En un hecho histórico, se registraron más de 100.000 inscritos para las audiencias públicas en defensa del agua. Pero el Gobierno nacional sólo permitió que se expresen 200 personas. Dos días donde quedó muy en evidencia que el Congreso Nacional se mueve en función de los intereses de multinacionales mineras. La complicidad del Poder Judicial y las voces de los territorios que rechazan el extractivismo.