Por Elena de Sus
Periodista en Ctxt.
Detrás del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes hay miles de historias, pero todas comparten dos palabras: oportunidad y trabajo
“Poder andar libre, sin ningún temor”. Eso es lo que espera conseguir Lucía, nicaragüense de 52 años, si regulariza su situación en España. “Conocer la cultura, los museos, las iglesias… Viajar sin asumir el riesgo de que me paren y me pidan los documentos. Tener una cuenta bancaria y poder pagar con tarjeta”, continúa. “La vida se te arregla más fácil, puedes estar más tranquila”, resume.
Lucía lleva dos años residiendo en España de forma ininterrumpida, aunque llegó al país por primera vez hace nueve. No ha podido regularizar su situación en todo este tiempo por una serie de circunstancias, como las irregularidades de sus empleadores, además de cuestiones familiares por las que tuvo que regresar a Nicaragua. Aquí siempre ha sido trabajadora de hogar y cuidados. Antes, en su país, se dedicaba a la gestión cultural en una institución pública. Es una de las miles de personas que se acogen al proceso de regularización extraordinaria que comenzó el pasado 16 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de junio. Ya tiene listos todos los documentos necesarios, los enumera: el billete de avión, el pasaporte sellado, envíos de dinero a su familia, el certificado de vulnerabilidad, también el certificado de antecedentes penales en su país… “Es una buena oportunidad la que me ha tocado, espero y confío en Dios para lograrlo”, afirma.
“Es una oportunidad impresionante para mucha gente”, dice Jesús Sanagustín, voluntario de Bienvenidos Refugiados en Huesca, pese a que es crítico con algunos aspectos, como que el proceso excluya a las personas apátridas, lo que afecta principalmente a los saharauis, o que el periodo para presentación de solicitudes dure solo dos meses y medio. “Intentaremos que se prorrogue”, asegura.
El proceso actual es resultado de una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la plataforma Regularización Ya! que presentó más de 700.000 firmas de apoyo en 2022 para llevar la propuesta al Congreso.
A principios de este año el Gobierno la aprobó como Real Decreto con el apoyo de Podemos. Los promotores de esta ILP estiman que unas 500.000 personas podrían regularizar su situación en España pero la cifra real todavía es una incógnita.
Los procesos de regularización extraordinaria han sido relativamente frecuentes en la España democrática. El primero tuvo lugar en 1986 con Felipe González. El Gobierno de José María Aznar realizó dos de ellos en los años 2000 y 2001, a los que se acogieron 264.153 y 239.174 personas respectivamente. En 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero, regularizaron su situación otras 576.506 personas.
Las personas solicitantes deben presentar pruebas de que llevan residiendo en España al menos cinco meses antes de la solicitud y certificar que no tienen antecedentes penales en los últimos cinco años, tampoco en el país de origen. Jesús Sanagustín explica que este certificado de antecedentes penales del país de origen no siempre es fácil de obtener. En ocasiones los costes son altos y tiene fecha de caducidad. Lucía tiene el suyo, aunque le falta la apostilla, por la que le piden cerca de 400 dólares.
Los solicitantes de protección internacional “lo tienen relativamente fácil” según Sanagustín, pues suelen contar con más papeles y acceso a recursos como el certificado digital.
Sanagustín asegura que han atendido incluso a personas que no tenían ni pasaporte. “Hay todo tipo de casos”, explica Gabriela, voluntaria de una asociación de barrio de Madrid: “Vino una persona que llevaba cuatro años en España, tenía un certificado de vida laboral de la Seguridad Social, una operación en quirófano, certificado digital… Y está irregular”.
Sanagustín explica que esta regularización extraordinaria “arregla” en cierta medida la situación provocada por el nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor en mayo de 2025. Con el reglamento anterior, los solicitantes de protección internacional podían empezar a trabajar seis meses después de entrar en el sistema, mientras esperaban que se resolviera la solicitud. Después, ese tiempo de trabajo les contaba para pedir el permiso de residencia por arraigo si la solicitud era denegada. Con el nuevo reglamento, esto ya no es posible. Es decir, las personas solicitantes de asilo cuya petición queda denegada pasan a encontrarse en situación irregular a pesar de estar ya trabajando con contrato en España. Este nuevo proceso da a estas personas la oportunidad de regularizar su situación de nuevo.
Quienes no hayan entrado a través del sistema de asilo deben demostrar que han trabajado con contrato en España, que tienen familiares dependientes a su cargo o presentar un certificado de vulnerabilidad.
Este certificado, que acredita situaciones como “aislamiento social”, “dificultad de acceso a un empleo” o “exposición a situaciones de explotación o abuso”, lo pueden emitir los servicios sociales o algunas ONG acreditadas como entidades colaboradoras. La asociación con la que colabora Gabriela es una de ellas. Explica que hacen una breve entrevista a cada persona para determinar su situación. En la práctica, cada organización aplica sus propio sistema para la concesión de este certificado.
En la provincia de Huesca, algunos servicios sociales todavía no están emitiendo este documento. Los del Ayuntamiento de Huesca tardaron varias semanas en comenzar a hacerlo. Sí lo están emitiendo las entidades colaboradoras. En el caso de Huesca son la Cruz Blanca, Médicos del Mundo, San Ezequiel y la Fundación Federico Ozanam.
La alcaldesa, Lorena Orduna, del PP, envió una carta al subdelegado del Gobierno en la provincia en la que protestaba por la “grave inseguridad jurídica” que, en su opinión, este proceso genera. “No podemos asumir, sin criterios claros y sin financiación, una tarea como la que se nos traslada”, declaró. El subdelegado respondió que el proceso transcurría “sin incidencias reseñables”. El 30 de abril el Ayuntamiento aprobó en pleno, únicamente con los votos del PP, el rechazo al decreto de regularización extraordinaria.
Cuando se le pregunta por qué se exige este certificado de vulnerabilidad, Jesús Sanagustín responde: “El Gobierno no se ha atrevido a asumir que quien no tiene papeles es vulnerable y punto”.
Considera que el proceso está funcionando bien en líneas generales, aunque lamenta que algunas administraciones locales están tomando decisiones que ralentizan los trámites. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Natalia Chueca, del PP, ha decidido centralizar todos los trámites relacionados con la regularización, como la petición del certificado de empadronamiento, en la sede consistorial de la plaza del Pilar. No es posible realizarlos en las Juntas de Distrito. Sanagustín denuncia que esto se ha hecho a propósito para generar una larga cola y, por lo tanto, fomentar la idea del colapso administrativo.
El 22 de abril, el Gobierno de Aragón en funciones recurrió el decreto de regularización ante los tribunales por “falta de transparencia y recursos”. El Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite un recurso similar presentado por la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.
El acuerdo para un gobierno de coalición entre el PP y Vox en Aragón, que ha tomado posesión el 4 de mayo, incluye el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas públicas y el rechazo a todas las políticas de acogida.
Los documentos se pueden presentar de forma presencial en las oficinas de Correos, en las sedes de la Seguridad Social y en las Oficinas de Extranjería. Para ello hay que pedir cita previa por teléfono o mediante el sistema Cl@ve. Lógicamente, una gran parte de las personas solicitantes no están registradas en este sistema, por lo que los voluntarios de las asociaciones están utilizando sus propias credenciales para pedir las citas. También es posible presentar los documentos a través de la plataforma web Mercurio. Sin embargo, para hacerlo de esta forma es necesario contar con un certificado digital, que la mayoría de las personas en situación irregular no han podido obtener, o que lo haga en su nombre un profesional acreditado, como un abogado.
“Mi sospecha es que se ha dado por hecho que el tercer sector, las organizaciones sociales, como queramos llamarlo, íbamos a sacar adelante este trabajo”, declara Gabriela.
Asegura que no dan abasto, que el local está siempre lleno. “La gente está muy nerviosa, lo ven como una gran oportunidad”. Explica que la mayoría de las personas que atienden son jóvenes y están “ansiosos por trabajar”. Cree que la estimación de 500.000 personas regularizadas puede verse superada.
En la tarde del 28 de abril no para de entrar gente al local de la asociación Bienvenidos Refugiados de Huesca, que ofrece asesoría en el proceso de regularización y ayuda con trámites como la obtención de citas. En apenas dos horas se plantean situaciones diversas.
Al repasar la vida laboral de una mujer colombiana de mediana edad, descubren que ha sido despedida mientras se encontraba de baja. Asegura que el despido no se le había comunicado.
A un hombre guineano hay que conseguirle cita para presentar sus documentos antes de que caduque el certificado de antecedentes penales de su país, pero con tiempo suficiente para pedir el certificado de vulnerabilidad, que todavía no tiene.
Dos jóvenes hondureñas enumeran los documentos con los que cuentan. Tienen certificados de empadronamiento y cursos de formación, pero son de otra ciudad. Las voluntarias les tranquilizan asegurando que eso no importa.
Trabajadores de algunas organizaciones sociales lamentan que algunos abogados están cobrando cantidades muy elevadas por un trámite que, en sí mismo, solo tiene un coste de 38,28 euros, correspondientes a la tasa para presentar la solicitud (el propio hecho de realizar el pago es una dificultad añadida para las personas que carecen de NIE).
“Las asociaciones se organizan para evitar que posibles bufetes, abogados o agencias, se aprovechen de esto y empiecen a sablearles por este tipo de asesoría”, afirma Gabriela. Explica que en su asociación ayudan a preparar los documentos más importantes, las “pruebas más fuertes” y una abogada lo revisa todo antes de la presentación, aunque la persona interesada presenta la solicitud en su propio nombre.
“No me atrevo a hacerlo por mis propios medios”, dice Lucía. Ella ha decidido contar con los servicios de una abogada porque considera que esta puede “priorizar” su caso, al no tener que estar atendiendo a tanta gente como las organizaciones sociales. Además, supone que las administraciones públicas tienen una relación mejor con “los abogados que siempre están ahí, que conocen el sistema”. Ha pagado cerca de 400 euros.
Quienes se acojan a la regularización extraordinaria recibirán permiso de residencia en España por un año y a partir de entonces se integrarán con normalidad en el sistema de extranjería. Lucía espera obtener el permiso y viajar a Nicaragua este diciembre para ver a su familia. Más libre y más tranquila.
Fuente: Ctxt
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