Por Marco Manrique
Periodista, redactor y traductor habitual de Ctxt.
La desinformación y la falta de debate público son la puerta de entrada de estas infraestructuras devoradoras de energía y agua
En Torrelobatón (Valladolid), una localidad de 387 habitantes, se planea construir un centro de datos que casi duplicaría el consumo eléctrico provincial (de 2.400 a 4.400 GWh). La opacidad acerca de su uso, la vaguedad del proyecto y la nula participación de la ciudadanía en la toma de decisiones son un ejemplo de cómo se están implementando estos megaproyectos en la España vaciada.
El primero de agosto de 2026 los vecinos de Torrelobatón se enteraron por El Confidencial de que la empresa DC Mudarra SLU del Grupo Vapat, el mayor grupo eólico independiente de España, planeaba construir en su término municipal uno de los mayores centros de datos del país: con una potencia de 160 megavatios, un consumo eléctrico de 2.000 gigavatios/hora al año y una inversión de hasta 2.000 millones de euros.
Estos números solo tienen sentido al compararlos con el conjunto de la provincia. 2.000 GWh al año son algo menos que el consumo anual de los poco más de 500.000 habitantes de la provincia de Valladolid. Sin embargo, en el proyecto presentado a la Junta de Castilla y León se especifica que el consumo de agua sería de solo 6.000 m³ al año, lo mismo que consumiría un gimnasio o una hectárea de regadío. Esto se conseguiría gracias a un circuito de refrigeración cerrado.
Los Montes Torozos, la comarca en la que se encuentra Torrelobatón, ya es una zona tensionada por la escasez de agua y la despoblación. A pesar de que el proyecto asegura que se crearían 140 puestos de trabajos, para Juan Francisco Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida, es un dato difícil de creer. “Se crearían puestos de trabajo durante su construcción. Serían temporales, no para la gente del entorno”, dice, ya que un centro de datos de este tipo está altamente automatizado y su gestión se puede hacer en remoto.
Izquierda Unida ha pedido una moratoria y un impuesto especial autonómico para centros como este. Rodríguez considera que “esta clase de megaproyectos tienen un gran impacto en el entorno, pero nunca redunda en beneficios para los habitantes”. Le preocupa que los proyectos de hidrógeno verde, que también van a asentarse en la zona, generen un impacto acumulativo, ya que la producción eléctrica también consume agua.
Montes Torozos es también una zona que exporta energía verde producida en más de doce parques eólicos y cientos de hectáreas de suelo rústico cubiertas por paneles solares.
Vapat, el grupo detrás del centro de datos de Torrelobatón, opera cuatro de estos parques eólicos. Por eso, DC Mudarra SLU quiere situar aquí su centro de datos: está cerca de energía que, aunque no va directamente al centro, sí se vuelca a la red de la que luego la tomaría el centro.
No obstante, la producción actual de electricidad de esos parques eólicos no llegaría a cubrir ni el 25 % de las necesidades del centro de datos. Es cierto que, según los datos de Red Eléctrica Española, los generadores eólicos están funcionando por debajo de su capacidad, pero para poder aumentar esta hay que seguir invirtiendo en infraestructura como baterías y mejoras en la red.
Esta forma de autoconsumo se queda corta en comparación con la propuesta reciente del Gobierno, en la que se pide que el 80 % de la energía que consuman los centros de datos proceda de instalaciones de energías renovables nuevas. La Junta de Castilla y León (PP y Vox) y la patronal de los centros de datos DC Spain concuerdan en que estas exigencias son una prohibición encubierta.
Ildefonso Vara, de Ecologistas en Acción, señala que la comarca de Montes Torozos, que representa el 5 % de la superficie de la provincia, produce el 90 o 95 % de la energía eólica de Valladolid. Esto afecta, como dice Rodríguez, al “recurso paisajístico” de la comarca. Pero ambos coinciden en que el medio rural no puede ser simplemente la reserva energética de las ciudades y que la manera de frenar la despoblación no es con megaproyectos como este.
En esta zona ya existe una plataforma, SOS Montes Torozos, que busca proteger la biodiversidad y el entorno frente a la proliferación de centrales eólicas, también una vecina de la zona inició una petición en Change.org para tratar de frenar la construcción del centro de datos; además, recientemente varias vecinas y vecinos de pueblos de la zona se han unido para crear el colectivo Montes Torozos, una asociación que tiene entre sus principales objetivos hacer llegar a la población general la información que la Junta (a través de malas prácticas de transparencia en su página web) y las empresas no están compartiendo con la ciudadanía.
Además del gran consumo eléctrico, les preocupa que haya un consumo de agua que no se esté declarando, el ruido y la contaminación que podrían producir los generadores de diésel que el centro incluiría para suplir la demanda en momentos puntuales, la isla de calor que se generaría en torno al centro, y el efecto tapón que podría afectar a la permeabilidad del suelo y agravar la situación de los ya muy mermados acuíferos, afectando incluso a entornos naturales como el de las Lagunas de Villafáfila, en Zamora.
A esto se le sumaría la necesidad de instalar sistemas de aire acondicionado en los domicilios para aplacar el impacto de la subida de las temperaturas y, quizás, el aumento del precio de la factura de la luz. Todo esto, creen en el colectivo Montes Torozos, no estaría mejorando la calidad de vida de los vecinos, sino empeorándola. “Acaparar la capacidad de la red eléctrica también tendría consecuencias para las empresas locales y las industrias productivas. Estamos ante el peligro de un ‘monocultivo digital’”, dice una de las portavoces del colectivo.
En la asociación también se quejan de la vaguedad de las promesas que vienen con el megaproyecto. “Hay una idea generalizada de que traerá dinero al pueblo, pero no se han publicado los ingresos que llegarán vía IBI, IAE y cánones de suelo (consideremos que estas empresas pueden tener una reducción del IBI de hasta el 95 %). Por lo tanto, la idea de que traerá dinero no está fundamentada en datos concretos”.
Existe una preocupación acerca del uso privado de los recursos naturales y públicos. “La empresa aprovecha las infraestructuras y recursos públicos energéticos, no dejan trabajo ni beneficios sociales, los beneficios que dejan en el ayuntamiento pueden ser muy bajos en relación con el impacto climático, agravamiento de sequías, contaminación y afectación al entorno. El proyecto no fija población, puede afectar a la actividad agraria y ganadera, destruye el paisaje, afecta a la calidad de vida de la población y puede provocar que baje el valor de las viviendas y propiedades. Es como si les diésemos un cheque en blanco. Estamos sacrificando los Montes Torozos por nada. Tenemos la sensación de que se nos impone asumir todo esto sin que haya un debate público informado que genere la discusión de un modelo de desarrollo que se base en algo más que en el dinero. Los ayuntamientos pueden estar firmando proyectos que están hipotecando la comarca”, dicen en el colectivo Montes Torozos.
Una preocupación que comparten los vecinos e IU es cuál será el uso que se le dará al centro de datos. “Sabemos quién construye el armazón, pero desconocemos quién será el cliente que traiga aquí sus datos. No sabemos si va a estar al servicio de la soberanía nacional o si lo usará una gran tecnológica estadounidense”, dice Rodríguez. Al colectivo le preocupa las cuestiones éticas que relacionan los centros de datos y la IA con “la violencia sexual (incluída la infantil) y los usos militares”.
Torrelobatón no es un caso aislado. En Castilla-La Mancha y Aragón opera el colectivo de activistas Tu nube seca mi río.
En Zamora, las vecinas de Monfarracinas se están movilizando también contra otro macrocentro.
Y en Madrid el corredor del Henares está viendo cómo los almacenes logísticos se están sustituyendo por naves de servidores.
La España vaciada ha resultado ser un destino apetecible para esta clase de proyectos: suelo rústico barato y la aquiescencia total de los gobiernos autonómicos que, lejos de proteger el territorio, compiten por atraer inversiones que prometen empleo y riqueza sin exigir contrapartidas reales.
Mientras tanto, las comunidades locales se enfrentan a un problema que no entienden del todo, con información que les llega con cuentagotas y en plazos que no les permiten reaccionar.
Fuente: Ctxt
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