Becaria editorial de la revista +972.
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Escritora, activista, bailarina y directora de desarrollo de recursos de +972.
Desde el 7 de octubre, el Estado sionista ha modificado sus políticas laborales para excluir a los palestinos e incrementar la afluencia de migrantes con condiciones de trabajo muy precarias
La puerta trasera de un camión de basura se abre lentamente. En su interior, unos 70 hombres palestinos se apiñan unos contra otros, con los ojos aún adaptándose a la luz tras lo que parece haber sido un viaje asfixiante. Se protegen los ojos mientras las linternas les iluminan el rostro. Agentes de la policía israelí les apuntan con sus rifles a quemarropa y les gritan órdenes, lo que hace que algunos de los hombres levanten instintivamente las manos. Los sacan del camión uno a uno, con un brazo forzado a la espalda, y se los llevan bajo custodia.
El vídeo de casi diez minutos difundido por la policía israelí el 13 de abril, poco después de que el vehículo fuera interceptado en la autopista que conecta el área metropolitana de Tel Aviv con la Cisjordania ocupada, muestra las consecuencias que sufren los trabajadores palestinos que, sin permisos, intentan cruzar a Israel. Estos hombres que solo buscan ganarse la vida para mantener a sus familias son tratados como peligrosos terroristas.
Durante décadas, el empleo en sectores de bajos salarios dentro de Israel –en particular la construcción, la agricultura y otras formas de trabajo manual– ha sido la piedra angular para que muchos palestinos se ganen la vida en los territorios ocupados, donde la asfixia económica impuesta por Israel mantiene los salarios bajos y el desempleo alto. Antes del 7 de octubre de 2023, se calcula que estos trabajadores inyectaban unos 380 millones de dólares al mes en los mercados locales. En algunas localidades de Cisjordania, más del 90 % de los hombres dependían de empleos en Israel.
Hoy en día, estas oportunidades han desaparecido casi por completo. Tras el 7 de octubre se prohibió la entrada a Israel a más de 200.000 palestinos de Cisjordania y Gaza –entre ellos, 150.000 de Cisjordania con sus papeles en regla, unos 50.000 que trabajaban sin permiso y 18.500 de Gaza–, aparentemente por “motivos de seguridad”.
En efecto, la guerra contra Gaza ha proporcionado al Estado israelí el impulso necesario para reducir significativamente su dependencia de la mano de obra palestina, lo que marca un cambio decisivo en el equilibrio que se ha mantenido durante décadas entre el imperativo ideológico de excluir a los trabajadores palestinos y su papel esencial en el desarrollo económico israelí.
Un equilibrio precario
“Antes de la guerra, la inclusión de los trabajadores palestinos en el mercado laboral era beneficiosa para los intereses económicos de Israel”, declara a +972 Magazine Maayan Niezna, experta jurídica que analiza el uso que hace Israel de la mano de obra migrante. “Pero también formaba parte del proyecto político de la ocupación, creando dependencia al tiempo que ‘contenía’ el riesgo de resistencia al proporcionar un grado de estabilidad económica”.
Con este fin, apenas Israel inició la ocupación militar de Cisjordania y Gaza en 1967, comenzó a conceder permisos a los palestinos que deseaban trabajar dentro de Israel, poniendo en marcha una política que se ha denominado “inclusión controlada”. Entre 1968 y 1973, el número de palestinos que trabajaban en Israel aumentó más de un 38 % anual. Sin embargo, en respuesta a la Primera Intifada, que comenzó a finales de la década de 1980, Israel impuso un estricto régimen de permisos que limitaba el acceso de los palestinos a su mercado laboral, y empezó a sustituir a esos trabajadores por mano de obra migrante.
Los trabajadores tailandeses ocuparon los puestos agrícolas, mientras que se contrató a trabajadores chinos e indios para la construcción y a filipinos para el sector de los cuidados. En el año 2000, cuando estalló la Segunda Intifada, aproximadamente 240.000 trabajadores migrantes, tanto con documentos como sin ellos, constituían cerca del 10 % de la mano de obra israelí.
Pero la economía iba mal: en 2002 tuvo su peor año desde 1953. Con el supremacismo judío y el racismo cada vez más evidentes en la política israelí, el gobierno empezó a convertir a los trabajadores extranjeros en chivos expiatorios de la recesión, culpándolos del aumento del desempleo y de “socavar la naturaleza judía del Estado como resultado de los matrimonios mixtos”.
En 2002, el entonces primer ministro Ariel Sharon lanzó una campaña de deportación masiva dirigida contra los trabajadores migrantes. Las autoridades reclutaron informantes que dejaban marcas visibles en las puertas de los trabajadores extranjeros en un intento de fracturar intencionadamente las comunidades migrantes. Unas 40.000 personas fueron deportadas, y aproximadamente el doble de esa cifra se vio intimidada hasta el punto de marcharse por voluntad propia.
Durante la década de 2010 y principios de la de 2020, Israel volvió a abrir cada vez más sus fronteras a los trabajadores extranjeros, especialmente en los sectores de la agricultura, la construcción y los cuidados domésticos. En los dos primeros sectores, los trabajadores extranjeros sustituyeron de forma activa a los trabajadores palestinos, mientras que en el tercero se creó un nuevo nicho (las cuotas gubernamentales han regulado la mano de obra extranjera en la agricultura y la construcción en torno a los 30.000 trabajadores por sector, mientras que en el sector de los cuidados no hay límite).
Aunque el empleo palestino en Israel siguió aumentando en los años previos al 7 de octubre de 2023 –con más del 20 % de los palestinos de los territorios ocupados empleados en Israel en 2022, frente al 13 % en 2020–, su empleo seguía estando muy controlado: concentrado en sectores de baja categoría, dependiente de sistemas de permisos volátiles y del patrocinio de los empleadores, y a menudo informal o no regulado, con escasas vías de recurso contra la explotación.
Y entonces llegó el 7 de octubre. Casi de la noche a la mañana, cientos de miles de trabajadores palestinos perdieron sus empleos al ser revocados sus permisos de entrada. Miles de habitantes de Gaza, que antes constituían la columna vertebral de esta mano de obra, fueron detenidos o quedaron varados en Cisjordania. En los meses siguientes, la construcción residencial en Israel cayó un 95 %, mientras que la producción agrícola se redujo en un 80 %.
Las “preocupaciones de seguridad” esgrimidas por Israel para justificar la medida –sugiriendo que los trabajadores podrían aprovechar su acceso para ayudar a Hamás en la guerra– no resisten un análisis riguroso. Las investigaciones de instituciones vinculadas al propio aparato de seguridad israelí, como el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS, por sus siglas en inglés), indican que los trabajadores palestinos con permiso casi nunca participan en actividades militantes, ni siquiera el 7 de octubre.
“Es una forma de castigo colectivo”, afirma Niezna. “Prohibir la entrada de trabajadores palestinos no tiene sentido desde el punto de vista de la seguridad; solo tiene sentido como parte de un proyecto político de ocupación y anexión”. En el contexto de la violencia de los colonos en Cisjordania y el genocidio en Gaza, razona Niezna, el debilitamiento de la economía palestina tiene como objetivo acabar con los últimos vestigios de autosuficiencia y autonomía política palestinas.
“Se invita a los migrantes como trabajadores, no como seres humanos”
Aunque los esfuerzos por acabar con la dependencia de la mano de obra palestina son muy anteriores al actual Gobierno israelí, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, se ha convertido en una figura central en su aceleración. Al amparo de la guerra, su ministerio ha impulsado reformas laborales neoliberales, flexibilizando las regulaciones y trasladando las cargas más pesadas a los trabajadores migrantes y a los pocos trabajadores palestinos que quedan, que son los que menos acceso tienen a protecciones legales y sociales contra los abusos.
“Hemos reducido la regulación”, se jactó Smotrich en un anuncio de 2024 en el que promovía políticas para ampliar la contratación de mano de obra extranjera. “[Hemos] traído al país a más de 20.000 trabajadores extranjeros desde el inicio de la guerra de Gaza”.
Ese mismo anuncio esbozaba planes para contratar a unos 65.000 trabajadores de la India, Sri Lanka y Uzbekistán a través de nuevos centros de contratación en las principales ciudades, con negociaciones en curso para elevar esa cifra hasta los 80.000. Según la organización de derechos laborales Kav LaOved, alrededor de 270.000 trabajadores migrantes están empleados actualmente en Israel.
Las consecuencias de este cambio han sido devastadoras para los trabajadores palestinos. Los 8.000 permisos expedidos en 2025 para trabajar dentro de Israel representan solo una fracción de lo que se necesita para mantener a flote la economía de Cisjordania, incluso aunque más de 10.000 palestinos sigan trabajando en los asentamientos. Sin acceso a los salarios israelíes, familias enteras han perdido su única fuente de ingresos y se ven empujadas al límite.
“Los trabajadores palestinos se enfrentan a una pobreza real”, afirma Yael Berda, socióloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén que ha escrito extensamente sobre la mano de obra palestina bajo el régimen de permisos de Israel. “Ni siquiera tienen comida suficiente en la mesa; la situación es muy extrema”.
En este vacío, muchos trabajadores palestinos están asumiendo graves riesgos para mantener a sus familias. Se estima que unos 10.000 palestinos trabajan en Israel sin permiso, una cifra que probablemente sería mayor si no fuera por el efecto disuasorio que supone el abuso generalizado en las prisiones israelíes.
Los trabajadores palestinos, aunque sin duda son los más afectados, no son los únicos cuyos medios de vida se han visto mermados en los últimos años. El estado permanente de guerra de Israel ha elevado el desempleo entre su propia población a casi el 10 %. Mientras tanto, los marcos de compensación del Gobierno han pasado de la protección salarial a los permisos no remunerados, lo que ha interrumpido la acumulación de pensiones y ha dejado a muchos sin ingresos estables.
Estos cambios han venido acompañados de presupuestos orientados a la austeridad y de una creciente confrontación con los sindicatos, incluyendo intentos de bloquear las huelgas. Los tribunales israelíes se han puesto cada vez más del lado del Gobierno, ordenando en ocasiones a los empleados que vuelvan al trabajo incluso en medio de un bombardeo de misiles. Como resultado, los trabajadores con salarios bajos de todos los sectores luchan por llegar a fin de mes, con escaso poder de negociación colectiva.
Para los trabajadores migrantes y los palestinos, los riesgos se agravan: la amenaza de deportación o de revocación del permiso da a los empleadores una ventaja significativa para explotar a la mano de obra. “Estos trabajadores pueden sindicalizarse”, dijo Yaniv Bar Ilan, portavoz del sindicato israelí Koach LaOvdim. “Pero, dado que se encuentran en una posición muy vulnerable –no pueden quejarse por miedo a represalias y, a menudo, desconocen sus derechos–, los intentos de hacerlo siguen siendo limitados”.
Aunque, sobre el papel, los derechos laborales son iguales tanto para los trabajadores israelíes como para los migrantes, “observamos claras diferencias en la forma en que se aplican las normas de seguridad y las protecciones”, explica Yahel Kurlander, socióloga que estudia la mano de obra migrante agrícola en Israel. De media, los trabajadores migrantes del sector agrícola israelí solo reciben alrededor del 70 % del salario que les corresponde legalmente.
Estas disparidades se acentúan aún más en tiempos de guerra. El acceso a los refugios antiaéreos y otras medidas de seguridad suele dejarse en manos de los empleadores, a pesar del aumento de los riesgos –especialmente en la agricultura, donde el trabajo se realiza con frecuencia en zonas fronterizas inestables–. El Estado ha fracasado en gran medida a la hora de proporcionar formación u orientación básica en materia de seguridad, lo que deja a los trabajadores sin un conocimiento mínimo de los protocolos de emergencia.
Los resultados han sido catastróficos. Durante los ataques del 7 de octubre, 22 trabajadores tailandeses fueron tomados como rehenes y 32 perdieron la vida. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026, al menos tres trabajadores migrantes han muerto en ataques con misiles. Sin embargo, la difícil situación de estos trabajadores ha recibido escasa atención pública, lo que refleja su condición en la sociedad israelí: esenciales para la economía, pero invisibilizados.
Tras dos años y medio de guerra en Gaza, “todavía no hay instrucciones para los trabajadores de asistencia a domicilio sobre qué hacer durante una alarma”, cuenta Kurlander. “A los migrantes se les invita a Israel solo como trabajadores, no como seres humanos”.
“Podría volverse en su contra”
En Israel, al igual que el sistema kafala utilizado en los países del Golfo, los visados (para migrantes) y los permisos (para palestinos) de los trabajadores suelen estar vinculados a su empleador. A los trabajadores migrantes se les suelen expedir visados de cinco años patrocinados por los empleadores, quienes están legalmente obligados a proporcionarles alojamiento, facilitarles el acceso a cuentas bancarias y garantizarles tiempo libre semanal suficiente. Además, a menudo solicitan préstamos para financiar su traslado, quedando atados a una deuda de miles de dólares que les exige meses o años de salario para saldar.
En la práctica, esta dependencia deja a los trabajadores en una situación de gran vulnerabilidad, e incluso cuando sus derechos son formalmente iguales a los de los ciudadanos israelíes, su aplicación es desigual. Un informe de 2014 de Kav LaOved reveló que los trabajadores agrícolas denunciaban habitualmente estar expuestos a pesticidas sin la protección ni la formación adecuadas, sufrir retenciones salariales, pasar hambre y residir en viviendas inhabitables. Los empleadores también incumplían con frecuencia la obligación legal de abrir cuentas bancarias a los trabajadores.
Sin la intervención del Gobierno, estos abusos se han convertido en la nueva norma. Como señala el informe, “el sector agrícola israelí se ha vuelto dependiente de salarios ilegalmente bajos”, y advierte de que “la aplicación de la ley sin algún tipo de compensación para los agricultores podría causar un gran perjuicio al sector”. Estas ilegalidades suponen más de 170 millones de dólares en pérdidas anuales para los trabajadores.
La dinámica bélica reciente ha puesto de relieve este cambio. El asesinato de tres trabajadores migrantes en Israel por misiles iraníes durante la última escalada se suma a víctimas similares en los países del Golfo, lo que evidencia los paralelismos entre el modelo laboral de Israel y el de economías más dependientes de la migración.
Aunque los trabajadores migrantes representan una proporción menor de la mano de obra israelí –aproximadamente entre el 7 % y el 15 %, frente al 90 % en los Emiratos Árabes Unidos–, el sistema comparte una característica clave: la dependencia de los trabajadores respecto a la voluntad de sus empleadores y del Estado. Esto hace que los trabajadores sean fácilmente sustituibles, lo que permite cambios grandes y rápidos en el mercado laboral –como se vio tras el 7 de octubre, cuando la mano de obra palestina fue rápidamente restringida y sustituida por trabajadores migrantes–.
Sin embargo, aún es demasiado pronto para afirmar si esta exclusión de los trabajadores palestinos supone un cambio duradero. Del mismo modo que Israel sustituyó rápidamente la mano de obra palestina por trabajadores migrantes, podría optar por hacer lo contrario si cambiaran las condiciones políticas y económicas. “Es como un péndulo”, sostiene Niezna. “Podría volver a oscilar en sentido contrario”.
La erosión de las protecciones de los trabajadores no se ha limitado a los migrantes: en todo el mercado laboral, tanto los trabajadores israelíes como los palestinos y los extranjeros con salarios bajos han visto cómo sus condiciones se deterioraban como consecuencia de la desregulación de la mano de obra migrante.
Sin embargo, aunque sus destinos están profundamente entrelazados, el alto desempleo y las condiciones precarias han socavado la posibilidad de una solidaridad interétnica. En sectores como la construcción y la agricultura, a menudo se ha presentado a los trabajadores palestinos como competidores de la mano de obra israelí, mientras que a los trabajadores migrantes se les tacha a veces de perjudicar a ambos.
Tras la Primera Intifada, por ejemplo, el resurgimiento de las campañas a favor de la “mano de obra hebrea” –popularizadas por primera vez durante la inmigración sionista temprana a Palestina– presionó a las empresas para que evitaran contratar a trabajadores palestinos, a quienes consideraban responsables de la bajada de los salarios y del desplazamiento de los israelíes. Tales narrativas ocultan el papel de las políticas neoliberales de Israel en la reducción de los salarios y las protecciones, al tiempo que alimentan fácilmente el discurso popular racista que convierte a los palestinos y a los trabajadores migrantes en chivos expiatorios.
“He oído a algunos referirse a los trabajadores migrantes como ‘esquiroles’”, declara a +972 Matan Kaminer, profesor de antropología en el Reino Unido que investiga la mano de obra migrante en Israel. Aunque se les haya traído para sustituir a los palestinos en trabajos mal remunerados, él rechaza este planteamiento. “El Estado israelí se basa en una idea de supremacía judía, y estas personas están siendo utilizadas con fines políticos y económicos que realmente no tienen nada que ver con lo que ellas mismas piensan sobre la situación”.
“Un imaginario verdaderamente progresista y decolonial plantea un futuro en el que todas las personas que viven en el país tengan los mismos derechos”, continúa. “Va más allá del nacionalismo e incluso del binacionalismo como única frontera posible”.
Fuente: Ctxt
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