Por Ana Qtella
Periodista que cubre África y Oriente Medio.
A finales de abril de 2026, escondido entre las páginas 86 y 87 de un proyecto de presupuestos del Departamento de Estado para el ejercicio fiscal 2027, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes firmó la frase que ningún presidente español había leído nunca en un documento oficial estadounidense: «el comité observa que las ciudades administradas por España de Ceuta y Melilla están ubicadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la reclamación que Marruecos mantiene desde hace tiempo».
La frase, técnicamente, no es ley. Es lo que en Washington llaman un “committee report”: un texto orientativo que acompaña a una partida presupuestaria. Pero quien quiera consolarse con eso no ha entendido cómo funciona el Capitolio. El “committee report” indica al Departamento de Estado en qué quiere que gaste el dinero el Congreso, y el Departamento de Estado tiende a obedecer porque el Congreso le firma los cheques.
El arquitecto del párrafo se llama Mario Díaz-Balart. Republicano por Florida, de origen cubano, sobrino de Fidel Castro por matrimonio, vicepresidente del Comité de Asignaciones y presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados.
Es, en otras palabras, quien decide a dónde van los dólares de la diplomacia americana. Y es, además, uno de los hombres más cercanos a Marco Rubio en la Cámara. Tres semanas antes de que apareciera el informe, Díaz-Balart ya había avisado en una entrevista en El Español publicada el 1 de abril de 2026: Ceuta y Melilla «no están en el territorio geográfico de España» sino «en el territorio de Marruecos«, y su destino «se establece, se negocia y se discute entre amigos y aliados».
El “committee report” ordena destinar a Marruecos no menos de 20 millones de dólares en el marco del Programa de Financiación Militar Extranjera, en apoyo de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, a los que se suma una partida equivalente del National Security Investment Program.
Lo que está pasando ahora con Ceuta y Melilla no se entiende sin volver al 10 de diciembre de 2020. Ese día, Donald Trump anunció el “reconocimiento” (pese a que ningún país tiene poder para decidir eso) de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara relaciones con Israel dentro de los Acuerdos de Abraham. El acuerdo fue negociado por Jared Kushner y Avi Berkowitz. Marruecos firmó. Israel firmó. Y el Sáhara, que la ONU sigue considerando territorio pendiente de descolonización, pasó a ser, para Trump, una provincia más del reino alauí.
Cinco años después, el mismo argumento empieza a aplicarse a Ceuta y Melilla. El primer eslabón visible fue Michael Rubin, investigador del American Enterprise Institute y ex asesor del Pentágono (el mismo equipo que en 2003 vendió las armas de destrucción masiva de Sadam). En marzo de 2026 Rubin publicó dos textos seguidos donde sostiene que Marruecos podría recuperar el espíritu de la Marcha Verde para «culminar la expulsión de los colonos españoles del territorio marroquí», enviar excavadoras a la frontera y entrar desarmado a izar la bandera, sin que ni España ni la OTAN tuvieran base jurídica para responder porque los enclaves no estarían cubiertos por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Su tesis sobre el artículo 5 es discutible (juristas españoles y de la propia OTAN sostienen lo contrario), pero discutir si Rubin tiene razón es perder el tiempo. Lo importante es que sus textos circularon por los pasillos del Capitolio y dieron cobertura intelectual a Díaz-Balart.
Esto no se prende solo. Lo que ha precipitado el alineamiento de Washington con Rabat es la guerra contra Irán. El 28 de febrero de 2026, EEUU e Israel lanzaron la operación Epic Fury contra Irán. Pedro Sánchez ‘prohibió’ el uso de las bases de Rota y Morón a los aviones implicados, y el Gobierno español rechazó todos los planes de vuelo relacionados, incluidos los aviones cisterna. La ministro de Defensa, Margarita Robles, lo ratificó el 30 de marzo: ni bases ni espacio aéreo. España fue, junto a Francia e Italia, el aliado más díscolo de la operación.
Trump respondió en caliente. El 3 de marzo, en una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán Friedrich Merz, anunció: «Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España», calificó al país de «terrible» y ordenó al secretario del Tesoro Scott Bessent cortar todos los tratos. A finales de abril, Reuters publicó una filtración de un correo interno del Pentágono donde se barajaban opciones para suspender a España de la OTAN. El propio documento no describía ningún mecanismo concreto que existiera dentro de la Alianza para suspender a un país, lo que reduce la amenaza a un gesto, pero un gesto que circula por los despachos militares de Washington da qué pensar.
Mientras Díaz-Balart trabajaba la Cámara, el Senado abría el otro frente. El 13 de marzo de 2026, los senadores Ted Cruz, Tom Cotton y Rick Scott registraron el Polisario Front Terrorist Designation Act of 2026.
La ley exige al secretario de Estado designar al Frente Polisario como organización terrorista si confirma que el grupo coopera con organizaciones iraníes ya designadas como terroristas. Cruz justificó la iniciativa con una frase: “el régimen iraní quiere convertir al Polisario en los hutíes de África Occidental».
El proyecto, que ya ha sumado nueve copatrocinadores entre los que figuran Mario Díaz-Balart, Joe Wilson, Jefferson Shreve, Randy Fine, Lance Gooden, Pat Harrigan, Zachary Nunn, Don Bacon y Claudia Tenney, replica el texto que Wilson y el demócrata Jimmy Panetta habían introducido en la Cámara en junio de 2025.
La maniobra es la clásica del lobby marroquí en Washington: quitarle al Polisario su estatus de movimiento de liberación y convertirlo en proxy iraní para que la disputa por el Sáhara deje de ser un asunto de descolonización y pase a ser un asunto de antiterrorismo. Si la designación prospera, España queda en una posición en la que cualquier ONG que mande un convoy humanitario a los campamentos de Tinduf podría caer en sanciones del Tesoro estadounidense. Es una manera elegante de cerrar el debate saharaui por la puerta trasera, y de paso desactivar a quienes en Madrid aún recuerdan que el Sáhara Occidental es responsabilidad histórica española.
El 28 de abril de 2026, Ynet Global publicaba un análisis de Amine Ayoub, miembro del Middle East Forum, sosteniendo que Israel ha emergido como un actor dispuesto a respaldar diplomáticamente a Marruecos en sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla, en un mecanismo similar a una ampliación de los acuerdos firmados hace seis años para reconocer su dominio en el Sáhara Occidental.
Ayoub no es portavoz del gobierno israelí. Pero el Middle East Forum sí tiene línea directa con la administración Trump, y el patrón se repite. Primero un think tank lanza la propuesta, después un congresista la recoge, después un secretario de Estado la convierte en política.
Además, en enero de 2026, Israel y Marruecos firmaron un plan de trabajo militar conjunto y el 16 de abril, Marruecos y Estados Unidos rubricaron un plan de cooperación en defensa para diez años. El acuerdo lo firmaron el ministro marroquí Abdelatif Loudyi y el subsecretario de Defensa estadounidense Elbridge Colby, principal estratega de seguridad del gobierno Trump, y vincula a ambos países entre 2026 y 2036.
La empresa israelí BlueBird Aero Systems, además, va a abrir planta en Marruecos para fabricar drones kamikaze SpyX. Es decir, Marruecos se está convirtiendo en plataforma manufacturera de armamento israelí en suelo africano, justo a unos kilómetros de Ceuta.
El reconocimiento de un Estado palestino por parte de España en 2024 ha pasado factura. Tel Aviv no perdona. Y la posición española sobre Gaza es, hoy, parte de las cuentas que Trump y Netanyahu se traen entre manos con Sánchez.
El Comité ha incluido también un apartado sobre la «esclavitud moderna» de los médicos cubanos, mencionando expresamente la explotación de doctores de la isla en países como México, Qatar, Sudáfrica, España, Venezuela y Vietnam, y pide al secretario de Estado restringir visados a quienes se beneficien de ese esquema.
España aparece nombrada junto a Venezuela. Esa equiparación, hace dos años, habría desatado una crisis diplomática. Hoy se acepta.
EEUU mantiene unos 3.200 efectivos militares en España, repartidos entre Rota y Morón. Esa presencia, durante décadas, ha sido el ancla de la relación bilateral, el activo que protegía a España de cualquier veleidad americana sobre el contencioso africano. Ahora la pregunta es: ¿y si Trump decide que Tánger o Alcazarseguir le sirven mejor que Rota? Diversos ‘analistas’ vinculados a think tanks conservadores, como Amine Ayoub, sugieren que esta alianza podría desplazar el peso estratégico de bases europeas como Rota hacia instalaciones marroquíes en Alcazarseguir, entre Tánger y Ceuta. La amenaza, aunque operativamente improbable a corto plazo (Rota tiene una infraestructura que no se replica en cinco años), ya está sobre la mesa.
Lo que está pasando no es una decisión oficial del gobierno estadounidense. La Casa Blanca no ha reconocido nada, Marco Rubio no ha convocado a las partes y el Departamento de Estado mantiene formalmente que Ceuta y Melilla son territorio bajo administración española. Aún así, el cerco existe. Tres frentes simultáneos (el “committee report” de la Cámara, la ley contra el Polisario en el Senado y los textos de Rubin desde los think tanks).
Lo que era impensable en 2023 hoy aparece impreso en un documento del Capitolio. Y este precio lo está pagando España, no por casualidad, sino por dos decisiones concretas. La de marzo de 2022, cuando Sánchez aceptó el plan marroquí de autonomía sobre el Sáhara Occidental y abandonó cinco décadas de neutralidad, regalándole a Rabat la lógica del «realismo» que ahora se vuelve contra Madrid. Y la de febrero de 2026, cuando Sánchez bloqueó el uso de Rota y Morón en la guerra de Irán, dándole a Trump el motivo personal que necesitaba para ajustar cuentas.
El expediente Ceuta y Melilla, que Marruecos sostiene desde el discurso del Trono de Mohamed VI en julio de 2002, ha encontrado en Washington el aliado que llevaba décadas buscando. La pregunta es qué piensa hacer España cuando llegue el siguiente paso.
Fuente: Primera Frontera
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