Según datos del último informe de la Red de Mujeres Latinas y del Caribe, en 20 años se han concedido solo 43.327 autorizaciones de residencia a víctimas de violencia machista. Las expertas sitúan las leyes y políticas migratorias estructuralmente racistas como principales escollos a la hora de garantizar protección a las supervivientes recién llegadas.