Por S. Jiménez
Directora adjunta de PeriódicoCLM.
Convocados por las plataformas Stop Biometano, cientos de vecinos se han concentrado para exigir la paralización del Plan de Biometanización de la Junta y evitar que Castilla-La Mancha se convierta en un «territorio de sacrificio»
«Ni en tu pueblo, ni en el mío» es el mensaje que cientos de vecinos y vecinas procedentes las cinco provincias castellanomanchegas han lanzado este sábado en Toledo para mostrar el rechazo social al modelo de biometanización impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el que se pretende convertir a la región en «territorio de sacrificio» al servicio de intereses industriales ajenos a las necesidades de los pueblos.
Bajo el lema ‘Por la defensa del territorio, la salud pública y la dignidad del medio rural: ni en tu pueblo, ni en el mío’ se han concentrado en la plaza de Zocodover para exigir la paralización del Plan Regional de Biometanización y defender a los pueblos frente a la «imposición» de macroplantas y macrogranjas.
Ni la lluvia ni los cientos de kilómetros que muchos han tenido que recorrer hasta la capital regional les ha impedido sumarse a la convocatoria realizada por las plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha para tratar de frenar la amenaza que supone para sus pueblos la implantación de este modelo, impulsado de la mano del propio sector del biogás e ignorando la preocupación y contestación social que la llegada de estas macroplantas está generando en el territorio por sus posibles impactos sobre acuíferos, contaminación por nitratos, emisiones, olores, bioaerosoles, incremento del tráfico pesado, deterioro de la economía rural tradicional y riesgos para la salud pública. Y es que, están convencidos de que es «ahora o nunca» el momento de pararlo.
Y así lo han puesto de manifiesto representantes de asociaciones, plataformas y movimientos vecinales de Villarrobledo, Tobarra, Campo de Criptana, Socuéllamos, Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Madridejos, Tierra Viva Azuer (Manzanares y Membrilla), Valdepeñas, Pedro Muñoz, Tomelloso, Arenales de San Gregorio, Manzanares, Malagón, Caracuel de Calatrava, Daimiel, Campos del Paraíso, Huelves y Paredes, Fuentenovilla, Villa de Don Fadrique, La Sagra Viva sin Biogás, Quintanar de la Orden, así como las organizaciones Pueblos Vivos Cuenca, Stop Ganadería Industrial y Ecologistas en Acción, que han unido sus voces para exigir la suspensión cautelar del Plan Regional, así como de todos los proyectos de plantas de biometano en la región, «incluso los que ya han sido autorizados».
Una concentración a la que se ha llegado en plena polémica por las recientes manifestaciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien además de anunciar que el decreto podría ser listo «antes del verano», se preguntaba «qué piensan hacer» los municipios «con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora», y que de no tratarse «de forma adecuada», supondrán «un grave problema» en la región, «ya que se llevarán a los vertederos y habrá contaminación de los acuíferos».
Un ‘sus’ en el que hacía hincapié la consejera, pero que en realidad no refleja lo que recogen los proyectos de macroplantas que ya se tramitan en la Junta, puesto que los volúmenes anuales de residuos a tratar contemplados para la mayoría de ellas superan con creces los generados por los pueblos en los que se pretenden ubicar. Miles de toneladas que, como denuncian desde los movimientos vecinales, llegarían procedentes de otras localidades, aumentando riesgos, molestias, olores y contaminación de sus territorios. Esto, subrayan las plataformas, «no es economía circular».
Problemas contra los que han vuelto a alzar la voz este sábado en Toledo, denunciando «la falta de respuesta democrática, jurídica y ambiental» por parte del Ejecutivo autonómico, desde el que se ha pretendido saldar con una carta -genérica y remitida a todas las plataformas- las 15.071 alegaciones presentadas por vecinos, asociaciones y ayuntamientos al Plan Regional de Biometanización. Una contestación que consideran «insuficiente, genérica y profundamente irrespetuosa con el derecho de participación pública».
Respuesta, cabe recordar, en la que Gómez volvía a insistir en la idea de que la última palabra sobre la instalación de macroplantas de biogás la tendrán los ayuntamientos. Argumentación esta que no tardaban en rebatir los movimientos ciudadanos, recordando a Gómez que el 61 por ciento de los municipios de la región carecen de planeamiento urbanístico propio, debido a su pequeño tamaño y alto coste para su elaboración, por lo que terminan aplicando normas subsidiarias de carácter regional, que no recogen los límites sobre los que, según la consejera, radica la autonomía de los ayuntamientos para decidir sobre la implantación o no de proyectos de biometano.
No obstante, esta misma semana, la titular de Desarrollo Sostenible volvía a defender el Plan Regional que definirá «qué tipo de instalaciones son las que pueden venir a Castilla-La Mancha», pero sobre todo, «dónde se tienen que instalar y de qué forma». Contexto en el que considera «fundamental» que los proyectos empresariales de biometano busquen «buenas ubicaciones», que «no molesten a absolutamente nadie» y que solucionen el problema de tratamiento de residuos «generando un abono orgánico de buena calidad» y a su vez «agua que se puede tratar y utilizar» en la agricultura.
Máximas que, según la Junta quedan recogidas en el documento que ultiman y del que, sin embargo, los movimientos ciudadanos piden su paralización, puesto que la evaluación ambiental y técnica han sido realizadas desde el propio sector del biogás, presentando así un conflicto de intereses.
Denuncian que el Plan Regional carece de una evaluación acumulativa rigurosa sobre el efecto conjunto de decenas de proyectos previstos, al tiempo que omite un análisis «clave» como es el de la disponibilidad de recursos, la trazabilidad del digestato y las emisiones fugitivas, y despierta «graves dudas» sobre su imparcialidad, debido a la vinculación de las entidades adjudicatarias con el propio sector del biogás.
Frente a ello, las plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha reclaman un marco legal «previo, garantista y preventivo», que proteja el territorio, la salud pública, la economía rural y la autonomía municipal.
Como hoy han manifestado en Toledo, los vecinos y vecinas de los municipios afectados no están dispuestos a que «se juegue con nuestra salud, nuestro agua y nuestro futuro, mientras se ignora la voz de miles de ciudadanos».
Voz de los pueblos que hace ya más de cinco meses pedían al presidente regional, Emiliano García-Page, que escuchara. Sin embargo, la reunión solicitada no se ha llegado a producir en este tiempo y tampoco se han querido atender sus preocupaciones reflejadas en las alegaciones presentadas.
Pese a todo, las plataformas han querido hoy demostrar la unidad regional frente a este modelo impuesto, lanzando un mensaje inequívoco al Gobierno autonómico: la ciudadanía rural está organizada, movilizada y decidida a defender sus derechos. Asimismo han anunciado que continuarán intensificando su coordinación y sus acciones sociales, institucionales y jurídicas hasta lograr la paralización de un plan «injusto, insostenible y contrario a la voluntad de la mayoría de los pueblos».
Fuente: Público
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