Periodista y documentalista. El Salvador.
El 2 de julio de 2007, Conchi Juárez se puso una camisa blanca para pasar desapercibida y llegar hasta donde, de otro modo, quizá no habría podido entrar. Aquel día, Suchitoto, una localidad del departamento de Cuscatlán, en el centro de El Salvador, se convirtió en el escenario elegido por el entonces presidente del páis, Elías Antonio Saca, para presentar la política de descentralización de los servicios públicos de su Gobierno, incluido el agua. Sobre el papel, la palabra sonaba a cercanía y autonomía. Para las comunidades, sin embargo, significaba algo muy distinto: que el Estado se desentendía de su responsabilidad sobre el agua.
En el municipio, los sistemas comunitarios ya gestionaban el agua, se ocupaban de su mantenimiento, protegían los pozos, ampliaban la cobertura y cobraban una tarifa por el servicio. “Pero en ese momento descentralizar significaba que el Estado se deshacía del problema del agua”, recuerda Conchi.
Ella y una compañera de trabajo se sumaron a las movilizaciones contra la política de descentralización de los servicios públicos, que las organizaciones comunitarias cuestionaban por el riesgo de que el Estado se desentendiera de su responsabilidad sobre el agua y abriera la puerta a su privatización. La respuesta fue la represión policial y militar: decenas de personas resultaron heridas y 14 fueron detenidas. Mientras avanzaban hacia Suchitoto, Conchi y su compañera vieron cómo arrestaban a algunos de sus compañeros. “Eran nuestros hermanos, que estaban siendo detenidos por la lucha, por la protección del agua, un bien que es de todos y de todas. Y, ¿cuál era el delito?”, recuerda.
Tras meses de diligencias judiciales, las personas detenidas fueron finalmente liberadas, pero la movilización dejó una huella que continuaría en Suchitoto. Con los años, las comunidades y las organizaciones fueron articulando nuevas formas de participación, hasta impulsar dos consultas populares sobre el derecho humano al agua. La primera se celebró en mayo de 2017 y, aunque la mayoría votó a favor de reconocer el acceso al agua como un derecho, no alcanzó la participación necesaria para que el resultado fuera vinculante. La segunda, celebrada en octubre de 2019, reforzó las demandas de protección de las fuentes de agua y contribuyó a impulsar la aprobación, el 21 de septiembre de 2021, de la Ordenanza para la Protección y Conservación del Recurso Hídrico. Sin embargo, las organizaciones comunitarias sostienen que, en la práctica, estas herramientas nunca evitaron que nuevas actividades industriales pusieran en riesgo las fuentes de las que dependen.
Casi veinte años después, aquella disputa sobre quién debe garantizar el agua sigue teniendo consecuencias concretas. Abrir el grifo y que salga agua depende, en parte, del lugar donde se vive. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2024, el 81,1% de los hogares salvadoreños tiene agua por cañería dentro de la vivienda. En las zonas urbanas el porcentaje alcanza el 87,9%, frente al 69,8% de las rurales. Sin embargo, tener una tubería tampoco garantiza que el agua llegue todos los días: el Censo de Población y Vivienda de 2024 registró que un tercio de las viviendas que reciben agua por tubería no la tienen a diario.
Gente sin agua, agua sin gente
En las comunidades rurales, las mujeres suelen asumir buena parte de las tareas de cuidado y del trabajo doméstico. Cuando el agua falta, aumenta también su carga de trabajo y, en algunos contextos, su exposición a riesgos. Así lo explica Vidalina Morales, lideresa comunitaria de Santa Marta, una comunidad rural del departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador, y defensora del agua y el territorio: “Somos las primeras que sostenemos la vida y las que tenemos el contacto primero desde tempranas horas de la mañana con el agua”. Cuando esta falta, dice, “doblega la carga, el trabajo para las mujeres”. Conseguirla puede implicar, además, recorrer distancias y desplazarse a lugares donde las mujeres quedan expuestas a violencia sexual, asaltos u otras agresiones.
Por eso, para quienes viven en estas comunidades, defender el acceso al agua no significa únicamente conseguir que llegue a las casas, también implica proteger las fuentes que hacen posible ese abastecimiento. En La Mora, otras de las comunidades rurales de Suchitoto, Félix Ángela Pineda fue la primera mujer en presidir uno de los dos sistemas comunitarios de agua que abastecen a la población. Allí, la organización no se limita a llevar agua hasta las casas, sino que también busca “proteger el manto acuífero del que depende el abastecimiento”.
El agua sostiene además la producción de alimentos y los medios de vida de las comunidades. Proteger las fuentes forma parte, por tanto, de una defensa más amplia del territorio y de la soberanía alimentaria. Esa defensa llevó a la comunidad rural de La Mora y otras comunidades organizadas a gestionar el abastecimiento de agua en el municipio de Suchitoto y a movilizarse desde 2019 contra la construcción de una granja avícola: en abril de 2023, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) concedió a Avícola Salvadoreña S.A. de C.V. un permiso de exploración de aguas subterráneas. Posteriormente, la empresa solicitó autorización para extraer agua para su actividad. Las comunidades presentaron escritos, acudieron a los tribunales y al Ministerio de Medio Ambiente y coordinaron acciones entre ellas. A pesar de todo, la granja finalmente se instaló.
Pineda advierte de los riesgos para el acuífero: “Está en peligro de solapamiento, está en peligro de contaminación y comporta otros riesgos”. Entre ellos, señala, la perforación de nuevos pozos para extraer agua de la que dependen varias comunidades.
Krissia Elena Romero Solís, integrante de la Mesa de Manejo de Fuego y Agua de Suchitoto, cuestiona la falta de consulta a la población en estos procesos: “Cuando se solicita el permiso exploratorio, no se hace una consulta con la población”. Más allá de este caso, la contaminación también llega al embalse de Cerrón Grande a través de los ríos que desembocan en él.
Un embalse que recibe la contaminación
Las aguas residuales y otros vertidos generados en distintos puntos de la cuenca del Lempa terminan llegando a los ríos y, finalmente, al embalse del Cerrón Grande.
En 2025, esa presión se hizo especialmente visible con un episodio de mortandad de miles de peces. La acumulación de materia orgánica redujo el oxígeno disponible en el agua y provocó la muerte de los animales.
Pero la contaminación no se queda en una cuestión ambiental: en el Cerrón Grande se convierte también en una cuestión de supervivencia para quienes viven de sus aguas.
Marta Gloria Carvajal, vicepresidenta de una cooperativa de 21 personas, aprendió a pescar de niña y todavía sale al embalse con su atarraya y su anzuelo. “La mayoría de personas que vivimos aquí dependemos prácticamente de la pesca”, cuenta. Con los años ha visto cómo las lluvias arrastran lodo, tierra y residuos desde los ríos hasta el embalse. “El Cerrón Grande prácticamente ha pedido el nivel que tenía anteriormente”, explica. Para quienes viven de la pesca, el deterioro del agua no es una amenaza lejana: significa menos espacio y menos posibilidades para obtener el sustento diario.
Carvajal también participa en las jornadas de limpieza que organizan las cooperativas para retirar bolsas, botellas y otros residuos de las orillas. Pero su experiencia le ha enseñado que recoger la basura no basta. “Cuanta menos contaminación venga de los ríos, menos contaminación tendrán nuestros embalses”, dice. Lo que está en juego, para ella, no es únicamente el estado del agua. Es también el futuro de las familias que viven alrededor del embalse.
El deterioro del embalse convive con iniciativas que buscan sostener los medios de vida de las comunidades sin agravar la presión sobre el territorio. Nerea Izaguirre Ezeitza, agricultora española que trabaja en El Salvador con CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional), acompaña a mujeres de cuatro comunidades de la zona del embalse en el marco de un proyecto apoyado por la Generalitat Valenciana que tiene como objetivo de impulsar su participación en el desarrollo sostenible. El trabajo combina formación agroecológica, fincas productivas familiares, apoyo a bancos comunales gestionados por mujeres y acciones de sensibilización y protección ambiental. Se trata también de reforzar la capacidad para intervenir en las decisiones que afectan a sus medios de vida y al territorio del que dependen. “No puedes desligar la parte productiva de la gestión del agua. Si no hay agua, no se puede producir”, explica Izaguirre. Y mientras las comunidades tratan de contener una contaminación que ya llega al embalse, una amenaza de otro tipo vuelve a situarse sobre las fuentes de agua del país: la minería metálica.
El regreso de la minería metálica
El Salvador prohibió la minería metálica en 2017, después de años de movilización de organizaciones y comunidades que denunciaban sus posibles impactos sobre el agua. La prohibición fue derogada en diciembre de 2024, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Minería Metálica, que vuelve a permitir la exploración y explotación de minerales metálicos bajo regulación estatal.
El Salvador cuenta con antecedentes de contaminación minera que ayudan a entender las preocupaciones de las comunidades. En el departamento oriental de La Unión, la antigua mina San Sebastián, situada en el entorno de Santa Rosa de Lima, dejó un problema de drenaje ácido que persiste años después del cese de la explotación. La Unidad Ecológica Salvadoreña ha documentado la presencia de sustancias contaminantes como cianuro, hierro, aluminio y cadmio en la zona. Además, el Ministerio de Medio Ambiente ha advertido de que las aguas del río San Sebastián no son aptas para el consumo humano.
Para Vidalina Morales, que conoce de cerca la historia de aquella prohibición, el regreso de la minería supone también volver a poner en cuestión la protección de las fuentes de agua. “La reapertura de la minería metálica no supone únicamente el regreso de una actividad económica, sino una nueva amenaza para las fuentes de agua del país”, afirma.
Su preocupación se centra especialmente en el río Lempa, principal sistema hídrico de El Salvador, y en el embalse de Cerrón Grande, que recibe sus aguas. Morales recuerda que los procesos utilizados en la minería pueden provocar daños “irreversibles” y que sus efectos no quedan necesariamente confinados al lugar donde se desarrolla un proyecto. La preocupación vuelve así al mismo punto que atraviesa las luchas de las comunidades desde hace décadas: qué ocurre cuando una actividad pone en riesgo una fuente de la que dependen otras personas y otros territorios.
Defender el agua, defender la vida
En El Salvador, el espacio se ha estrechado desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022. La medida, concebida por el Gobierno de Nayib Bukele con la premisa de combatir a las pandillas, permanece vigente más de cuatro años después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado reiteradamente su preocupación por su prolongación y por denuncias de detenciones arbitrarias y afectaciones al debido proceso.
Casi dos décadas después de aquel 2 de julio de 2007, Conchi Juárez siente que el discurso del miedo ha vuelto. “Sí, ha vuelto, y quizás mucho más marcado todavía”, afirma. “Tenemos unas leyes que te obligan a estar en silencio, callados. No es fácil organizarnos y salir. No es como antes, porque hoy las condiciones a nivel de nuestro país han cambiado”.
Desde 2022, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones a las garantías judiciales y un clima de intimidación que afecta también a personas defensoras y organizaciones sociales. En 2025, Amnistía Internacional documentó un aumento de la criminalización de defensores, líderes comunitarios y voces críticas y señaló el uso del sistema penal contra personas que ejercen su derecho a la protesta.
Para Vidalina Morales, que lleva décadas vinculada a la defensa del territorio frente a la minería, ese temor tiene una dimensión de poder. “Los defensores somos una presa fácil para quienes tienen el poder”, afirma. En el caso de las mujeres que defienden el agua, la amenaza no termina en la contaminación de un río, en la pérdida de una fuente o en el avance de una actividad extractiva. También alcanza la posibilidad de denunciar, organizarse y cuestionar decisiones que afectan al territorio. Por eso, casi veinte años después, Conchi insiste: “No podemos perder la memoria”.
Entre aquella protesta de 2007 y las luchas actuales hay casi dos décadas de organización comunitaria. También permanece una pregunta que atraviesa todas estas historias: si ellas no defienden el agua, ¿quién va a sostener la vida?
Fuente: El Salto
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