Por Jesús Rodríguez
Periodista de investigación catalán y uno de los fundadores del semanario de información alternativa La Directa.
y
Medio de comunicación cooperativo en catalán que edita una revista quincenal en papel y mantiene un diario digital de actualización diaria.
Cientos de personas han protestado desde primera hora de la mañana a las puertas del edificio, en la calle Llanguedoc 74 del barrio de Sant Andreu, para evitar la expulsión de las residentes, entre ellas cinco menores de edad y personas con movilidad reducida.
Desde primera hora de la mañana de este 7 de octubre cientos de personas se concentraban en la calle Llanguedoc, 74, en el barrio de Sant Andreu, Barcelona, para intentar evitar que una cincuentena de personas pierdan su casa. Entre ellas, cinco menores y varias con movilidad reducida. Doce horas de resistencia masiva, con más de mil personas en las inmediaciones del edificio una vez llegada la noche, lo han logrado.
Los habitantes del bloque Llanguedoc viven en situación de ocupación desde hace años en 18 viviendas. Numerosas residentes son personas en situaciones de vulnerabilidad social y los servicios sociales les hacen seguimiento. Sin embargo, el juzgado de primera instancia 49 de Barcelona se había negado durante todo el día a detener su desahucio.
Entrado el anochecer, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han anunciado un principio de acuerdo con la propiedad para adquirir el edificio, que, si nada se tuerce, puede tener el mismo desenlace que la resistencia en la Casa Orsola del distrito del Eixample, donde actualmente el vecindario ha regularizado la situación y paga un alquiler asequible al gobierno municipal.
El equipo jurídico de las afectadas había intentado hacer valer el decreto antidesahucios del Gobierno español. Pero la judicatura argumentaba que todavía no estaba publicado en el BOE y que, por tanto, aunque la aplicación será inminente, no estaba todavía está en vigor.
Durante 12 horas, un amplio dispositivo policial se ha desplegado a las puertas de la comisaría del paseo de Torras i Bages para llevar a cabo el desalojo, con 14 furgonetas del Arro y diez de la Brigada Móvil que, posteriormente se han trasladado a las proximidades del edificio, propiedad de un inversor extranjero. Los furgones policiales se han retirado a las 19:30h, cuando se ha conocido la noticia del acuerdo entre la propiedad, el Ayuntamiento y la Generalitat.
En el caso del bloque Llanguedoc, la propiedad intentó expulsar a las vecinas con un grupo de hombres, identificados como parte de una empresa de desokupación, que les amenazó y agredió. Los individuos enviaron mensajes a los residentes del edificio, en los que les amenazaban con violencia física y les advertían de que eran personas con experiencia en la extorsión y habían pasado por prisión.
Las presiones habían comenzado en abril del pasado año, cuando el empresario, que responde a las iniciales GCA, adquirió el inmueble por medio de una de sus compañías. Tras hacerse público el caso, la presión contra el vecindario se frenó y el grupo de mercenarios no volvió a presentarse en el inmueble. Hasta que llegó la orden de desahucio que, tras 12 horas de resistencia, ha quedado paralizada.
Fuente: El Salto
Deja una respuesta