La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) propone sancionar al medio cooperativo con cinco mil euros y le obliga a mutilar hasta dejar incomprensibles investigaciones periodísticas sobre policías infiltrados.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto una sanción económica de cinco mil euros para este medio, así como la obligación de censurar varios artículos en los que se destapaba la infiltración de policías en movimientos políticos y sociales. Lo hace tras haber desestimado nuestras alegaciones en primera instancia. El Salto es el cuarto medio de comunicación en ser sancionado por los mismos hechos. Este verano, tanto La Directa, como Vilaweb y Diari de Balears, recibieron una sanción similar de la AEPD. En conjunto suman más de treinta mil euros, una cantidad considerable ponderando la facturación anual de cada medio.
Queremos denunciar públicamente este procedimiento como una represalia por haber destapado la práctica ilegal de espionaje policial a la disidencia política. Y advertir, además, de las graves consecuencias que este tipo de sanciones suponen para el derecho a la información y la libertad de prensa, que buscan desincentivar las investigaciones sobre estas prácticas opacas realizadas por la policía.
La AEPD no cuestiona que las informaciones sean fidedignas y precisas, pero obliga a eliminar a los medios afectados todas las imágenes (a pesar de haber sido tratadas para dificultar su identificación) contra sus propias recomendaciones previas, las iniciales de los nombres verdaderos de los funcionarios, igualmente frente a sus criterios habituales, las identidades ficticias usadas por los agentes investigados e incluso las referencias a sus coartadas para infiltrarse (datos irreales y ajenos a protección alguna), así como la promoción en la que salieron licenciados de la Academia de Ávila y cualquier referencia sobre su pasado, formación, opiniones suyas o de sus familiares. “Esto implica mutilar los textos para impedir cualquier trazabilidad, cualquier elemento objetivo comprobable con el que se demuestra que estos agentes cometieron el ilícito espionaje”, explica Raúl Maíllo, abogado de El Salto.
Maíllo expone que “acudiremos a todas las instancias para hacer valer el derecho y libertad de información, así como el de toda la sociedad a recibir información veraz y contrastable, tratando de revertir no sólo la sanción económica, sino la mutilación de las informaciones publicadas”. En El Salto consideramos que la publicación de los datos que hemos realizado, siempre limitados, con fotos pixeladas e iniciales para sus nombres verdaderos, pondera adecuadamente el respeto a la intimidad y principios periodísticos de trazabilidad, credibilidad y capacidad de ser contrastado.
La impunidad judicial de las infiltraciones contrasta con la sanción a los medios que las destaparon, e incluso las propias actuaciones previas de la AEPD, que, por ejemplo, no consideró digna ni de investigación alguna, la filtración a un medio de comunicación de fotografías de archivos policiales de jueces y juezas a los que ese medio relacionó con el independentismo en un claro intento de intimidación a miembros del poder judicial.
Las personas espiadas, víctimas de tortura policial según han considerado distintos tribunales y organismos, no han conseguido que ningún tribunal español juzgue los hechos, pese a haber presentado varias denuncias, alguna de ellas, a los agentes destapados objeto de esta sanción. La fiscalía, en todos los casos, se ha puesto del lado de los agentes, bloqueando las diferentes causas y quedando solo el amparo del constitucional, pendiente de resolución, así como de tribunales de derechos humanos de ámbito europeo.
La única consecuencia legal ha sido la sanción a la que se exponen tanto El Salto como La Directa, Vilaweb y Diari de Balears, así como el juicio pendiente al activista y víctima de infiltraciones, Jorge Jiménez, acusado de falsedad documental y revelación de secretos por investigar a los policías que le espiaron.
Además, estas investigaciones han tenido consecuencias políticas: en el Parlament de Catalunya existe una comisión de investigación parlamentaria que pretende aclarar el alcance y desarrollo de estas prácticas, mientras que varias iniciativas han llegado al Congreso de los Diputados para interrogar al gobierno sobre estas situaciones. Lo que acredita su importancia y repercusión para la vida pública.
Desde el Ministerio del Interior no se ha reconocido abiertamente ninguno de los casos destapados pero, gracias a la repercusión política y social que han tenido, las infiltraciones habrían quedado supuestamente amparadas en la figura del “agente de inteligencia”, diferente a la del agente encubierto, que necesita supervisión judicial, con lo que se elude cualquier control pese a afectarse derechos fundamentales tales como la libertad sexual, la inviolabilidad del domicilio, la protección de datos, la libertad política y de opinión, y demás derechos afectados. Así lo calificó el entonces Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, en la comisión de interior celebrada el 19 de junio de 2024, a preguntas del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.
Un caso claro de SLAPP
El caso se enmarca en el contexto de los llamados SLAPP, siglas inglesas para “litigios estratégicos contra la participación pública” que, según la propia Comisión Europea, son “demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles —periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros— que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”.
Este abordaje contrasta sobremanera con las denuncias de infiltración producidas en Reino Unido, en el marco del caso Spy Cops, cubierto por medios tradicionales que mantienen los nombres reales y las fotografías de los agentes implicados en un escándalo por el que han pedido perdón públicamente distintas instituciones del Estado. Además, Reino Unido ha desclasificado los documentos que acreditan que los agentes infiltrados ejercieron ese espionaje, en una medida que tiene el objetivo de reparar el daño causado a las víctimas.
Más aún sorprende cuando está en vigor la Directiva antiSLAPP 2024/1069, obviada por la propia AEPD, que pretende proteger a las personas físicas y jurídicas que se impliquen en la participación pública en asuntos de interés público —incluidos los periodistas, los editores, las organizaciones de medios de comunicación, los denunciantes de irregularidades y los defensores de los derechos humanos, así como las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, los sindicatos, los artistas, los investigadores y los académicos— frente a acciones judiciales interpuestas contra ellas para disuadirlas de la participación pública.
Los cuatro medios de comunicación lo hemos puesto en conocimiento de organizaciones periodísticas de ámbito europeo, como el Media Freedom Rapid Response, quién ha incluido nuestro caso en el Mapping Media Freedom, un documento que acredita los ataques al derecho a la información y censura padecidos por medios de comunicación.
Fuente: El Salto
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