Por Rory Rowan
Profesor del Trinity College, coautor de On Schmitt and Space y miembro del colectivo Irish friends of Palestine.
En el caso del activista está en juego el propio sistema jurídico internacional, sometido a un ataque sostenido y sistemático por parte del Gobierno estadounidense
James ‘Fergie’ Chambers fue detenido en España el 10 de julio a raíz de unas acusaciones arbitrarias e infundadas formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se le ha denegado la libertad provisional y, durante las primeras semanas de su detención, permaneció sin contacto con su familia. Los cargos figuran en un escrito de acusación mantenido bajo secreto judicial, y no se ha hecho pública ninguna prueba que los sustente. Baltasar Garzón, el abogado especializado en derechos humanos que representa a Chambers, ha calificado el caso de “muy extraño, uno de los más insólitos en los que he trabajado”. También ha descrito la acusación como “bastante débil y difusa”.
Aunque los cargos contra Chambers no se han hecho públicos, según se ha podido saber, el Gobierno estadounidense lo acusa de financiar el terrorismo y presenta su apoyo filantrópico a iniciativas humanitarias y de justicia social como una amenaza para la seguridad nacional del país.
Detener a Chambers por estos motivos constituye una grave injusticia. Su extradición sentaría además un peligroso precedente que socavaría el sistema judicial y el Estado de derecho en España y en toda Europa, y podría conllevar graves vulneraciones tanto de la legislación de la Unión Europea como del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En particular, su extradición a Estados Unidos entrañaría un grave riesgo de denegación flagrante de justicia, contraria al artículo 6 del Convenio.
Esta acusación pretende criminalizar la ayuda humanitaria a Gaza
Chambers ha financiado una labor humanitaria vital en Gaza a través del Sameer Project. Sus donaciones han contribuido a sostener una panadería que produce miles de panes al día, una planta desalinizadora y una clínica médica gratuita. También ha apoyado el Zaynab Project, que ofrece atención psicológica a largo plazo a niños y niñas huérfanos de Gaza.
Gaza se encuentra bajo ocupación israelí ilegal, como reconoció la Corte Internacional de Justicia en su dictamen de julio de 2024, y ha sido escenario de numerosos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ampliamente documentados. En enero de ese mismo año, la Corte consideró que existía un riesgo plausible de genocidio y dictó medidas provisionales de emergencia. Desde entonces, una comisión de investigación de la ONU, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados y numerosos juristas y organizaciones de derechos humanos han concluido que se está cometiendo un genocidio en Gaza. Estados Unidos ha respaldado financiera, militar y diplomáticamente estas vulneraciones del derecho internacional y estos crímenes de lesa humanidad. Y es ese mismo Gobierno el que ahora pretende extraditar a Chambers desde España para juzgarlo por terrorismo debido a su apoyo humanitario a la población de Gaza.
El carácter político de los cargos contra Chambers es innegable. En estas circunstancias, resulta difícil creer que tendría acceso a un proceso judicial abierto y transparente o a un juicio justo.
Facilitar su extradición convertiría a España en cómplice tanto de la vulneración de sus derechos como de los intentos de Estados Unidos por criminalizar y silenciar el movimiento de solidaridad con Palestina en España y en toda Europa. Supondría un precedente sumamente preocupante: España estaría ayudando al Gobierno estadounidense a extender más allá de sus fronteras el debilitamiento de las garantías y los procedimientos jurídicos.
Esta acusación forma parte de una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra la solidaridad internacional
Los cargos contra Chambers y el intento de extraditarlo son solo un ejemplo destacado de una ofensiva más amplia destinada a criminalizar el activismo por la justicia social y la solidaridad internacional, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Esta ofensiva incluye la represión de la disidencia dentro del país y el debilitamiento deliberado de las estructuras del derecho internacional.
La nueva estrategia antiterrorista estadounidense, publicada en mayo, incluye a los “extremistas violentos de izquierdas, entre ellos anarquistas y antifascistas” entre las tres categorías de “grupos terroristas” que amenazan la seguridad nacional del país. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, organizó una conferencia internacional sobre el “terrorismo de extrema izquierda” con representantes de 67 países. En su discurso del 4 de julio, con motivo del 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos, el presidente Trump afirmó que el resurgimiento del “comunismo” constituye la principal amenaza para la seguridad del país. En los últimos meses, el alarmismo en torno a esta supuesta amenaza interna se ha convertido en un eje central de su discurso.
Pero no se trata solo de retórica. Este nuevo énfasis en la supuesta amenaza del “terrorismo de extrema izquierda” y el “comunismo” ya se ha traducido en restricciones de las libertades civiles y los derechos humanos dentro del sistema judicial estadounidense. En junio, ocho activistas fueron condenados a penas de entre 30 y 100 años de prisión por participar en una protesta frente al centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Prairieland, en Texas. Entre otros delitos, se les acusó de “prestar apoyo material a terroristas”. Entre las pruebas presentadas figuraba la impresión de fanzines anarquistas para un club de lectura de izquierdas.
La detención de Fergie Chambers y los intentos de Estados Unidos por extraditarlo encajan claramente en este patrón de criminalización de la disidencia mediante acusaciones arbitrarias de “terrorismo”. Pero también suponen una peligrosa escalada, al trasladar esta forma de represión interna al ámbito internacional. Es fundamental que el Estado español se niegue a ser cómplice de las políticas cada vez más autoritarias del Gobierno estadounidense.
La legislación española prohíbe las extradiciones por motivos políticos y establece claramente que, aun cuando los tribunales declaren procedente una extradición, corresponde al Gobierno decidir en última instancia si la ejecuta. Así se desprende tanto del derecho interno español como de las obligaciones internacionales del Estado en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El carácter secreto de la acusación contra Chambers pone de manifiesto que Estados Unidos y la Administración Trump no están impulsando un proceso judicial sustentado en pruebas o testimonios creíbles. Lo que pretenden es castigar a Chambers por haber financiado iniciativas de apoyo a la población palestina de Gaza y convertirlo en un ejemplo para intimidar a quienes participan en el movimiento de solidaridad con Palestina o en organizaciones políticas de izquierdas en Estados Unidos.
España debe defender el derecho internacional y su propia legislación y rechazar la extradición de Chambers a Estados Unidos
El Gobierno español ha ejercido un importante liderazgo político y moral, tanto en Europa como en el ámbito internacional, al defender los derechos del pueblo palestino y condenar las graves vulneraciones del derecho internacional cometidas por el Estado israelí. Muchas personas en Irlanda y en toda Europa han admirado esta posición. Acceder a la solicitud estadounidense de extradición de Chambers supondría traicionar la respetada postura de España sobre Palestina. Sumarse a la criminalización de la solidaridad con Palestina por parte de Estados Unidos no solo defraudaría, sino que también pondría en peligro a muchas personas en toda Europa. Además, sentaría un peligroso precedente que permitiría utilizar acusaciones de terrorismo fabricadas en Estados Unidos para reprimir la disidencia en otros países y evidenciaría una preocupante extralimitación del poder estadounidense.
La posición del Gobierno español sobre Palestina y su negativa a plegarse a las exigencias de Estados Unidos –entre ellas, elevar al 5 % el gasto militar como miembro de la OTAN– han tensado, sin duda, las relaciones entre ambos países. Estas posturas tienen un coste diplomático, pero la disposición de España a asumirlo es motivo de orgullo y marca un rumbo que debe mantenerse. La alternativa sería permitir la erosión de la democracia, la soberanía, el derecho internacional y los derechos humanos.
En el caso de Fergie Chambers está en juego mucho más que los derechos de una sola persona: está en juego el propio sistema jurídico internacional, sometido a un ataque sostenido y sistemático por parte del Gobierno estadounidense.
Vivimos un periodo de creciente represión, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. El Gobierno estadounidense ha adoptado medidas ilegales y sin precedentes para silenciar y criminalizar al movimiento de solidaridad con Palestina y a otros movimientos contrarios a sus políticas. En el caso de Chambers, está fabricando un relato de financiación del terrorismo para silenciarlo y poner fin a su imprescindible labor filantrópica, frenar la ayuda y la solidaridad mediante el miedo y justificar la represión dentro de sus propias fronteras.
Fuente: Ctxt
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