Por Nuria Alabao
Periodista y doctora en Antropología Social. Investigadora especializada en el tratamiento de las cuestiones de género en las nuevas extremas derechas.
La clase media española se sostiene en parte gracias al trabajo, las cotizaciones y las rentas de alquiler que extrae a la población extranjera
El concepto de “prioridad nacional”, gestado en Francia en la década de 1980, ha llegado a España de la mano de Vox, que, poco original, vuelve a importar propuestas de Agrupación Nacional, su espejo francés. Varias décadas más tarde, se propone aquí como una forma de gestionar el malestar y las inseguridades de las poblaciones en momentos de inestabilidad. El mecanismo activa un “nosotros” que se encuentra amenazado por los de fuera, unos “ellos” que consumen recursos y se “aprovechan del sistema”.
Poco hay aquí de novedoso. La utilidad política de estos marcos se puede retrotraer al fascismo histórico, donde se trataba de contener las tensiones sociales –en esos años, la posibilidad de revolución– traduciéndolas en un conflicto étnico o cultural. Hoy la revolución no está a la vista, pero la contienda por los recursos sigue, aunque no ocupe ya el centro de la política. La desafección con la democracia aumenta y la ficción de que los migrantes vienen a asaltarnos opera aquí para suturar estas fracturas. Se trata de una imagen poderosa y parece funcionar. En un reciente estudio, los encuestados identificaron la brecha política como la que produce mayor división en el país, seguida por la división entre población inmigrante y autóctona –28,6 %–, por delante incluso de la brecha entre clases sociales –23,6 %–.
La obra ha empezado hace tiempo y el ruido nacionalista del escenario no nos deja ver que en el patio de butacas se desarrolla el verdadero drama: la prosperidad relativa de muchos hogares de clase media y su acceso a determinados servicios descansan, en buena medida, sobre la subordinación de los migrantes de clase trabajadora. ¿Estamos dispuestos a reconocer que, en no pocos ámbitos, vivimos mejor porque otros viven peor?
La población que apuntala el sistema
La discusión pública gira con frecuencia en torno a si los extranjeros saturan lo público. Mucho menos habitual resulta preguntarse en qué medida el sistema se sostiene sobre ellos.
Se ha hablado ya bastante de cómo son necesarios para que la población española no descienda, debido a las bajas tasas de natalidad; es decir, no se genere una crisis económica. Más del 70 % del crecimiento de la población en edad de trabajar desde 2018 se debe a la población extranjera, que también es más joven, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En un país con una pirámide demográfica invertida, esas cotizaciones sustentan, no las pensiones futuras, sino las de hoy. ¿Por qué esto supone extracción de rentas de la migración o más bien de la división internacional del trabajo? Primero porque los trabajadores que migran lo hacen en su mayoría en edad de trabajar; en otras palabras, los costes de su formación como mano de obra –educativos y de cuidados– han sido asumidos por sus países de origen, y por otras mujeres. También porque son jóvenes, no usan tanto los servicios sanitarios y acceden más tardíamente a pensiones.
Pese a la retórica de que consumen más prestaciones y servicios, en realidad, los migrantes en España generan un saldo fiscal neto positivo que la OCDE estimó en un 0,54 % del PIB –para el periodo 2014-2018–. Lo que significa que aportan más al Estado en impuestos y cotizaciones sociales de lo que reciben en prestaciones y servicios públicos. En términos económicos, esto implica que la inmigración actúa como un mecanismo redistributivo intergeneracional que sostiene el Estado de bienestar español: trabajadores jóvenes extranjeros financian pensiones y servicios para una población autóctona cada vez más envejecida, al tiempo que mejoran la sostenibilidad fiscal del sistema y reducen el déficit proyectado de las pensiones. ¿Vamos a recortar ahora sus derechos a las prestaciones?
Trabajo que abarata bienes y servicios
Otra cuestión ausente del debate público es que estamos consumiendo productos y servicios subvencionados por el trabajo migrante, que se abarata de manera artificial por su posición de subordinación en el mercado laboral. Esta subordinación se debe tanto al hecho de migrar como a los propios condicionantes que impone la ley de extranjería –permisos asociados solo a determinadas posiciones, titulaciones difíciles de convalidar o incluso el propio racismo que les dificulta acceder a determinadas ocupaciones–. Es cierto que también hay procesos de ascenso social de personas migrantes, sobre todo a partir de las segundas generaciones, y que existen otros tipos de migraciones que ocupan posiciones más ventajosas en el mercado laboral. Pero si analizamos algunos sectores que permiten que la vida cotidiana funcione –hostelería (29,3 % de trabajadores foráneos), agricultura (26,6 %), construcción (22,3 %), cuidados (45 %) o el trabajo sexual, donde no es fácil conocer el porcentaje de trabajadoras migrantes– vemos que dependen estructuralmente de esta mano de obra extranjera que asume salarios inferiores y peores condiciones. Y estas cifras son de empleo formal; si se añade el trabajo de las personas no regularizadas estos números escalan todavía más.
El sector primario ofrece un buen ejemplo. En zonas como Almería, Murcia o Huelva, la agricultura intensiva depende de manera fundamental de mano de obra migrante.
Por un lado, posibilita mantener precios competitivos en los mercados europeos –beneficiando a los propietarios de estos sectores, que son nativos en mayor medida–, pero también reduce el coste de muchos productos básicos que sin ese trabajo devaluado serían mucho más caros. Es decir, hace viable un modelo productivo sujeto a una fuerte presión sobre los precios porque alguien, en algún punto de la cadena, trabaja por salarios que un español no aceptaría y en unas condiciones que un español no toleraría.
De esta manera, la fruta recogida por un temporero senegalés en Huelva llega barata al supermercado de una ciudad media. El peón rumano que levanta tabiques en una promoción de obra nueva abarata el coste final del metro cuadrado. El cocinero colombiano que acepta la jornada infinita de un restaurante hace posible que el menú del día siga costando trece euros. La mano de obra migrante permite que muchos negocios funcionen y subvenciona el coste de unas cañitas o cenar fuera, conseguir un Uber barato a altas horas de la noche o que nos traigan la comida o las compras a casa por unos euros.
Las que cuidan por nosotras
Algo similar ocurre en el ámbito de los cuidados y los servicios domésticos –limpiar hogares y atender o cuidar a mayores, niños y dependientes–.
En España, una parte sustancial de ese trabajo recae en mujeres extranjeras: el 45 % de las empleadas registradas en el sector, una cifra que asciende hasta el 63 % si se contabiliza la economía sumergida.
Precisamente la elevada incidencia del empleo irregular convierte a este sector en uno de los más precarios, donde las trabajadoras aún pelean por equiparar sus derechos laborales a los de cualquier otro asalariado.
Este modelo posibilita que los salarios se mantengan muy bajos. Esta es una condición necesaria para que las mujeres de clase media puedan sostener sus empleo asalariado. La externalización del trabajo reproductivo no elimina la división sexual del trabajo sino que, en ausencia de servicios públicos extensos, la desplaza hacia mujeres racializadas y migrantes en condiciones de mayor precariedad. La mujer hondureña que cuida a una anciana permite que sus hijos no tengan que elegir entre cuidar a su madre y conservar su empleo. Y la mujer peruana que limpia tres casas al día en un barrio residencial de Madrid garantiza que dos parejas de profesionales con hijos mantengan su rutina laboral, sus viajes de fin de semana y la ficción de que su casa “se limpia sola”.
De manera que la actual “conciliación” no es un logro de igualdad sino una subvención encubierta que obtenemos de las mujeres inmigrantes.
El alquiler, máquina de extracción de rentas
Hay otro circuito menos visible, pero igual de estructural como es la vivienda. ¿Quién vive de alquiler en España? Los hogares donde viven extranjeros presentan tasas muy superiores a las de los hogares de nacionalidad española –teniendo en cuenta que muchas personas nacidas en el exterior están nacionalizadas y eso complica el análisis–. A pesar de ello, los datos son claros: solo el 12 % de los hogares exclusivamente españoles vive en régimen de alquiler, frente al 49 % de los hogares mixtos –con miembros españoles y extranjeros– y el 64 % de los hogares donde únicamente residen extranjeros, según los últimos datos disponibles de la Encuesta Continua de Hogares del INE –2020–. Esta brecha –la verdadera “prioridad nacional”– también es de esfuerzo económico. El 27,4 % de la población extranjera de fuera de la UE destina más del 40 % de su renta al gasto en vivienda, frente al 4,5 % de la población española, según la encuesta de condiciones de vida del INE del 2024.
Aunque existe la dificultad de encontrar datos por origen, respecto a los que reciben rentas de alquiler, encontramos más de dos millones de caseros españoles –donde también se incluirían los extranjeros nacionalizados–, mientras que menos de 60.000 son extranjeros, según datos de la Agencia Tributaria del 2023. Evidentemente esto está cruzado con la clase. Por ejemplo, un fenómeno consolidado en ciudades como Madrid es la ingente inversión inmobiliaria de personas originarias de América Latina.
Pero en general, con estos datos descubrimos que la verdadera “prioridad nacional” es el acceso a la propiedad e incluso la posibilidad de obtener rentas del alquiler. España sigue siendo una “democracia de propietarios”, en términos del experto en vivienda Pablo Carmona, donde el acceso a la propiedad está ampliamente extendido y donde una fracción significativa de la población –en torno al 14-15 %– obtiene ingresos por esa vía. La familia marroquí que paga ochocientos euros por un piso de cuarenta metros en Lavapiés o en el Raval nutre la renta de un propietario español. Y la persona extranjera de clase trabajadora acepta peores condiciones que un inquilino con más derechos efectivos.
El mercado del alquiler funciona como una maquinaria de extracción de renta de abajo hacia arriba. En un país de salarios bajos y estancados desde hace años, muchas familias de clase media sostienen su nivel de consumo gracias a rentas inmobiliarias. Estos caseros, mayoritariamente nacionales –sean pequeños o grandes tenedores– obtienen muchas veces recursos de los migrantes que soportan mayor explotación laboral. Desigualdad social y estructura de propiedad se refuerzan la una a la otra en ese circuito silencioso, donde la precariedad de unos posibilita la estabilidad patrimonial de otros.
Culpar a los migrantes y vivir de ellos
Si analizamos a fondo estos procesos –el saldo fiscal, el trabajo barato que subvenciona el consumo o hace posible la conciliación o la extracción de rentas inmobiliarias– emerge un patrón en el que el saldo positivo queda del lado de los nativos.
Estos elementos no aparecen nunca en la discusión de la “prioridad nacional”. La imagen dominante sigue siendo la de una presión externa sobre recursos internos –y no la de un sistema que redistribuye renta en su interior a través de relaciones profundamente desiguales–.
Por supuesto, no se trata tampoco de hacer un argumento utilitarista: la gente tiene derecho a migrar sin más, al margen de su “utilidad” económica. Pero hay que señalar la hipocresía de quienes defienden la “prioridad nacional” mientras comen en el bar que atiende una colombiana, o comen la fruta que recogen los temporeros a los que quieren excluir de las prestaciones, llevan a sus padres a residencias sostenidas por cuidadoras a las que consideran prescindibles y cobran alquileres de inquilinos a los que perciben como amenaza. A pesar del ruido, no son ellos quienes viven a costa de nosotros, sino nosotros quienes vivimos a costa de los migrantes.
Fuente: Ctxt
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