De Red Popular
El cierre de escuelas en Brasil no es un hecho aislado. En un comunicado, el FONEC (Foro Nacional de Educación Rural, Hídrica y Forestal) denunció la ofensiva sistemática de cierre de escuelas en territorios rurales, comunidades tradicionales y comunidades campesinas.
Según la denuncia, Brasil perdió 163.854 escuelas, 110.758 de ellas solo en zonas rurales, entre 2000 y 2024.
Esto afecta principalmente a territorios rurales, pero también a comunidades urbanas.
Solo en 2024, miles de escuelas dejaron de funcionar y decenas de miles más permanecen paralizadas en todo el país.
Estas alarmantes cifras se intensifican aún más en varios municipios y estados brasileños, no solo en Bahía, sino también en Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grossodo Sul, Goiás, Pará, Rondônia, Amazonas, Espírito Santo y Paraíba.
Se están empleando estrategias políticas intencionales para violar los principios constitucionales de la educación pública, afectando principalmente la educación en comunidades rurales, indígenas, quilombolas, ribereñas y extractivas.
El cierre de escuelas en zonas rurales se ha sustentado en diversas estrategias administrativas y políticas. Una de ellas es la aplicación de criterios técnicos estandarizados, como un número mínimo de alumnos por clase, que ignoran la realidad de las comunidades rurales y acaban justificando el cierre de escuelas pequeñas pero esenciales para el territorio.
Recientemente, el día 11, el Ministerio Público del Estado de Bahía (MPBA) solicitó al Municipio de Alagoinhas la suspensión de las medidas de reorganización de la red educativa municipal que resultarían en el cierre o la desactivación de escuelas en zonas rurales.
Para regularizar el proceso, el ayuntamiento debe cumplir con ciertos criterios técnicos.
La Fiscalía identificó que el municipio inició el cierre de ocho escuelas sin presentar informes técnicos individualizados que justificaran el impacto pedagógico y social de la medida. Además, el informe presentado por el Consejo Municipal de Educación se limitó a la inspección de una sola escuela, sin ninguna declaración específica sobre las demás escuelas rurales.
Cuando se cierra una escuela en una zona popular, no se trata solo de una decisión administrativa.
Es un acto político. Cada puerta cerrada representa el debilitamiento de una comunidad, la ruptura de vínculos y un intento de vaciar los territorios que resisten.
La escuela es más que un aula: es un espacio para la memoria, la organización y la continuidad de la vida.
En zonas rurales, en las afueras de las ciudades y en comunidades tradicionales, funciona como un punto de encuentro entre generaciones, donde la sabiduría de los mayores interactúa con la energía de los jóvenes. Cerrarla es interrumpir este ciclo. Es atacar el derecho de las familias a permanecer en la tierra y debilitar su derecho a existir.
Así, sin escuelas cercanas, muchos jóvenes se ven obligados a trasladarse a centros urbanos, rompiendo el ciclo de sucesión rural y debilitando las experiencias de agroecología y organización comunitaria. La educación, en este sentido, no es neutral: puede fortalecer el territorio o contribuir a su despoblación.
Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales a estudiar en sus lugares de residencia no es un detalle administrativo, sino un principio de justicia territorial.
La educación en su propio territorio garantiza que el aprendizaje se integre con la realidad concreta de la comunidad, con sus formas de sembrar, cosechar, cuidar el agua, preservar el bosque y organizar la vida colectiva.
Cuando la escuela se ubica en el campo, reconoce que el campo es un lugar de producción de conocimiento y no un espacio de atraso.
Estudiar el lugar donde se vive fortalece la identidad, la pertenencia y la continuidad histórica.
Un niño que aprende cerca de casa crece sin romper vínculos con su comunidad. Un joven que permanece en el territorio tiene mayor capacidad para contribuir a proyectos locales, la agroecología, la organización de base y la defensa de la tierra. Privar a alguien de este derecho profundiza el éxodo forzado y debilita el futuro de las comunidades rurales.
La Red Popular entiende que la lucha contra el cierre de escuelas forma
parte, por tanto, de la misma lucha histórica que ha impulsado nuestros territorios desde la invasión: la defensa de la autonomía. Así como los pueblos indígenas comprendieron que el aislamiento conduce a la derrota, hoy también sabemos que defender cada escuela es defender nuestra propia posibilidad de futuro.
No se trata solo de edificios. Se trata de raíces.
Y las raíces, al cortarlas, hieren la tierra entera.
Seguimos conectados.
Porque la escuela es territorio.
Y el territorio es vida.
Fuente:Teia Dos Povos
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