Por Luis Duno-Gottberg
Académico venezolano, profesor de Estudios Latinoamericanos en Rice University, Houston, Texas.
Una cuota de detenciones fijada por la Casa Blanca, una tarifa diaria por cada cuerpo confinado y un régimen jurídico de excepción. Detrás hay un negocio que cotiza en bolsa y que cobra por cada persona retenida
6:50 AM, una bala en el abdomen
Lorenzo Salgado Araujo tenía cincuenta y dos años, tres hijos nacidos en Estados Unidos y treinta y cinco años viviendo en el país. Nació en Tlatlaya, en el Estado de México, tenía una pequeña empresa de construcción, ningún antecedente penal y había empezado a tramitar un permiso de trabajo. La mañana del 7 de julio de 2026 iba en su furgoneta blanca con tres hombres de su cuadrilla, uno de ellos su hermano, por el East End de Houston. A las siete menos diez, en Canal Street, no muy lejos de donde vivo, un agente de ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, le disparó a través de la ventanilla del acompañante. La bala le entró por el abdomen. Murió en el hospital Ben Taub.
La versión oficial estuvo lista en unas horas: se trataba de una operación selectiva, Salgado Araujo había convertido su vehículo en un arma, había embestido un coche del Gobierno e intentado atropellar a un agente. Los tres hombres que iban con él, detenidos por ICE tras el tiroteo, contaron otra cosa: fueron los vehículos sin distintivos de los agentes los que embistieron la furgoneta antes del disparo. La forense del condado de Harris calificó la muerte de homicidio, término que en ese contexto describe un mecanismo y no una responsabilidad penal.
No hay grabación oficial del disparo. Los agentes no llevaban cámaras corporales, aunque el Congreso había asignado 20 millones de dólares para comprarlas.
Finalmente, el gobierno terminó por desmontar su propia narrativa: funcionarios de ICE confesaron a la congresista Sylvia García que Salgado Araujo no era el objetivo. Los agentes vigilaban a otra persona y siguieron la furgoneta blanca asumiendo que el sospechoso iba dentro, en una confusión guiada por la lógica discriminatoria del perfilamiento racial. Vieron a un individuo que se parecía a su sospechoso y actuaron. Aun así, la agencia continuó defendiendo públicamente que era una acción calculada y selectiva; un operativo de aplicación de la ley dirigido a un objetivo específico.
Johan Sebastián Durán Guerrero tenía veinticinco años, había llegado de Bucaramanga en 2023 y vivía en Biddeford, Maine, con su mujer y su hija de tres años. Según el abogado de la familia, tenía permiso de trabajo y número de la Seguridad Social; ICE lo calificó de “extranjero ilegal”, y los registros judiciales muestran que no tenía orden final de expulsión. Seis días después de lo de Houston, la mañana del 13 de julio, cuando salía de casa en un coche prestado, un agente disparó varias veces contra el parabrisas.
La bala lo alcanzó en la cabeza. El coche siguió dando vueltas lentamente por el cruce durante más de un minuto, hasta que un vehículo del ICE lo empujó contra el bordillo; los agentes lo sacaron y lo esposaron en el suelo. Murió allí. Tampoco era el objetivo. Tampoco había cámaras.
Al día siguiente, 14 de julio, la Administración ordenó al ICE suspender las detenciones en paradas de tráfico “hasta nuevo aviso” y dar a sus agentes formación adicional sobre esas maniobras. El 15 de julio, Trump declaró que el ICE no podía renunciar a ellas. Esa misma tarde los agentes volvieron a la calle con permiso para detener vehículos, antes de que nadie recibiera la formación tan necesaria como prometida.
En ambos casos, el muerto no era el sospechoso solicitado. En los dos, el agente trabajaba para cubrir una cuota fijada desde el centro político del Estado; un número que se reparte entre oficinas de campo y que termina facturándose, persona por persona y jornada por jornada, a empresas que cotizan en bolsa. Cuando la maquinaria produjo dos cadáveres en una semana y alguien intentó frenarla, la orden de seguir llegó desde arriba. La máquina xenófoba no se detiene y exige cuerpos. Lo que sigue intenta reconstruir esa cadena de un extremo al otro, y termina en una pregunta que casi nadie formula: qué ocurrirá cuando a una capacidad de encierro construida a gran escala empiecen a faltarle extranjeros.
El agente
Empecemos por el eslabón más visible. El ICE no identificó al agente que mató a Durán Guerrero; lo hizo el Portland Press Herald, después de hablar con familiares a los que él mismo había contado lo ocurrido, entre ellos una exesposa a la que pidió que mintiera por él. La agencia lo confirmó días más tarde ante el senador Ed Markey. Se llama David Brouillette, tiene treinta y siete años y entró en el ICE en noviembre de 2025, en plena campaña de contratación, atraído, según reconstruyó Mother Jones, por la prima de incorporación de 50.000 dólares.
En dos semanas se acumuló sobre él una documentación considerable. Sus dos exparejas describieron años de violencia doméstica que constan en cientos de páginas de los tribunales de familia; en 2021 perdió temporalmente el acceso a sus armas por una de esas causas. Un familiar habló de problemas de salud mental. El propio Brouillette había declarado en una demanda que una lesión craneal sufrida en 2021 le había dejado déficits cognitivos. En octubre de 2025, un tribunal de Maine declaró que su testimonio en un pleito por la pensión alimenticia de su hija no era creíble; un mes después, el ICE lo contrató. Antes, el departamento de policía de Hallowell lo había rechazado varias veces: nunca completó la formación exigida y, según un empleado del departamento, su historial tenía “demasiadas señales de alarma”.
El ICE respondió que el agente sumaba casi una década de experiencia en fuerzas del orden federales, y es cierto: fue funcionario de prisiones y policía del sistema de hospitales de veteranos. El historial, por tanto, existía y estaba a la vista de cualquiera que lo buscara. Un pequeño cuerpo de policía municipal lo había leído y lo había rechazado como funcionario. ¿el ICE no lo leyó, o lo leyó y no le importó?
No es un descuido. Basta considerar la escala de la operación para entenderlo. Se trata de un diseño. En enero de 2026 el gobierno anunció haber incorporado a 12.000 personas en menos de un año –agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo– y haber pasado de 10.000 a 22.000 efectivos. Un crecimiento del 120 %. Expertos policiales, entre ellos un antiguo comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, han dicho públicamente que un proceso de selección normal habría detectado las señales de alarma de un candidato como Brouillette. Se contrata a ese ritmo cuando lo que se espera de la plantilla laboral es volumen: una economía de escala dedicada a la persecución y el terror.
El verbo oficial
Antes de las cuotas, hizo falta un vocabulario. El 20 de enero de 2025 el presidente Donald Trump firmó los decretos Protecting the American People Against Invasion y Securing Our Borders, junto con dos proclamas que califican la inmigración de invasión. La que declara la emergencia nacional en la frontera sur incluye entre las amenazas a varones en edad militar procedentes de adversarios extranjeros y afirma que la soberanía del país está bajo ataque.
Este lenguaje combina tres registros que rara vez coexisten. El biológico recurre a términos como “infestación” y “contaminación”, en sintonía con la acusación de Donald Trump en 2023 de que los inmigrantes “envenenan la sangre” del país. Su propósito es anular cualquier obligación moral: ante una plaga no se debaten derechos, se fumiga. El militar legitima el uso de la fuerza y activa prerrogativas propias de un conflicto bélico, como sucede cuando se invoca la Ley de Emergencias Nacionales. Por último, el meteorológico, que habla de “oleadas” y “avalanchas”, resulta el más eficaz porque aparenta ser una simple descripción neutral o acaso una metáfora pretendidamente poética: ante una riada, a nadie se le ocurre preguntar qué impulsó el avance de cada gota.
Lo inquietante no es solo que estas metáforas existan, sino la naturalidad con la que han pasado de los márgenes al centro del debate público. Lo que antes se habría considerado una provocación inaceptable hoy se repite en mítines, titulares y tertulias hasta volverse parte del vocabulario común. Así opera el lenguaje del odio: no necesita gritar para imponerse, le basta con normalizarse. Cada repetición desplaza un poco más el límite de lo decible, y lo que ayer escandalizaba mañana apenas se percibe. Cuando una sociedad se acostumbra a hablar de personas como si fueran plagas, enemigos o fenómenos naturales, deja de verlas como sujetos con historia, motivos y dignidad. Y una vez consumada esa deshumanización en las palabras, el camino hacia la crueldad en los hechos resulta mucho más corto.
Aritmética de la cuota
El 24 de enero de 2026, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, había 70.766 personas bajo custodia del ICE, la cifra más alta desde que existen registros públicos. De ellas, 52.504, el 74,2 %, no tenía ninguna condena penal.
Ese porcentaje tiene un origen identificable. A finales de enero de 2025 la Casa Blanca fijó al ICE un objetivo de entre 1.200 y 1.500 detenciones diarias. En mayo llegó la escalada. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria de Trump desde el primer mandato, convocó en Washington a los mandos del ICE. Según contaron después asistentes a varios medios, les reprochó que se concentraran en delincuentes y les preguntó por qué no estaban en los Home Depot y los 7-Eleven. Por esas semanas anunció en televisión el objetivo de 3.000 detenciones diarias. A comienzos de junio, agentes federales irrumpían en el aparcamiento de un Home Depot de Westlake, en Los Ángeles, para perseguir a jornaleros.
Lo que Miller reprochaba era que el ICE buscara a personas con antecedentes, es decir, al grupo que la retórica oficial invoca para justificar toda la campaña. Ese grupo es pequeño y caro de perseguir, porque exige investigación previa. El aparcamiento de un Home Depot no cuesta nada y se ve desde la calle. Leída así, la instrucción equivalía a dejar de buscar delincuentes.
La cuota nunca se cumplió. Las detenciones diarias rozaron las 2.000 a comienzos de junio de 2025 y volvieron a caer hacia las mil pocas semanas después, y el Departamento de Justicia llegó a negar ante el Noveno Circuito [un tribunal de apelación] que existiera cuota alguna. Pero el efecto de una cuota no depende de que se alcance, sino de a quién se detiene mientras se persigue. Las personas detenidas sin condena ni cargo pendiente pasaron de alrededor del 22 % a comienzos de 2025 a cerca del 40 % en otoño. Según Austin Kocher, el 92 % del crecimiento de la población internada entre septiembre de 2025 y enero de 2026 correspondió a personas sin condena. Un equipo de economistas de la Universidad de Colorado en Boulder ha medido la relación: cuando suben las detenciones, cae el porcentaje de detenidos con antecedentes.
Es decir, cuanto más agresiva es la campaña, menos delincuentes hay entre los detenidos. Quien sostenga que el objetivo son los criminales tendrá que explicar por qué el único indicador que baja cuando la operación se acelera es precisamente ese.
El mecanismo no requiere mala fe ni una orden explícita. Cuando se exige un volumen creciente sin medios para producirlo mediante investigación, la presión empuja hacia lo más fácil de encontrar: el encuentro fortuito en la calle, la parada porque alguien “se parece al objetivo”, el pasajero que iba al lado. Los incentivos premian el volumen y ninguno castiga la detención infundada.
El dinero llegó después y consolidó todo lo anterior. El 4 de julio de 2025 el presidente firmó una ley presupuestaria que destinó 170.700 millones de dólares al control migratorio y fronterizo hasta 2029; unos 75.000 millones fueron al ICE, 45.000 de ellos para capacidad de internamiento. Las detenciones mensuales, que rondaban las 8.000 antes de la toma de posesión, superaron las 40.000 en diciembre de 2025.
Luego vino Mineápolis. La operación Metro Surge llevó hasta 3.000 agentes federales a las Ciudades Gemelas y dejó dos ciudadanos estadounidenses muertos en enero de 2026, casos a los que volveré. Tras semanas de protestas masivas, el 12 de febrero el “zar de la frontera”, Tom Homan, anunció el final de la operación y el traslado de los agentes a otras partes del país. Ese mes las detenciones cayeron a 29.241, y se quedaron estancadas durante la primavera. En marzo, Markwayne Mullin sustituyó a Kristi Noem al frente de Seguridad Nacional con la promesa de sacar al ICE de los titulares.
Lo consiguió a medias. Las detenciones volvieron a subir en verano: 43.021 en junio y 49.571 en julio, un 70 % más que en febrero y el mes más alto del segundo mandato, según los registros que el ICE entregó al Deportation Data Project de Berkeley y la UCLA. Son unas 1.600 al día. Pero ya no salían sobre todo de redadas televisadas. Según el propio proyecto y la agencia AP, salían de aeropuertos, de las citas de control en oficinas deL ICE y de los juzgados de inmigración; del primer contingente de haitianos a los que se acababa de retirar el estatus de protección temporal, y de policías estatales y locales con acuerdos de colaboración, que en julio aportaron unas 6.500 detenciones. Texas y Florida sumaron casi 20.000.
De esa curva se deducen dos cosas. La presión pública funciona: Mineápolis costó una operación entera y más de una cuarta parte de las detenciones mensuales. Pero lo que se canceló fue una operación, no una capacidad represiva. Los agentes se redistribuyeron, el método se volvió menos visible y, cuando la atención se desplazó, el volumen superó el punto de partida. Una advertencia de método: las cifras de detenciones y las de población internada son series distintas. Apuntan en la misma dirección, pero no miden lo mismo.
Es un negocio
Y lo es en el sentido más literal del término. Las cifras se conocen porque las empresas cotizadas en bolsa están obligadas a publicarlas. En el segundo trimestre de 2026 CoreCivic, el mayor propietario de centros de internamiento privados del país, facturó 684,9 millones de dólares, un 27,3 % más que un año antes, gracias a la reactivación de cinco centros que estaban vacíos. Sus ingresos procedentes del ICE crecieron un 51,6 %. La población bajo contrato con el ICE en sus centros aumentó un 59,6 % desde comienzos de 2025 hasta alcanzar 16.197 personas el 30 de junio de 2026.
La métrica que la empresa usa para explicarse ante sus accionistas es el ingreso por día-persona compensado: lo que factura por cada interno y cada jornada. En el segundo trimestre de 2026 llegó a 119,88 dólares, un 12,6 % más que un año antes, por subidas de tarifa en muchos de sus centros. Multiplicada esa media por las 16.197 personas bajo contrato con el ICE, el resultado ronda los 1,9 millones de dólares al día. La media incluye otros contratos, así que la cifra sirve como orden de magnitud y no como factura. Cada detención que Miller exigía es, al otro lado del contrato, una línea de ingreso pagada con dinero público.
La estructura de esos contratos importa. Muchos combinan un pago mensual fijo, que el Estado abona haya o no internos, con una tarifa diaria adicional por cada persona. El pago fijo garantiza que la capacidad se cobra aunque esté vacía; la tarifa diaria premia llenarla. Para la empresa, la cama ocupada es margen. Para el Estado, la cama vacía es dinero ya gastado sin rendimiento. Ninguna de las dos partes tiene un incentivo contable para vaciar el sistema. Una pasión política se agota sola; un contrato así se renueva.
Después llegó la venta. El 2 de julio de 2026 CoreCivic traspasó al Departamento de Seguridad Nacional sus centros de California City (2.560 plazas) y Otay Mesa (1.994). El 3 de agosto el ICE le adjudicó un contrato de cinco años para reactivar la prisión de Prairie, en Appleton (Minnesota), de 1.600 plazas; al día siguiente la empresa vendió ese mismo edificio al gobierno federal por 495,6 millones, junto con el centro de Leavenworth (Kansas), de 1.033 plazas, por 238,4. Las cuatro operaciones suman 2.200 millones brutos por algo más de siete mil plazas, unos 307.000 dólares por plaza, con una plusvalía contable de unos 1.800 millones y unos ingresos netos de 1.600 tras impuestos. CoreCivic sigue gestionando los cuatro centros: California City hasta agosto de 2027, Leavenworth hasta septiembre de 2027, Otay Mesa hasta diciembre de 2029, con opción a cinco años más, y Prairie hasta agosto de 2031. El consejo amplió en 500 millones el programa de recompra de acciones. La empresa conserva 61 centros en propiedad o arrendamiento a largo plazo, con unas 67.000 plazas, y ha reconocido que negocia con ICE la venta de otros.
La secuencia de Appleton merece atención. La prisión llevaba vacía desde 2010. Primero llegó el contrato que le daba uso y, un día después, la escritura: el activo se revalorizó y cambió de manos casi en la misma jornada. Leavenworth deja otra lección. El ayuntamiento había pleiteado contra la reapertura del centro sin permiso municipal, en un litigio en el que el Departamento de Justicia llegó a acusar a la ciudad de violar la supremacía federal, y en marzo de 2026 terminó autorizándola a cambio de un pago inicial de un millón de dólares, 400.000 anuales y ciertos compromisos de supervisión. Cinco meses después, el inmueble era propiedad federal y la ciudad se enteró esa misma mañana por la propia empresa. Sus concejales no saben hoy qué queda de aquel acuerdo.
Lo decisivo de estas ventas no es la prima pagada, sino que el internamiento pasa a manos del Estado después de haberse incubado en el sector privado, y eso es peor que la privatización. La subcontratación sirvió como fase de desarrollo: demostró que se podía confinar a gran escala lejos del escrutinio público, cargó el coste reputacional en balances ajenos y levantó la capacidad física. Hecha la prueba, el Estado compra el edificio y retiene al operador como gestor. La opacidad del secreto comercial da paso a la de la seguridad nacional, bastante más difícil de impugnar. Y desaparece el único mecanismo de desmantelamiento que existía para esos edificios, que era no renovar un contrato de alquiler.
Nada de esto describe una máquina infalible, y el matiz importa para no sobrestimar al adversario. El beneficio neto de CoreCivic en aquel trimestre bajó un 3,6 %, hasta 37,1 millones, por el encarecimiento de la deuda y la ausencia de unos créditos fiscales del año anterior. Bloomberg informó en febrero de 2026 de que GEO Group, el otro gran contratista, estaba a punto de perder toda la revalorización bursátil acumulada tras la victoria electoral de 2024. El negocio es rentable y, a la vez, volátil. Pero sería un error tranquilizarse con esa volatilidad. Una acción se desploma en una tarde; un edificio de mil seiscientas plazas en manos federales dura décadas.
Los que caen y los que corren
Ruben Ray Martinez tenía veintitrés años, era ciudadano estadounidense, trabajaba en un almacén de Amazon y estaba en South Padre Island celebrando su cumpleaños. De madrugada, el 15 de marzo de 2025, se acercó con su coche a un control donde agentes de varias agencias dirigían el tráfico tras un accidente. Recibió órdenes contradictorias. Un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, la rama investigadora del ICE, disparó tres veces contra el coche, que en el vídeo, según los congresistas que luego pidieron investigar el caso, parece detenido o avanzando muy despacio. Martínez murió. Durante casi un año nadie supo que el disparo había salido del ICE, hasta que American Oversight obtuvo documentación interna en febrero de 2026.
Seguridad Nacional sostuvo que Martínez había atropellado deliberadamente a un agente. Las imágenes de cámaras corporales difundidas después no lo muestran, aunque tampoco prueban con claridad lo contrario. Su pasajero y amigo de la infancia, Joshua Orta, dejó por escrito, en un borrador de declaración jurada, que el coche no golpeó a nadie. Orta murió en un accidente de tráfico en San Antonio pocos días antes de que un gran jurado del condado de Cameron decidiera no presentar cargos. Los abogados de la familia dicen no saber si el jurado conoció su versión.
Renée Nicole Macklin Good y Alex Pretti, ambos de treinta y siete años y ciudadanos estadounidenses, murieron en Mineápolis con diecisiete días de diferencia, durante Metro Surge. El Star Tribune reconstruyó el primer caso y la minoría demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara dedicó un informe a lo ocurrido en Minnesota. La mañana del 7 de enero, Good tenía el coche bloqueado en una calle residencial donde los agentes iban puerta por puerta. Uno le ordenó salir y agarró la manija de la puerta; ella dio marcha atrás, avanzó girando y el agente Jonathan Ross le disparó a quemarropa. Todo duró unos cuarenta segundos. Seguridad Nacional dijo que había intentado embestir a los agentes.
Pretti, enfermero de cuidados intensivos en el hospital de veteranos de Mineápolis, filmaba a los agentes el 24 de enero. Varios agentes de la Patrulla Fronteriza lo tiraron al suelo y le dispararon al menos diez veces en cinco segundos. Seguridad Nacional afirmó que iba armado. Según los análisis de vídeo de CNN y The New York Times, un agente le había retirado una pistola segundos antes de los disparos, y lo que Pretti sostenía en la mano era un teléfono. A Pretti no lo mató el ICE, sino funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza, a dos de los cuales identificó ProPublica cuando el departamento se negaba a hacerlo. La distinción importa: el patrón es de todo el aparato represivo, no de una agencia descarriada.
Juan Jairo Coronilla Durán no recibió ningún disparo. Tenía veintiocho años, dos hijos y era de San Luis de la Paz, Guanajuato. Según su mujer y funcionarios mexicanos, había entrado con visado de turista, llevaba tres semanas visitando a familiares en Georgia y dos días en la costa de Florida, y tenía comprado el vuelo de vuelta. El 14 de julio de 2026, antes de las siete de la mañana, el coche en el que iba con otras tres personas se detuvo en una gasolinera de San Agustín. Cuando se acercaron agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional, los cuatro echaron a correr. Coronilla Durán intentó cruzar la carretera estatal 16, resbaló en la mediana y fue arrollado por un camión. Seguridad Nacional no ha aclarado si su visado era válido.
Si lo era, corrió igual que los demás, porque la situación migratoria no se lee en la cara de nadie y porque a esas alturas nadie en la calle espera que el agente distinga entre quien tiene papeles y quien no. Lo que cuenta en ese momento es el aspecto, el barrio, el vehículo, la hora. Los papeles se comprueban después.
La objeción de la fuerza letal
Todo Estado aplica su legislación migratoria. Aplicarla podría conducir a encuentros forzosos que, a veces, terminan en muertes. Por otro lado, la policía estadounidense mata a alrededor de mil personas al año; muchas de ellas en controles de tráfico. Los muertos del ICE podrían no ser más que la tasa habitual de la coacción policial, aplicada a una agencia que ahora detiene a mucha más gente. El departamento alega defensa propia en cada caso y una parte de los detenidos sí tiene antecedentes penales. Vista así, una acumulación de casos como la anterior parecería alarmismo ante un “fenómeno corriente”.
La objeción podría parecer legítima; pero hacen falta números. Según los congresistas Robert García y Greg Casar, Martínez fue una de las veintitrés personas tiroteadas por personal de Seguridad Nacional en catorce meses. El recuento independiente de The Trace documentaba, a comienzos de enero de 2026, al menos catorce episodios desde junio de 2025, en los que agentes del ICE o de CBP dispararon contra civiles, sin contar aún a Pretti ni las muertes de julio. Pero estas cifras no pueden compararse sin más con las de una fuerza policial de más de ochocientos mil agentes. Quien quiera demostrar que el ICE es más letal que la media tendrá que construir el denominador, y nadie ha podido hacerlo con solvencia porque el departamento dejó de publicar buena parte de sus datos operativos. Esa opacidad también forma parte de lo que se juzga.
En el procedimiento, en cambio, la diferencia no es de grado, sino de naturaleza. Ningún departamento municipal recibe cuotas de detenciones desde la Casa Blanca, ni ve cómo el presidente revoca en veinticuatro horas la suspensión de una táctica que acaba de costar dos vidas. Ninguno contrata a doce mil personas en un año con un filtro tan laxo que admite a candidatos que un pequeño cuerpo local ya había rechazado. Pocos patrullan sin cámaras después de haber recibido fondos para comprarlas, e ICE ha dispuesto que solo difundirá sus grabaciones cuando convenga a los intereses de la agencia. Y cuando un fiscal local intenta actuar, choca contra un muro. En Houston, Seguridad Nacional se niega a entregar las pruebas. En Mineápolis, la fiscal del condado de Hennepin ha imputado en 2026 a dos agentes federales de inmigración, pero el gobernador de Texas se negó durante meses a extraditar a uno de ellos, y la Casa Blanca sostiene que esos agentes gozan ante los tribunales estatales de una inmunidad que la ley no les reconoce en esos términos.
Queda una última diferencia, y por sí sola sería suficiente: ninguna policía municipal cobra una tarifa diaria por cada persona que retiene. Una ciudad no gana dinero llenando sus calabozos. En este sistema, los contratistas privados que gestionan la detención sí.
La excepción se construyó
Mucho de lo que se ha escrito sobre estos meses habla de un “estado de excepción”. Hay quien lo trata como algo nuevo, surgido de golpe, y hay quien lo remonta a más de un siglo atrás. Las dos lecturas llevan al mismo sitio. Si la excepción apareció de la nada, nadie la preparó; si la heredamos del siglo XIX, nadie de los que hoy gobiernan la eligió. En ambos casos se pierde de vista a quiénes la hicieron hoy posible.
La lectura del origen antiguo empieza en 1889, con Chae Chan Ping contra Estados Unidos. Chae Chan Ping era un trabajador chino que vivía en San Francisco desde 1875. En 1887 viajó a China con un certificado del Gobierno que le aseguraba el derecho a volver. En octubre de 1888, cuando ya navegaba de regreso, el Congreso aprobó una ley que anulaba esos certificados, y al llegar al puerto no lo dejaron desembarcar. El Tribunal Supremo falló a favor del Gobierno. Según la sentencia, decidir qué extranjeros entran en el país es un poder propio de toda nación soberana, y su ejercicio corresponde al Congreso y al presidente, no a los jueces. En 1893, en Fong Yue Ting, el Tribunal aplicó el mismo razonamiento a trabajadores chinos que ya residían en Estados Unidos y a los que se quería expulsar por no tener un certificado de residencia. Añadió un argumento que todavía se invoca hoy: la deportación no se considera un castigo y por eso quien la sufre no tiene derecho a las garantías de un proceso penal.
A partir de estos casos se habla en Estados Unidos del “poder plenario”, según el cual el Congreso y el Ejecutivo tienen un margen casi ilimitado en materia migratoria y los tribunales intervienen muy poco. La doctrina ha tenido críticos importantes. Stephen Legomsky la analizó en 1984. Hiroshi Motomura estudió en 1990 cómo los jueces se habían plegado a ella durante un siglo. Gabriel Chin recordó en 1998, que estas sentencias las dictó el mismo Tribunal Supremo que en 1896 aprobó la segregación racial en Plessy contra Ferguson, y que se apoyan en un razonamiento racial que el derecho estadounidense ha rechazado en todos los demás campos. Aun así, incluso sus críticos suelen aceptar la historia de su origen. Dan por hecho que aquellos jueces del siglo XIX abrieron un espacio del derecho constitucional donde las reglas normales no rigen, y que desde entonces seguimos dentro.
Adam Cox, profesor de la Universidad de Nueva York, sostiene que esa historia es falsa. Después de releer los casos del siglo XIX, concluye que no crearon ningún régimen especial. Los jueces aplicaron las mismas reglas que usaban para cualquier otro asunto de derecho público, y el derecho migratorio siguió siendo un campo corriente durante décadas. A principios del siglo XX evolucionó junto al resto del derecho público e incluso ayudó a dar forma a lo que hoy llamamos derecho administrativo.
Según Cox, la idea de la excepción apareció con la Guerra Fría. En Knauff (1950) y Mezei (1953), el Tribunal Supremo interpretó mal sus propios precedentes y los presentó como si hubieran fundado un régimen aparte, y de ahí nació la creencia de que todo empezó en 1889. Durante muchos años, sin embargo, ese lenguaje apenas cambió cómo se resolvían los pleitos. El poder plenario solo empezó a decidir casos de verdad con el Tribunal presidido por John Roberts, en sentencias como Trump contra Hawái (2018) y Thuraissigiam (2020), que en cualquier otro ámbito se habrían resuelto de otra manera. Por eso Cox sugiere que sería más exacto decir que la doctrina se inventó en el Tribunal Roberts y no en el siglo XIX. La excepción que hoy se invoca no viene de 1889. Tomó fuerza hace menos de una década, en un Tribunal cuya mayoría Trump acababa de reforzar con sus nombramientos.
Esto cambia la respuesta a la pregunta de quién tiene que rendir cuentas. Una doctrina nacida en 1889 sería una herencia remota, sin autores vivos a los que reclamar. Una idea que surge en los años cincuenta y que el Supremo empieza a aplicar de verdad hace menos de una década tiene autores conocidos, que pudieron decidir de otra manera. Las cuotas de detenciones, los doce mil agentes contratados en menos de un año y los contratos que pagan por cada persona detenida se apoyan en esa construcción reciente, que sigue abierta. Y aquí quiero aventurar una advertencia: tampoco hay razones para suponer que vaya a limitarse a los migrantes para los que se diseñó.
El enemigo interior
Quienes usan esta política xenófoba con fines electorales dan por hecho que podrán desmontar el dispositivo cuando deje de rendirles, y la suposición parece razonable si se piensa en decretos, que se derogan en una tarde. Mineápolis demostró incluso que una operación entera puede cancelarse en semanas cuando el coste político sube lo suficiente.
Pero lo que queda después de cancelar una operación es considerable: veintidós mil efectivos, un presupuesto aprobado hasta 2029, edificios que ahora pertenecen al Estado y que ningún vencimiento contractual va a cerrar, contratos de gestión que llegan hasta 2031 y un derecho de excepción que no heredamos de 1889. Las detenciones cayeron más de una cuarta parte en febrero de 2026; en julio estaban un 70 % por encima.
Queda entonces un problema aritmético. Una campaña de deportación consume su propia materia prima: cada avión que despega reduce el número de personas deportables que quedan en el país. La capacidad instalada, en cambio, no se reduce con él. Los edificios siguen en pie, los agentes cobran igual, los pagos fijos se siguen devengando. Ningún sistema con costes fijos, metas numéricas y cuentas de resultados se vacía por decisión propia. Busca a quién aplicarse.
Y ya ha empezado a hacerlo por la vía más sencilla, que no consiste en encontrar nuevos deportables sino en fabricarlos. Los haitianos detenidos en julio no habían cambiado de conducta; cambió su estatus, retirado por decisión administrativa. Ese mismo verano, funcionarios del Gobierno anunciaron planes para revocar hasta 200.000 visados, la mayor revocación masiva de la historia del país. La persona que ayer estaba en regla hoy es materia prima. El 74,2 % de los internos de enero de 2026 no tenía condena alguna, lo que significa que hace tiempo que el delito dejó de ser el criterio para encerrar a alguien. El criterio es administrativo, y lo administrativo se puede redactar de nuevo.
Las armas, los mandos, las métricas y la falta de control operan en las mismas calles por las que circula todo el mundo. Martínez, Good y Pretti eran ciudadanos. Cuando lo único que un agente puede verificar en el momento del encuentro es el aspecto, la diferencia entre extranjero y ciudadano depende de su criterio, y se aclara más tarde en una oficina, si hay tiempo y si alguien pregunta.
La escritura de Appleton cuenta algo que ninguna de las dos partes quiso subrayar. CoreCivic se hizo grande encarcelando a estadounidenses durante las décadas de encarcelamiento masivo; el negocio migratorio llegó mucho después. La prisión de Prairie albergaba a presos de Minnesota y de otros estados y se vació en 2010, cuando el país empezó a encerrar a un poco menos de su propia gente. Pasó dieciséis años esperando. La reactivó un contrato con el ICE, y al día siguiente era propiedad del Gobierno federal.
Excluir al otro no pacifica ni hace “great” a ninguna nación. Lo que deja es un aparato sobredimensionado, con incentivos para seguir funcionando y ningún mecanismo para apagarlo. Uno que durará más que la coyuntura que sirvió para justificarlo. La máquina xenófoba se transforma sencillamente en máquina ampliamente represiva. Las palabras se desgastan y algún día “invasión” dejará de rendir votos. Llegado ese momento, lo previsible es que el aparato busque otro objetivo antes que desaparecer. El vocabulario para hacerlo existe desde hace mucho: desempleados, manifestantes, enfermos, pobres y opositores han sido señalados en distintas épocas como enemigos interiores, y a ninguno le hizo falta un pasaporte extranjero para recibir ese nombre.
Quienes hoy aplauden las redadas, convencidos de que todo esto está pensado para otros, harían bien en leer esa escritura. Mil seiscientas plazas en una cárcel que ahora es propiedad del Estado, con la gestión adjudicada a una empresa privada hasta agosto de 2031. Esas celdas ya estuvieron llenas de ciudadanos estadounidenses. Nada en su diseño impide que vuelvan a estarlo.
Fuente: Ctxt
Deja una respuesta