Periodista y activista que escribe sobre justicia social.
Este 28 de septiembre, a las 19h, se concentra en Sol la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid para reclamar un año más que la comunidad de Madrid cumpla su deber legal de crear un Registro de Objeción de Conciencia en los hospitales. En 2024, según datos del Ministerio de Sanidad, de los 21.000 abortos que se practicaron en toda la CAM, solo 78 se realizaron en la sanidad pública, un tímido 0,47% de todas las interrupciones.
Una de las conquistas históricas del movimiento feminista en España ha sido, sin duda, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Poder abortar sin ser señaladas por ello significa no haber de recurrir al terror de la clandestinidad, que tantas veces ha costado la vida a las mujeres más precarias y vulnerables en todo el mundo.
Las mujeres han abortado siempre, ninguna prohibición estatal ha llegado a limitar el ejercicio de esta práctica.
Pero mientras unas pocas ricas viajaban al extranjero para poner fin a su gestación, muchas otras fallecían en silencio en espacios insalubres tras realizarse abortos en condiciones de alto riesgo sin personal sanitario. Un acceso efectivo al aborto es hoy sinónimo de autonomía reproductiva sobre los propios cuerpos para que la maternidad sea un acto consciente y no una imposición ni un castigo moral. En esta línea, la periodista y redactora jefa de Género de El Diario, Ana Requena, sostiene en su ensayo Provida la idea de que defender la vida es negarse a la maternidad forzosa, apostar por crianzas plenamente decididas.
En España, el aborto se despenaliza por primera vez, aunque tan solo en determinados supuestos, a través de la Ley Orgánica 9/1985. Supuestos como que existiera un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”, una violación en las primeras semanas o que el feto pudiera nacer con problemas físicos o psíquicos manifiestos como malformaciones. Es en dicha década de transformación social cuando comienza su andadura la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid, una organización de mujeres de la región que aglutina diversos colectivos y organizaciones feministas por la defensa de este derecho.
Su fundación va, pues, unida al renacer democrático y a la lucha por interrupciones seguras.
Sus victorias conforman hoy toda una genealogía de mujeres que pusieron el cuerpo para que el resto ganara libertad reproductiva. “A principios de la Transición ya venían grupos feministas reclamando varias cuestiones, entre ellas el tema del aborto. En aquel entonces estaban en diferentes lugares del Estado español las llamadas comisiones pro-derecho al aborto”, rememoran con alegría.
Aunque sus formas de trabajar han ido variando con el paso de los años y de los aprendizajes, reconocen que hay cuestiones que se mantienen intactas hasta el día de hoy, como la perspectiva interseccional: “En nuestros manifiestos siempre hablamos de que queremos un aborto para todas y todes partiendo de una visión anticolonial del feminismo. Nos identificamos con el feminismo autónomo, inclusivo, antirracista, anticapitalista. Esa es una insignia de la Comisión de siempre”, cuenta a este medio Gemma, integrante de la Comisión.
Otro rasgo que las define, afirman, es su voluntad de incidencia política, que no excluye una fuerte presencia en las calles. “Ya lo hicimos, por ejemplo, en el marco de la preparación de la ley del año 2023 [la actual legislación sobre el aborto introducida por el Ministerio de Irene Montero] tras reunirnos y tener conversaciones con la ministra para que recogiera nuestras demandas”, infiere Gemma. Y añade: “Somos parte de un feminismo que entiende el espacio público como un lugar clave que tenemos que conquistar y ocupar”.
El escenario sociopolítico ha cambiado radicalmente desde aquellos primeros coletazos de la Transición, cuando el aborto todavía era un tabú, hasta la actualidad, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza de la Comunidad de Madrid. Sobre el papel las madrileñas pueden acudir a su centro público de salud y practicarse un IVE si así lo desean, sin embargo, desde la Comisión saben bien que “todavía queda mucho trabajo por hacer” debido a las barreras de acceso en la sanidad pública madrileña. Unos obstáculos que afectan muy particularmente a las mujeres migrantes sin tarjeta sanitaria debido a su situación administrativa, para quienes este derecho está mucho más condicionado, como lleva años mostrando la Comisión Migrante y Antirracista del 8M.
Pero el verdadero apogeo de estas protestas feministas llegó en 2013, cuando el exministro de Justicia del Partido Popular y expresidente autonómico Alberto Ruiz Gallardón trató de revocar la ley del aborto aprobando el anteproyecto de la ley orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada —la polémica ley antiaborto—. “Las concentraciones que se hicieron desde la Comisión fueron multitudinarias. Pero claro, tiene que haber una amenaza para movilizar”, esgrimen.
Aquel intento de regresión, que suponía un retorno a la ley de supuestos posfranquista, supuso la muerte política del por aquel entonces ministro popular y desembocó finalmente en su dimisión. “Tras la caída de Gallardón, a partir de 2015, la Comisión por el Derecho al Aborto vuelve a convocar como tal y se empieza a preparar la huelga que cuaja en 2018”, explican.
Hoy, la ofensiva antiabortista de los populares parece haberse entronizado de nuevo a través de políticas que dificultan el acceso efectivo a la IVE, pero también a través de la criminalización de las que deciden poner fin a su gestación: el año pasado, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por José Luis Martínez-Almeida, aprobó una propuesta de Vox para informar a las mujeres embarazadas que quieren someterse a un aborto sobre el supuesto “síndrome post aborto”.
Gemma y Yolanda recuerdan que, fruto de la expansión de este tipo de ideas sin respaldo científico, tuvieron lugar años atrás en Madrid acciones de acoso continuado a mujeres jóvenes en clínicas privadas por parte de grupos antiabortistas organizados. Grupos que a día de hoy siguen nutriéndose de un contexto reaccionario donde las consignas antifeministas abanderadas por la ultraderecha global van ganando terreno. Fue especialmente mediática la campaña de acoso de 2020 en la Clínica Dator, en el distrito de Tetuán, donde la Comisión hizo una importante labor de denuncia social. Amparándose en bulos antifeministas, numerosas personas vinculadas a grupos ultracatólicos se dedicaron a hostigar a mujeres embarazadas para impedir que abortaran, mostrándoles incluso imágenes de ecografías o realizando rezos colectivos.
Tiempo antes, en 2007, durante el conocido Caso Isadora —por el nombre de una clínica privada donde se practicaban IVE—, tres agentes de la Guardia Civil habían capitaneado durante dos años una persecución judicial contra ese centro médico acusando a sus profesionales de practicar abortos ilegales y sustrayendo expedientes de mujeres. El juez de Instrucción número 47 de Madrid terminó archivando el caso por falta de indicios.
Una nueva Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva que blinde este derecho
Prácticamente desde la fundación de la Comisión en Madrid se ha peleado intensamente por la inclusión del aborto en la Constitución a través de una reforma legislativa. Hoy, esa demanda ha sido contemplada por el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo (PSOE) pero no bajo las condiciones que ellas desearían. “Ya se pedía en épocas anteriores, el PSOE propuso incluirlo en el Título I, en un apartado 4 al artículo 43, que recoge el derecho a la protección de la salud, donde también está por ejemplo el derecho a la vivienda. Nosotras dijimos que debería estar incluido como parte de los derechos fundamentales, que gozan de una protección mucho más sólida. Es publicidad pura y dura porque no avanza nada”, reprochan. Actualmente Francia es el único país del mundo que recoge el aborto en su Constitución.
Este 28S también reivindican, en este caso al Ministerio de Sanidad, la aprobación de una nueva Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva —desactualizada desde hace 15 años— por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Se trataría de una herramienta que permite fiscalizar que se cumple la ley a partir de la colaboración de las distintas administraciones públicas del Estado. “Esos deberes no están hechos”, señalan con contundencia desde la Comisión. Tal medida permitiría, por ejemplo, limitar iniciativas como la “ley del concebido no nacido” de la presidenta regional que causó un profundo rechazo social al equiparar jurídicamente al no nacido con las personas ya nacidas.
La comisión trasladó recientemente a través de un editorial su preocupación ante los efectos simbólicos de este tipo de propuestas contrarias a los derechos ya consolidados. “Es cierto que existe un consenso general sobre el derecho de la mujer a decidir, y eso es una batalla que hemos librado y hemos ganado porque ese sentido común está muy instalado en la sociedad, pero también vemos cómo lo conquistado puede verse amenazado en ocasiones”, alegan las integrantes.
Combatir la desinformación para decidir con libertad
Si bien valoran positivamente que el Ministerio de Sanidad de Mónica García (Sumar) lanzara este último mes la primera campaña estatal “para combatir la culpa y los juicios que todavía rodean a la interrupción voluntaria del embarazo y reivindicar el derecho a recibir información, acompañamiento y una atención sanitaria respetuosa con la decisión de abortar”, admiten que esto no es suficiente y que llega tarde.
“Solicitamos que haya más formación en cuanto a interrupción voluntaria del embarazo en la carrera de medicina, en ginecología, pero también en enfermería y en todo lo que tiene que ver con la rama sanitaria. Además, otro desafío es que ahora hay un gran auge de universidades privadas con tinte religioso, sabemos lo que eso conlleva a nivel de currículums”, sostienen.
La desinformación rampante, que tanto ha demostrado beneficiar a la extrema derecha antiderechos, es un reto con el que cuentan desde la Comisión desde sus inicios. Ellas reciben a diario mensajes de consulta en redes sociales ya que muchas mujeres no encuentran apenas datos en las webs del Ministerio u otros portales oficiales —especialmente si se trata de la Comunidad de Madrid— sobre las condiciones de acceso al aborto. En este sentido, reconocen el profundo trabajo realizado por sus compañeras de la Asociación de Derechos Sexuales de Catalunya a través de su web pionera Quiero Abortar, que proporciona información fiable y detallada sobre la IVE.
Parte de esa información debería funcionar, explican, para que las mujeres puedan decidir qué tipo de aborto quieren practicarse. “Si vas a la clínica privada no te van a ofrecer nunca la pastilla [el aborto farmacológico], porque no les conviene, ellas cobran más por practicarte un aborto instrumental. Eso tiene que decidirlo cada mujer, hay que explicarle en qué consiste cada uno y según su casuística, que elija uno u otro, algo que actualmente no ocurre”, infiere Gemma. En esta línea, Yolanda añade que desde la Comisión reivindican que los dos modelos deben ofrecerse en la pública con las mismas posibilidades “con conocimiento informado”.
Fuente: El Salto
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