Periodista y activista que escribe sobre justicia social.
Tras una madrugada al raso y luego plantando un muro humano en la puerta del bloque de Maricarmen, esta vez las vecinas no pudieron evitar el desahucio de Maricarmen, una octogenaria que desde hoy se queda en la calle
La histórica presión vecinal y sindical de este miércoles a primera hora —más de 400 personas— no ha logrado impedir que el cuarto intento de desalojo de Maricarmen terminase en el desahucio de esta vecina de 87 años del barrio de Retiro que se queda en la calle sin alternativa habitacional.
A través de un despliegue policial desproporcionado que ha comenzado a las 6h —cerca de 15 furgones policiales y decenas de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado— la octogenaria ha sido expulsada este mediodía del que llevaba siendo su hogar desde los 17 años.
Decenas de policías rodean la casa de Maricarmen para desahuciarla mientras 300 personas resisten en la puerta.
La Policía ejecuta con violencia el desalojo de Maricarmen, la vecina de 87 años del distito de Retiro.
Más de 300 personas llevaban desde la madrugada del 22 de septiembre agolpadas para impedir el desenlace.
Urbasesa, el fondo que se hizo con la propiedad de su vivienda, se ha negado en todo momento a aceptar una negociación con el Sindicato de Inquilinas y la abogada de Maricarmen cuando la comisión judicial se ha personado en la vivienda.
La presencia ciudadana en el momento de la ejecución ha sido multitudinaria tras el llamamiento masivo que se realizó la víspera durante los actos musicales reivindicativos de apoyo y solidaridad.
Tanto las activistas que habían acampado en los aledaños de la vivienda como aquellos medios de comunicación que se acercaron al cordón policial han sido golpeadas con fuerza por los miembros del dispositivo policial.
Las 40 activistas situadas en el portal, muchas de las cuales han tenido que acudir a los servicios médicos de urgencia, han reportado contusiones, magulladuras y heridas graves a causa de la violencia policial represiva. “Se escuchaban unos gritos estremecedores por la escalera que también han contribuido a la terrible ansiedad de Maricarmen y culpamos a la Delegación de Gobierno de esta barbaridad, la Policía que ha excedido todos los límites posibles contra las personas que pacíficamente estaban ejerciendo resistencia”, aseguraban miembros del Sindicato de Inquilinas.
La policía carga contra las personas que trataban de evitar el desahucio de Maricarmen,
En todo momento se ha impedido a prensa acceder a las proximidades de la vivienda.
“Yo he vivido aquí 71 años y yo no me quiero ir. Lo que está claro es que esta gente, por dinero, hace lo que sea. Por favor, luchad. No os quedéis en casa, tenemos derecho a vivir”, defendía en la vigilia del 22 de septiembre Maricarmen. La nueva propiedad de la casa, Urbagestión S.L, le subió la renta hasta 2.650 euros mensuales, cuando ella pagaba 500 euros. Los intentos por negociar, que han pasado también por la oferta de una mujer anónima de pagar 2.100 euros mensuales para completar la cifra requerida por la empresa, han resultado infructuosos.
A su entrada en el portal del edificio, varios antidisturbios han lanzado gas pimienta para contener a quienes se hallaban en el interior para proteger pacíficamente a Maricarmen. Paralelamente, la censura contra los medios de comunicación ha sido manifiesta, un cordón policial ha impedido en todo momento el acceso a los medios de comunicación para obtener material gráfico sobre la ejecución, incluso en el momento en que Maricarmen fue fue sacada del edificio para ser trasladada al Hospital Gregorio Marañón debido a su cada vez más precaria salud. Hay que recordar que el estado tanto físico como mental de la inquilina había sufrido en el último año un retroceso significativo a raíz de los sucesivos intentos de desahuciarla. Ya entonces sus compañeras del movimiento de vivienda alertaron de que echarla de su hogar a su edad podría suponer un riesgo máximo para su vida.
El movimiento de vivienda clama contra la inacción del gobierno central y autonómico
Desde el Sindicato de Inquilinas ha arremetido una vez más contra la inacción del gobierno estatal y en concreto al Ministerio de Vivienda en manos de Isabel Rodríguez (PSOE), que días antes responsabilizaba al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de no intervenir para evitar el desalojo. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha culpado al gobierno central de instrumentalizar la lucha de Maricarmen para alimentar “sus intereses partidistas” de cara a la próxima campaña electoral para los comicios generales. “Con su inacción y con su negligencia crece el fascismo y estamos en un año electoral en el que probablemente van a seguir utilizando este dolor como arma arrojadiza como hemos visto hoy”, han clamado las activistas.
Asimismo, han hecho hincapié en el Real Decreto de Vivienda prometido por el presidente Pedro Sánchez, cuya medida central, la moratoria antidesahucios, podría haber paralizado el desalojo al ser Maricarmen una inquilina vulnerable. A día de hoy dicha norma continúa sin ser tramitada en el Congreso de los Diputados, mientras que el Partido Socialista recientemente se abstenía con los votos contrarios de PP, Vox y Junts, a la tramitación parlamentaria de una propuesta del grupo Sumar de cara a prohibir la venta de pisos a personas jurídicas.
No han faltado referencias, como era de esperar, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ni al ático que compró recientemente en el barrio de Chamberí mientras se replican las ejecuciones en la capital. “Responsabilizamos a Ayuso de tener esta ciudad vendida completamente a los fondos mientras se compra un ático con nuestro dinero”, aseguraba la portavoz. Por este motivo este mismo miércoles se ha convocado a las 19.00 horas a las puertas del inmueble de la presidenta popular (en la calle General Martínez Campos 35,) una concentración de urgencia para denunciar tanto el lanzamiento como la brutalidad policial con la que se ha obrado.
Una vez más, el Sindicato reclama la generalización de contratos de alquiler indefinidos a través de La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la prórroga de los contratos vigente, la prohibición de la compra especulativa por parte de fondos buitre y el fin del alquiler turístico en las grandes ciudades, un uso de la vivienda que nada tiene que ver con lo residencial. Simultáneamente, en el barrio de Vallecas, se producía el desahucio de David, en una de las tres promociones de la antigua Obra Social “la Caixa” en Madrid (Vallecas, Vicálvaro y Pinto), que fueron vendidas a fondos inmobiliarios. Algunas eran bloques de viviendas protegidas que se sortearon en 2005 y años más tarde fueron vendidas por InmoCaixa a dos fondos buitre.
Fotogalería de David F. Sabadell y Álvaro Minguito
Fuente: El Salto
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