
Por Mireia Balasch
Periodista y fotógrafa en El Salto.
Las plataformas convocantes lamentan la opacidad del Gobierno en la tramitación del Documento de Regulación Aeroportuaria aprobado este martes. El plan supone una inversión histórica en infraestructuras aeroportuarias

Por sorpresa, y sin tener en cuenta las reivindicaciones sociales, el Consejo de Ministros aprobó este martes 15 de septiembre el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria, el DORA III. El proyecto contempla una inversión de 13.000 millones de euros en los aeropuertos gestionados por AENA, 1.765 de los cuales se destinan a Barcelona-El Prat. Como respuesta, el colectivo Zeroport ha convocado para este domingo una manifestación que partirá a las 12 horas del cruce entre Passeig de Gràcia y Aragó y llegará a la Plaça Sant Jaume, donde se encuentran la sede del Consistorio y de la Generalitat.
Pero no será la única. En Palma, la Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport se concentrará a las seis de la tarde frente a la Delegación del Gobierno, y en Ibiza, la Associació de Joves ha previsto hacer lo mismo en s’Alamera. Tal y como se temían desde la Pitiusa mayor, el Ejecutivo prevé destinar 229,7 millones de euros al Aeroport des Codolar, con los que quiere crear una zona exclusiva para el embarque no schengen y duplicar las puertas de embarque, que pasarán de 17 a 32, entre otras actuaciones.
Masificación y contaminación
Víctor Torres, portavoz de la entidad convocante en Ibiza, recuerda que estos números no confirman las palabras que hasta el momento habían escuchado: “Llevan años diciendo que no aumentarán la capacidad operativa de la infraestructura y ahora aprueban una nueva terminal para ampliar rutas fuera de los 29 países europeos del espacio schengen y cifran en 550.000 el aumento de pasajeros”.
Para el colectivo ibicenco, la principal consecuencia del proyecto es “la proliferación de nuevas rutas de larga distancia que atraerán más visitantes a una isla que ya está masificada”. Y es que, si se cumplen las previsiones, el aeropuerto des Codolar pasará de soportar 9,17 millones de pasajeros al año en 2027 a 9,72 millones en 2031. “En Ibiza somos 160.000 residentes y consideramos una aberración cualquier aumento del número de turistas”, defiende Torres.
Uno de los lemas de la manifestación de Ibiza es, precisamente, “Prou massificació”. El portavoz asegura que no están contra el turismo: “El problema es que el número de visitantes que tenemos se traduce en una enorme presión sobre los servicios públicos y la movilidad”. Durante el verano, las horas de espera en urgencias se disparan y las carreteras se colapsan. Además, “se promueven las estancias de menos de 24 horas en las que los visitantes ni pasan una noche en un hotel ni gastan en el comercio local”.
Por otro lado, la ampliación de la infraestructura contempla construir encima de un torrente. Torres afirma que “no se ha informado a la población de cómo se canalizará el agua ni se han tenido en cuenta los problemas de la contaminación de los acuíferos”. Además, considera que “han hecho oídos sordos a las denuncias que vecinos y entidades sociales y ecologistas hicimos en agosto, en referencia a los vertidos de aguas fecales que se hacen desde el aeródromo al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parc Natural de ses Salines”.
Según los muestreos realizados por la Aliança per l’Aigua, la contaminación en la zona está 12 veces por encima de los límites legales y pone en peligro su singularidad: es un área de nidificación de aves, especialmente, de flamencos.
Opacidad en Palma
Desde la Plataforma contra l’ampliació de l’aeroport de Palma se hace una valoración muy negativa del anuncio del Gobierno, que supone una inversión de 621,6 millones de euros para Son Sant Joan y la zona de Son Bonet. En esta última zona se prevé la instalación de un parque fotovoltaico que tiene que abastecer de energía renovable la megainfraestructura.
Según el portavoz de este colectivo, Pere Joan Femenia, “las consecuencias del proyecto son terribles a nivel social, ecológico y climático”. Además, se queja de que se ha aprobado “de una forma muy poco transparente, sin tener en cuenta nuestras reivindicaciones”. A pesar de ello, asegura, “las manifestaciones convocadas para el 20 de septiembre se van a producir y desde el Ministerio de Transportes serán testigos del malestar social que hay, no solo en Mallorca, sino también en Ibiza y Barcelona”.
Las actuaciones en Son Sant Joan están encaminadas a conseguir que el aeropuerto llegue a acoger, en el período 2027-2031, casi 1,4 millones de pasajeros más al año. Es decir, pasar de 34,27 a 35,67 millones. “Crece la actividad y se intenta normalizar que haya 66 vuelos por hora, lo que es una barbaridad”, añade Femenia. Para la plataforma “todo indica que el Ministerio se encuentra en la dinámica de aumentar las conectividades con destinos lejanos, sobre todo los que están fuera del espacio schengen, y esto significa más visitantes y más emisiones”.
Una cuestión aparte son los jets privados.

“Pedimos al Gobierno que se limite su llegada a Mallorca y se siga el modelo del Aeropuerto de Amsterdam–Schiphol que, si bien anunció el veto y al final el Parlamento lo tumbó, la intención ha funcionado como medida disuasoria y su número ha disminuido”.
Como pasa también en Barcelona, la mejora de la eficiencia de las instalaciones en Mallorca supone un mayor consumo de energía. “El Ministerio de Transportes sigue el discurso de la sostenibilidad, pero prevé la construcción de un parque fotovoltaico cerca del aeródromo de Son Bonet, a pocos kilómetros de Son Sant Joan, en el municipio de Marratxí. Los vecinos y el ayuntamiento se oponen”, señala el portavoz. A pesar de ello, el proyecto salió el pasado día 11 a exposición pública. Si se lleva a cabo, ocupará 20 hectáreas y dejará a los ciudadanos sin uno de sus principales espacios de ocio.
El Prat, como Barajas o Heathrow
Algo parecido pasa en El Prat, donde AENA tiene previsto ampliar la tercera pista. Adriana Cotén, miembro del movimiento Zeroport, recuerda que para hacerlo posible arrasarán una parte de los espacios naturales de La Ricarda y El Remolar. “Dicen que lo compensarán cambiando el uso de otras zonas agrarias, entre ellas el Delta, pero esto no tiene sentido y no es, ni mucho menos, sostenible”, sostiene.
Después de la Comunidad de Madrid, el territorio con una mayor inversión del DORA III es Catalunya.

El objetivo de AENA en el Prat, al que se destina el 14% de la inversión total de plan aprobado el martes, es que este aeropuerto pueda llegar a soportar un tráfico de 80 millones de pasajeros al año, lo que suma un tercio más a su capacidad actual, 55 millones.

Cotén asegura que “se trata de una barbaridad”. Para conseguirlo, hace falta aumentar el número de vuelos por hora y está previsto que de los 80 de 2026 se llegue a 90 en el 2031. “Están intentando que el Prat se convierta en un Barajas o en un Heathrow y se posicione entre los aeropuertos con más tráfico aéreo del mundo, cosa que no entendemos”, lamenta el portavoz.
La pista que, presumiblemente, se alargará es la que da al mar. “Crecerá en 600 metros, porque lo que se persigue es que tanto los despegues como los aterrizajes sean más rápidos”, detalla Cotén. “Así pueden asegurarse la llegada de más vuelos intercontinentales, es decir, de más pasajeros”.
Barcelona contará también con una tercera terminal y además desarrollará la ciudad aeroportuaria. “Hay una zona urbanizada y poco desarrollada cerca del aeropuerto en la que AENA pretende construir un centro logístico, hoteles y centros comerciales”, apunta la integrante de Zeroport. “Esto significa más negocio para el Gobierno, pero no revertirá en la comunidad autónoma”.
Por todo ello, Zeroport prevé que miles de catalanes llenen el centro de Barcelona este domingo. “Los planes del Ministerio de Transporte no son sostenibles ni se rigen por una contención del turismo que consideramos imprescindible”. Tampoco creen que sus números se confirmen: “El precio del petróleo está por las nubes; viajar en avión cada vez será más caro y el tráfico acabará frenándose”.
El movimiento barcelonés contra la ampliación del aeropuerto de la capital catalana, que reúne a más de 150 entidades de todos los ámbitos, consiguió tumbar las inversiones del DORA II (2022-2026) para El Prat. Sin embargo, como recuerda Cotén “la coyuntura política era distinta, ya que ERC, que se opone a él, formaba parte del Govern de la Generalitat y ahora tenemos al PSOE en todas las instituciones”.
Fuente: El Salto

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