Por Gustavo Buster
Editor de Sin Permiso.
El pasado 30 de abril, en mitad de la noche, fuerzas navales israelíes abordaron y secuestraron a unos 180 tripulantes de la Flotilla Sumud de Solidaridad con Gaza. Este acto de piratería ocurrió en aguas internacionales, pero a poca distancia de aguas de soberanía griega en el noreste de Creta. Tras interferir las comunicaciones y rodear con lanchas neumáticas rápidas a 22 embarcaciones, se produjo el asalto, encañonando con armas automáticas y láseres, con la vigilancia de drones, a las tripulaciones.
Tras ser empujados a las proas de los barcos, los comandos navales israelís rajaron velas, destruyeron equipos de navegación e inutilizaron los motores, dejando al pairo los barcos. Todos estos actos constituyen una clara violación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de 1982 que proteja la libertad de navegación en aguas internacionales. Pero también de los cuatro Convenios de Ginebra y sus protocolos de 1949, que no solamente prohiben el ataque a civiles desarmados en una situación de paz, sino que establece estrictos protocolos de tratamiento para náufragos y heridos.
El ataque israelí desde la nave nodriza Nahshon se preparó desde semanas antes en Chipre, con la colaboración de la armada griega y de EEUU. En diciembre de 2025 se firmó en Nicosia el Plan de trabajo de cooperación militar entre Israel, Grecia y Chipre, para acciones conjuntas en el Mediterraneo Oriental, que ha sido su marco jurídico.
La señal de naufragio Mayday emitida por los buques de la Flotilla Sumud para señalar su posición y pedir ayuda urgente no fue atendida por los servicios de salvamento griegos en una zona SAR en la que tienen asignada internacionalmente esta responsabilidad. La Guardia Costera griega ya ha recibido con anterioridad críticas, especialmente en la zona sur de Creta, por su actuación en emergencias de embarcaciones de emigrantes. La UE ha financiado con 105 millones de euros la adquisición de 50 nuevas embarcaciones para la Guarda Costera griega desde 2023, que actúa en coordinación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). En un comunicado posterior al acto de piratería, las autoridades griegas instaron a “la moderación y el respeto universal del derecho internacional”, asegurando que los sucesos no habían tenido lugar en aguas bajo su soberanía, y que “actuando como un factor de estabilización en la región” había aceptado el desembarco en su territorio, en concreto en Creta, de los secuestrados. Los guarda costas griegos se hicieron cargo de los tripulantes de la Flotilla Sumud y los llevaron a puerto. En la inspección médica posterior, con certificados oficiales y fotos, se pudo atestiguar que un número de los tripulantes secuestrados habían sufrido golpes y contusiones de diversa gravedad, que requirieron tratamiento y hospitalización.
Las autoridades israelís reconocieron su autoría de este acto de piratería. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exterior reclama el monopolio de la ayuda humanitaria a Gaza para la Junta de Paz presidida por Trump, acusa a la flotilla de estar “liderada por Hamas” y buscar desviar la atención de la negativa de Hamas de desarmarse en Gaza. Tras agradecer a Grecia el desembarco de los activistas de la flotilla en sus costas, anunciaba que el ciudadano español de origen palestino Saif Abu Keshek, residente en Barcelona, y el ciudadano brasileño Thiago Ávila, que ya había participado en otras flotillas anteriores serían conducidos a Israel para ser interrogados.
Mientras tanto, los barcos de Open Arms y Greenpeace que han acompañado a la flotilla desde su salida del puerto de Barcelona han estado realizando las tareas de salvamento que correspondían a la Guardia Costera griega, remolcando los barcos abandonados a la deriva, de los que hasta la fecha se han hundido tres, para evitar que supongan un peligro para la navegación en la zona. Brasil y España emitieron un primer comunicado condenando los hechos como violaciones del derecho internacional y exigiendo la inmediata puesta en libertad de sus ciudadanos Saif Abu Keshek y Thiago Avila, “ilegalmente retenidos”. Este primer comunicado fue seguido de un segundo comunicado, firmado por España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Jordania, Libia, Malasia, Maldivas, Pakistan y Sudáfrica el mismo 30 de abril en términos muy parecidos, pero que acababa exigiendo “la rendición de cuentas por estas violaciones”. Ni la Comisión ni la UE se han manifestado hasta la fecha. Las fuerzas parlamentarias a la izquierda del PSOE, que ya habían visto pospuesta una pregunta a Albares el miércoles, registraron el jueves 30 una petición de comparecencia urgente ante el pleno del Ministro.
Durante el 1 de mayo, las reacciones se sucedieron en cadena: declaraciones de Pedro Sánchez y Ernest Urtasun por las fuerzas de la coalición de gobierno, convocatoria de la encargada de negocios de Israel en España, las primeras concentraciones…Ese mismo día llegaron a puerto en Israel Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, que fueron conducidos a la prisión de alta seguridad de Shikma, en Askalan, al norte de Gaza. En la entrevista concedida a Ávila con el cónsul brasileño, este pudo constatar el mal trato sufrido, que había hecho que ambos secuestrados se declararan en huelga de hambre. La información del cónsul español solo fue transmitida a la esposa de Saif, que confirmó en declaraciones posteriores que había sido maltratado, esposado y encapuchado, estaba en huelga de hambre y acusado de pertenecer a Hamás, una afirmación falsa como saben todos los que le conocemos.
Las flotillas como acción de solidaridad con Palestina
El bloqueo y asedio de Gaza no comenzó el 7 de octubre de 2023. Comenzó en 2007, tras la toma del gobierno local por Hamas, como una forma de castigo colectivo por parte de Israel, que había transferido su control a la Autoridad Palestina en 2005. UNRWA, Amnistía Internacional y otras instituciones han dado amplio testimonio del alcance y la gravedad de sus consecuencias, que transformaron a Gaza en el mayor campo de concentración del mundo, hasta que la guerra de genocidio del gobierno Netanyahu, con sus 72.345 víctimas y 172.250 heridos, han convertido la zona en un mosaico de zonas divididas, destruido el 80% de la infraestructura y condenado a una población de mas de 2,5 millones de personas desplazadas a vivir en tiendas de campaña sobre cascotes, sin agua corriente, suministros, sanidad o educación.
Como es conocido, ni las numerosas resoluciones de Naciones Unidas, ni los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia sobre medidas cautelares para evitar el genocidio (26 de enero de 2024), ni las ordenes de arresto contra Netanyahu y Galant de la Corte Penal Internacional (21 de noviembre de 2024), ni el informe de NNUU de septiembre de 2025 confirmando que Israel ha cometido cuatro de los cinco actos de genocidio previstos en la Convención para su prevención de 1948, han servido para parar los asesinatos, abrir corredores humanitarios, asegurar alimentación y sanidad a niveles de supervivencia para la población de Gaza. Tras dos fallidos alto el fuego en 2023 y comienzos de 2025, la Administración Trump anunció e impuso un plan de 20 puntos, gestionado por una Junta de Paz presidida por el propio Trump. La resolución 2803 del Consejo de Seguridad adoptó por 13 votos y la abstención de China y Rusia el Plan Trump, que ha sido incapaz de avanzar más allá de la primera fase, abrir corredores humanitarios de Naciones Unidas y desplegar una “Fuerza Institucional de Estabilización” a las ordenes de la Junta de Paz. Es decir, se mantiene la ocupación del ejército israelí y, en las zonas de las que se ha retirado temporalmente, ha impulsado milicias mercenarias para enfrentarse a Hamas y las distintas facciones palestinas que resisten militarmente.
Desde 2008, distintas Flotillas de la Libertad han intentado romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel sobre Gaza, que impide además cualquier actividad pesquera artesanal palestina en sus aguas. En 2010, el barco de bandera turco Mavi Marmara, con mas de 600 personas a bordo de 35 países fue asaltado el 31 de mayo desde helicópteros y lanchas rápidas, provocando la muerte de 10 personas y más de 30 heridos. La misión de investigación de NNUU “no encontró pruebas que demuestren que alguno de los pasajeros hubiera utilizado armas de fuego ni que las hubiera a bordo” y concluyó graves violaciones de derechos humanos y el derecho humanitario por parte de las fuerzas israelís asaltantes.
Un año después, la Flotilla de la Libertad II, con diez barcos y más de 300 personas de unos 20 países volvió a intentar romper el bloqueo desde Grecia. Pero la presión israelí sobre el gobierno griego, que se encontraba intervenido por la UE, consiguió que Atenas prohibiera por “razones de seguridad” zarpar de sus puertos. El barco con bandera de EEUU “The Audacity of Hope” fue interceptado por los Guarda Costas helenos; el español “Gernika” bloqueado en Creta y solo el francés “Dignité al-Karama” consiguió acercarse a Gaza, siendo asaltado y remolcado a Ashdod, con su tripulación deportada. El 2016 tuvo lugar la Flotilla de las Mujeres, liderada por la premio Nobel de la paz Mairead Maguire, que zarpó de Barcelona en el velero Zaytouna-Oliva. Fue interceptado por la marina israelí a 35 millas náuticas de Gaza y las 13 tripulantes detenidas y deportadas. En junio de 2025, el barco Madleen partió de Sicilia con leche maternizada, arroz y material médico.
La actual Flotilla Sumud (“resilencia” en árabe), que agrupa además a otras dos iniciativas coordinadas con ella, partió de Barcelona el pasado 15 de abril, tras meses de preparación. Con más de 50 barcos, ha ido sumando cientos de activistas y otras flotillas que han zarpado de puertos del sur de Francia e Italia. Greenpeace y Open Arms han acompañado a los barcos y veleros dándoles apoyo y socorro en todo momento a lo largo de la travesía, hasta llegar al noreste de Creta, donde fueron asaltados a más de 1.000 km del punto más lejano de Gaza y la zona de exclusión unilateral israelí.
El 2 de mayo, la coalición de la Flotilla de la Libertad anunció que otros dos veleros, junto con otros dos barcos de “1.000 Madleens”, zarpaban de Siracusa para unirse a los barcos de la Flotilla Sumud anclados ahora en Creta y continuar la misión de romper con el bloqueo de Gaza. En ellos viajan otros cuatro ciudadanos españoles.
Las acciones legales contra las violaciones del derecho internacional por Israel
Las denuncias contra los crímenes de las autoridades israelíes se han ido acumulando desde la masacre del Mavi Marmara en 2010. El gobierno turco, tras las investigaciones de la fiscalía de Estambul, acusó a altos cargos militares israelíes y al ex-jefe del estado mayor Gabi Ashkenazi de homicidio voluntario y secuestro. El tribunal turco solicitó ordenes de arresto internacional a Interpol y fueron juzgados in absentia. Los familiares de los asesinados y los supervivientes presentaron demandas ante la Corte Penal internacional. Los procesos penales abiertos en Turquía se cerraron tras el acuerdo alcanzado entre los gobiernos turco e Israelí, con el pago de 20 millones de dólares a los familiares de las víctimas. La causa presentada por Comoros como estado de bandera del Mavi Marmara se cerró tras una larga batalla procesal en el que la fiscalía de la CPI argumentó “falta de gravedad suficiente”, a pesar de que el informe del Consejo de Naciones Unidas determinó que “los crímenes cometidos durante este ataque son una violación de la Cuarta Convención de Ginebra”.
En el caso del Reino de España, en diciembre de 2025, el magistrado Francisco de Jorge admitió a trámite una querella interpuesta por Izquierda Unida y el PCE por los delitos de detención ilegal, piratería, torturas y crímenes de guerra contra la la cúpula militar y el gobierno israelíes. El juez ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que emita informe sobre la competencia activa de los tribunales españoles y se abra, en su caso la investigación oportuna, que ha recaído en el fiscal jefe Jesús Alonso y la fiscal de la sala de derechos humanos Dolores Delgado. A este procedimiento se podrían sumar las nuevas denuncias que se presenten tras el abordaje, malos tratos y secuestros ocurridos en la Flotilla Sumud el reciente 30 de abril.
En relación con la Corte Penal Internacional, donde desde 2021 la fiscalía mantiene abierta una linea de investigación sobre crímenes cometidos en el territorio del Estado de Palestina, incluyendo Gaza. Es probable que, como en ocasiones anteriores, los abogados de la flotilla Sumud pidan la incorporación de los testimonios recogidos de los 175 activistas secuestrados a través del envío directo a la oficina del fiscal Karim Khan de acuerdo con el art. 15 del Estatuto de Roma. En este sentido, los dictámenes acumulados de la causa presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre genocidio y los referentes a la consulta de la Asamblea General sobre la base legal de la ocupación israelí de territorios palestinos de 2024 crean un contexto diferente en 2026 al alegado de “gravedad insuficiente” por la fiscalía de la CPI en el caso del Mavi Marmara. Pero dependerá en buena medida de la actitud y disposición de los estados firmantes de los comunicados de protesta, empezando por Brasil y España, en relación no solo con los activistas liberados, sino especialmente con Thiago Ávila y Saif Abu Keshek.
Según las abogadas de Adalah que los asisten, el Tribunal de Magistrados de Ashkelon extendió el 3 de mayo la detención de Thiago de Avila y Saif Abukeshek, por dos días más, hasta el martes 5 de mayo de 2026. Ambos permanecen en la etapa previa a la acusación formal, bajo interrogatorio continuo. Durante la audiencia, el fiscal del Estado israelí solicitó una prórroga de cuatro días de la detención de los activistas, presentando una lista de presuntos delitos, entre ellos, colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista. Las abogadas de Adalah, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, argumentaron ante el tribunal que todo el proceso judicial es fundamentalmente defectuoso e ilegal. Cuestionaron la jurisdicción del Estado, alegando que no existe fundamento legal para la aplicación extraterritorial de estos delitos a las acciones de ciudadanos extranjeros en aguas internacionales. Sostuvieron que el uso por parte del Estado de estas graves sospechas relacionadas con la seguridad constituye una medida de represalia contra líderes activistas humanitarios y exigieron su liberación inmediata e incondicional. Asimismo denunciaron que Thiago y Saif habían sufrido graves abusos físicos que constituyen tortura, incluyendo palizas, aislamiento y haber sido mantenidos con los ojos vendados durante días en alta mar.
Diplomacia y defensa del derecho internacional
No se puede desconocer la situación de tensión geopolítica internacional en la que se ha producido el nuevo ataque pirata de la marina israelí contra la Flotilla Sumud. La Administración Trump se encuentra en una auténtica encrucijada en su guerra contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que esta provocando la subida de los precios de los hidrocarburos y de los fertilizantes, catalizadores de una nueva recesión internacional global en los próximos meses. Con el horizonte de las elecciones de medio termino en noviembre, puede perder el control del Congreso. El gobierno de coalición de extrema derecha de Netanyahu continua marcando una agenda política de expansión colonial, mientras se rodea de estados fallidos en Siria, Irak y un Libano amputado de los territorios al sur del rio Litani, convertido en una nueva zona de seguridad israelí frente a Hezbolá. Gaza sigue estancada en la primera fase de la tregua del plan Trump, sin que haya mecanismos para desarmar a Hamas ni avanzar en los mecanismos de reconstrucción previstos en el Plan Trump. Pero sin ellos y con el Estrecho de Ormuz cerrado, la nueva red de alianzas y compromisos con las monarquías petroleras del Golfo que pretendían los Acuerdos de Abraham se fisuran y son incapaces de parar la extensión del conflicto no solo en Irak y Oriente Medio en general, sino en el Cuerno de Africa, Sudán o Mali.
Con el conflicto incontrolable en Oriente Medio y el Sahel, y rehén de la diplomacia de Trump con Putin para el reparto de Ucrania, la Unión Europea parece un zombie geopolítico. Una y otra vez, las cumbres europeas repiten la necesidad de una alianza atlántica que supone su subordinación a unos intereses de las clases dominantes en EEUU que no solo no garantizan ya la seguridad de sus aliados via OTAN, frente a las amenazas territoriales como en el caso de Groenlandia, sino que exigen un impuesto contrarrevolucionario a través de una renovada militarización bajo control de su economía de guerra con el gasto del 5% del PIB y la compra masiva de gas licuado de EEUU. Pero sin credibilidad para impulsar su “autonomía estratégica” y desplegar su propia iniciativa diplomática hacia Rusia y China, la UE esta condenada a la división entre estados dispuestos a la subordinación al trumpismo, como mal menor frente a un pretendido expansionismo de la Rusia de Putin y el núcleo franco-alemán, que ve como se erosiona progresivamente el proyecto europeo.
Un ejemplo concreto de estas contradicciones ha sido durante estos días el despliegue de buques militares de la UE alrededor de Chipre con el argumento de defender su territorio -y sobre todo las bases militares de soberanía británica en él- de posibles ataques de misiles iranís. Al mismo tiempo, Reino Unido negaba a Trump su uso ofensivo en la guerra contra Irán y España e Italia la utilización de sus bases de utilización conjunta para una guerra considerada ilegal y contraria al derecho internacional. Pero la operación de asalto naval israelí se preparó precisamente en Chipre y el buque nodriza Nahshon actuó a unas 450 millas náuticas en la retaguardia del despliegue europeo. La fragata española Cristobal Colón, la más moderna de la clase F-100 hubiera podido desplazar a un día de navegación a la zona del noroeste de Creta y haber escoltado a los más de 100 españoles que participan en la Flotilla Sumud. Simplemente se confundió el origen de la amenaza y el mando electrónico de la flota de EEUU en el Mediterráneo, con sede en la base de Rota simplemente no compartió la información de inteligencia y, como Grecia, protegió la operación de piratería israelí. La cuestión que resta es si Frontex, ese pozo sin fondo de financiación comunitaria, responsable de las costas y fronteras frente a los “peligros” de la emigración desde Africa, estaba o no al corriente de los movimientos de barcos en la zona SAR bajo responsabilidad de Grecia, como era su obligación.
Incapaz de articular los intereses comunitarios, la UE se ha empantanado en una justificación permanente de su impotencia y división en esta situación geopolítica. El debate repetido de la revisión del cumplimiento del art. 2 sobre respeto de los derechos humanos del Acuerdo de Asociación UE-Israel y más tarde de la constatación de su continua violación, apoyado en los dictámenes de la CIJ y la CPI, presentado a iniciativa de España, Irlanda y Eslovenia, sigue perdido en este marasmo de un Consejo Europeo cada vez mas maniatado diplomáticamente.
Pero el pulso que representa la solidaridad con Palestina, la denuncia de las violaciones del derecho internacional vengan de donde vengan, pero empezando por la Administración Trump y el gobierno Netanyahu, la respuesta al acto de piratería y el secuestro de los activistas de la Flotilla Sumud, son los primeros granos de un muro de arena contra el cambio de régimen internacional que pretende la reacción trumpista y sus aliados. La distopía de los complejos de turismo levantados sobre los escombros de Gaza que promete el Plan de Paz de Trump son una fantasía reaccionaria que puede acabar sumiendo a la humanidad en una nueva catástrofe global.
Como Saïf, como Thiago, como la Flotilla Sumud, hay que oponerse y resistir por todos los medios a nuestro alcance.
Fuente: Sin Permiso
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