos de defensa de los 15 imputados no han dudado en exigir acceso a toda la documentación probatoria. El abogado de uno de los investigados tramitó una moción que alegaba “una campaña sin precedentes de parte de DHS para espiar a ciudadanos de Minnesota” y que incluía detalles preocupantes sobre los niveles de vigilancia impuestos.
El Gobierno no solo había intervenido las comunicaciones de las y los activistas, sino que había destacado a agentes de civil para asistir a reuniones ciudadanas en “iglesias, parques, bibliotecas públicas, escuelas y locales sindicales” y “grabar de forma subrepticia docenas de conversaciones con personas comunes que simplemente estaban ejerciendo el derecho, que les confiere la Primera Enmienda, de criticar los embates desenfrenados de ICE en nuestro Estado”. También se han infiltrado en grupos, usando a informantes, para acceder a documentos internos de dos de los mayores sindicatos del país –SEIU y CWA–, además de varias ONGs. En su alegato ante el Gran Jurado (sin cuyo visto bueno una causa no sale adelante), el fiscal presentó una infografía de una supuesta conspiración que incluía a un sindicato de maestros y la propia AFL-CIO, la mayor federación sindical del país, que reúne a 65 sindicatos.
Los equipos de defensa de los 15 están luchando por revelar más detalles sobre la Operación Titiritero, que seguramente contribuirán a debilitar la causa del fiscal. Mientras tanto, parece que alguno de los actos de espionaje, en una iglesia baptista de Minneapolis, en la que la espía fue tan torpe que perdió su grabadora, se realizó en contra de una orden judicial.
A la ciudadanía de Minnesota no le faltan motivos de indignación. Las consecuencias políticas, en este año de elecciones, parecen claras. Las primarias para elegir al candidato demócrata al Senado, celebradas a mediados de agosto, se cerraron con una victoria aplastante (de 20 puntos) de la candidata más izquierdista, Penny Flanagan, la vicegobernadora de Walz, que derrotó a la representante Angie Craig, que contaba con el apoyo del aparato del partido. En las primarias republicanas para gobernador salió derrotado el candidato que contaba con el apoyo del presidente Trump, Mike Lindell, que, en imitación a su ídolo, se ha negado a aceptar los resultados electorales.
Para Wes Burdine, el propietario del bar en St. Paul, las primarias resultaron sintomáticas del estado anímico de las y los minnesotanos. “El único sentimiento que impulsó estas elecciones ha sido la ira por la violencia de la ocupación federal”, escribe en Substack. “Este invierno, mientras me movía por la ciudad para proteger a mis vecinos, me topaba con personas de toda edad, toda experiencia vital –urbanas, suburbanas, exurbanas–, que estaban absolutamente radicalizadas por la violencia insana que estábamos viviendo. Todavía hay mucha gente –incluidos en los medios locales– que sigue sin entender el peso que ha tenido la Ocupación en Minnesota”.
Que ganara Flanagan tiene todo el sentido del mundo, afirma Burdine. “Ha dicho que quiere vengar a Minnesota. Pues a mí me encantaría entregarle la espada personalmente. A esos agentes del ICE los quiero ver encarcelados. Quiero que el ICE se disuelva y que todos sus agentes queden inhabilitados para todo empleo federal. Quiero ver a Bovino, a [Kristi] Noem y a todos sus secuaces en la cárcel. Y quiero reparaciones por el daño económico que han hecho”.
Además de un laboratorio de represión y vigilancia, Minnesota también se está convirtiendo en un laboratorio judicial que está poniendo a prueba el mismo sistema federal de Estados Unidos. En este sentido, hay al menos dos causas activas. En la primera, las autoridades del Estado han imputado a un agente del ICE por disparar a una persona en la pierna y mentir sobre lo ocurrido. Pero el agente está físicamente en Texas, que se ha negado a extraditarlo. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha pedido a un tribunal federal que obligue al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, a extraditar al agente. En la segunda causa, el estado de Minnesota demanda al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando que la Operación Metro Surge violó la Décima Enmienda de la Constitución, que asegura que los poderes no delegados expresamente al gobierno federal quedan reservados a los Estados.
Trump, mientras tanto, hace poco por hacerse querer en Minnesota. Así como ha hecho con California, la Casa Blanca se ha negado a financiar el programa federal de sanidad para personas pobres (Medicaid), alegando que Minnesota es demasiado corrupto. Y cuando, a finales de julio, los sistemas de suministro de agua del estado sufrieron una serie de de ataques cibernéticos (plausiblemente desde Irán), el propio Trump minimizó el asunto, culpando la “incompetencia” de los minnesotanos.
Fuente: Ctxt
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