Por Pablo Carmona
Miembro de la Fundación de los Comunes y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallekas.
Quienes apuestan por prolongar el ciclo de conflicto abierto por la vivienda deberían provocar una movilización que supere a los sindicatos mayoritarios y al propio gobierno progresista.
Han pasado apenas quince días desde el desahucio de Maricarmen y su trágico desenlace, pero, medido en tiempo político, es como si hubiésemos asistido a un curso entero de actividad frenética. Las movilizaciones por la vivienda, las acampadas, la convocatoria de huelga general y la disolución de las Cortes para celebrar elecciones el próximo 29 de noviembre así lo acreditan.
A primera vista, el desequilibrio político entre las movilizaciones y las urnas es evidente. Pero si situamos esta sucesión de acontecimientos en un mismo plano, aparecen algunas contradicciones que habrá que resolver en las próximas semanas. La primera, y la más flagrante, es cómo hacer una huelga general contra un gobierno en funciones que acaba de aprobar los decretos de vivienda. La segunda, cómo hacerla con unas elecciones a la vuelta de la esquina en las que, según las encuestas, el Partido Popular y Vox parten como favoritos.
Para quienes apuestan por prolongar este ciclo de conflicto abierto por la vivienda, la respuesta es clara: hay que desbordar la huelga general hasta convertirla en un proceso de impugnación general del sistema. Es decir, provocar una movilización que supere a los sindicatos mayoritarios y al propio gobierno progresista. Pero la pregunta es: ¿con qué fuerzas se cuenta para ese desborde?
Potencia sin nostalgia del 15M
Para responder, conviene hacer una mínima comparación con el ciclo del 15M. En primer lugar, porque aquel movimiento de impugnación, a diferencia del actual, se prolongó durante muchos meses sin ninguna respuesta institucional. Ni los partidos de izquierdas ni los sindicatos tenían nada que ofrecer en medio de una crisis que provocó movilizaciones masivas: el mes que duró la ocupación de las plazas en 2011, las protestas que rodearon el Congreso en septiembre de 2012 o las Marchas de la Dignidad de 2014.
En segundo lugar, porque, por muchas caricaturas que se hagan de él, aquel movimiento de las plazas contaba con ingredientes que hoy no están presentes: una crisis económica profunda –incluida la de la vivienda–, la imposibilidad de acometer reformas desde un Estado al borde de la quiebra y la rebelión de distintas capas sociales, desde las masivas movilizaciones de funcionarios contra el recorte de sus sueldos o los migrantes desahuciados hasta las capas medias de la sociedad en paro.
Sin embargo, lo que más contrasta es la actitud de la izquierda entonces y ahora. En los años del 15M, la izquierda política sufrió un batacazo espectacular y fue incapaz de aprovechar la fuerza de un movimiento que discurría por canales que ella no reconocía como propios. Hoy sucede justo lo contrario.
Lo que hemos visto desde el inicio de estas movilizaciones es la capacidad de la izquierda parlamentaria para mimetizarse mediáticamente con ellas y hacerse parte del movimiento. Superado el momento del desahucio de Maricarmen, la vinculación de las protestas con medidas concretas de la política reformista, como los decretos de vivienda, y el juego parlamentario interiorizado por partes del propio movimiento han facilitado una lectura progresista de lo que está ocurriendo.
Esta sintonía –la emisión en una misma longitud de onda de la izquierda movimientista y la parlamentaria– ha llevado al siempre astuto Pedro Sánchez a convocar elecciones, y al gobierno y a los sindicatos mayoritarios a sumarse a la huelga general por la vivienda.
La diferencia, en el fondo, es de estrategia. Si la izquierda parlamentaria y el gobierno socialista de Zapatero miraron con pánico al 15M, un movimiento que impugnaba a todo el arco parlamentario, ahora la izquierda en su conjunto –parlamentaria, mediática y sindical– ha acompañado al movimiento desde el primer momento, hasta convertirlo en la coartada perfecta para la renovación del proyecto progresista.
El embrollo de la huelga
Según pasan los días, se consolida el cambio de manos en las riendas del proceso. Si hace apenas una semana los tiempos los marcaban el Sindicato de Inquilinas y las acampadas, ahora son el gobierno en funciones, las elecciones del 29N y el calendario de la huelga general, donde ganan una nueva centralidad los grandes sindicatos, los que fijan la agenda.
Aun a riesgo de simplificar, la foto fija de estos días es la siguiente. De un lado, el proceso de acumulación de fuerzas abierto tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen y las acampadas debe planificar su estrategia en un plazo muy corto con actores diversos. Del otro, el tiempo electoral y la aprobación de los decretos en el Consejo de Ministros han permitido a Pedro Sánchez contemporizar y dejar de ser el blanco de las críticas.
Así las cosas, si el movimiento de las acampadas no consigue escalar hacia una nueva fase de movilización –como se está intentando con la ampliación de las acampadas o los comités de huelga por barrios–, toda la partida se jugará en la cita concreta de la huelga general. Y es previsible que CC.OO. y UGT, más afines al gobierno –con el líder de CC.OO. Unai Sordo sonando incluso como posible candidato–, fuercen la máquina para que la huelga general sea, quizá por primera vez en la historia, progubernamental.
A ello se suma que, con unas acampadas iniciadas en plena temporada de lluvias –nada que ver con mayo de 2011–, el calendario aprieta y el reloj corre a favor de la campaña electoral, que arrancará el 13 de noviembre, tan solo dos días después de la huelga general. De hecho, los debates sobre las candidaturas, las encuestas y los posibles pactos ya ocupan las portadas.
La solución no está en la izquierda
Que la huelga general y el conjunto de este ciclo de luchas corran el riesgo de convertirse en ariete o tabla de salvación del gobierno progresista, en todas sus expresiones, no significa que no existan otras oportunidades para romper el marco.
Las fuerzas reunidas en torno al Sindicato de Inquilinas, el movimiento por la vivienda y las acampadas pueden apuntar en otra dirección. Pero, para ello, sus alianzas no pueden centrarse en el ala izquierda del arco parlamentario. La ruptura no debería ser un simple esfuerzo por reconstruir el espacio de la izquierda, sino un intento de mirar hacia otro lugar.
Como ya sucedió en el 15M, son la extensa capa del proletariado de servicios, el nuevo proletariado migrante y los sectores más empobrecidos quienes permanecen ausentes de la movilización. Con un perfil muy juvenil y con la reproducción de las clases medias todavía en el centro de sus preocupaciones, el nuevo ciclo de movilizaciones tiene que mirar más hacia abajo en la escala social que hacia la izquierda política.
Por eso hay que llevar más lejos la acampada, la huelga general y el movimiento por la vivienda. De lo contrario, el presente ciclo de luchas podría perder una de las mayores fortalezas del 15M, su temprana independencia política, y repetir uno de sus peores errores: convertirse en una sociedad civil subordinada a la izquierda.
En cualquier caso, esta prueba de fuerza debe entenderse como el ensayo general de lo que está por venir después de las elecciones. Ahora que todo augura –incluidos los sondeos electorales, las tasas de inflación o la incipiente crisis de deuda– que las turbulencias económicas y políticas continuarán, necesitamos reflexionar a fondo sobre esta tentativa de insurrección que tenemos entre manos y que estamos obligados a estirar.
Fuente: Ctxt
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