Catedrático de Derecho Procesal en la Universitat de Barcelona.
La instrumentalización de la justicia anuncia cambios sociales relevantes porque pone en evidencia la existencia de un poder acorralado
Hay una constante histórica de la que nadie parece ser demasiado consciente. Igual que los descensos repentinos en las bolsas acostumbran a anunciar una inminente recesión, cuando en un Estado algunos de sus jueces se han dedicado a hacer lawfare, es decir, a prevaricar para defender una opción política, y lo practican con inusitada frecuencia o al menos en casos relevantes, se ha producido, tarde o temprano, una reacción popular que, de un modo u otro y con más o menos sinsabores, ha provocado un cambio de régimen, e incluso a veces un cambio de época. Igual que con la caída de los valores bursátiles, hay excepciones y también otros factores que a veces acaban siendo preponderantes en el cambio. Sin embargo, la degradación de la confianza ciudadana en una Justicia que, incluso, se había llegado a admirar, no parece ser irrelevante para el devenir histórico.
Ha ocurrido demasiadas veces como para no prestarle atención al fenómeno. Dejando al margen la represión judicial propia de las dictaduras, en las que el juez sólo es una pieza sumisa del sistema autoritario, tal vez el ejemplo científicamente más evidente es el acaecido en el siglo XVII en Inglaterra. Hubo algún rey que, interesado en mantener su poder por diferentes razones –económicas, sobre todo–, se dedicó a utilizar a sus jueces para encarcelar o eventualmente ejecutar a rivales políticos con pretextos que podían parecer legales, pero que a ojos de todos no lo eran, tampoco a los ojos de las propias leyes. Cuando, tras esos excesos, en 1645 fue decapitado el principal responsable de los abusos, Carlos I, se abrió un periodo republicano-dictatorial. Poco después volvió la monarquía, pero en 1688, Jacobo II –tras algún otro caso sonado de lawfare– fue expulsado del trono; el Parlamento obligó entonces al que fue nuevo rey –de otra dinastía– a acatar un documento –Bill of Rights– que es el origen de la monarquía parlamentaria y hasta de los catálogos de derechos fundamentales que hoy adornan la enorme mayoría de Constituciones del mundo. Sobrevino, por tanto, un cambio de época.
Lo mismo sucedió con otro asunto algo más conocido: el caso Dreyfus. Fue en la Francia posterior a la derrota en la guerra franco-prusiana (1871), que había propiciado el fin de la monarquía y, por tanto, una nueva República, la Tercera, que no se acababa de asentar por culpa, sobre todo y como suele suceder, de las resistencias de los antiguos sectores de poder monárquicos. En ese ambiente, ya a finales del siglo XIX, el caso citado inculpó a un militar judío alsaciano –Dreyfus– que había optado por ser francés, y no alemán, tras la guerra. Pero ese acto de patriotismo no le salvó de ser condenado por un delito de traición que no había cometido, cargando con la responsabilidad del auténtico culpable: un francés de origen, con líos de faldas, que era protegido por amplios sectores del ejército, predominantemente monárquicos. El caso, nuevamente, propició varios procesos judiciales ficticios para encubrir lo que no era sino una operación de corrupción al más alto nivel. Sufrieron persecución judicial varios inocentes, entre ellos Émile Zola, que denunció el escándalo aprovechando su fama literaria, y que acabó exiliado y –todo apunta a que– asesinado por ello. No fue en balde. El sacrificio de Zola asentó la Tercera República y su defensa empeñó a la ciudadanía francesa en la Primera Guerra Mundial, que la ganó. Sin el cambio de época que propició el caso Dreyfus, quién sabe si los sectores monárquicos del ejército, borrachos del habitual e inútil patrioterismo de los reaccionarios, hubieran perdido nuevamente la contienda, como ya había sucedido en 1871. Pero se trataba de defender una República como la francesa, un ejemplo de libertades para el mundo.
Socrátes fue obligado al suicidio tras un proceso en el que se practicó lawfare.
El jurado, compuesto por numerosos jueces, había sido predispuesto para condenarle. La campaña de desprestigio del maestro la organizaron quienes recelaban de la libertad que enseñaba Sócrates, tan alejada de los modelos predemocráticos de la antigua Atenas que, muy probablemente, todavía luchaban por mantenerse. Finalmente, sólo consiguieron que la ejecución de Sócrates pusiera en valor las ideas de su discípulo Platón, y que un discípulo de este último, Aristóteles, fuera el preceptor de Alejandro Magno. Sus brutales conquistas asentaron el cambio de época que anunció el proceso contra Sócrates. Sus ideas se difundieron por el mundo con tal fuerza que hoy se sigue leyendo a Platón y a Aristóteles y, de hecho, buena parte de sus ideas políticas siguen estando en la base de nuestras actuales democracias.
Se podrían poner ejemplos todavía más conocidos, como el proceso a Jesús, que también fue puro lawfare y que propició el nacimiento de una religión masiva que persiste dos mil años después. O la condena a un Fidel Castro, entonces libertario, que afirmó al final de su proceso que la historia le absolvería, lo que no ha sido cierto, pero sí que se produjo un innegable cambio de época en Cuba cuyas repercusiones han llegado hasta nuestros días.
La clave que explica por qué el lawfare acaba –casi– siempre mal para sus promotores es relativamente sencilla, y quizás nada la ilustre mejor que aquel Gaddafi acorralado que, poco antes de su linchamiento, pronunció un discurso televisado blandiendo ridículamente el código penal en una mano, amenazando con la persecución judicial a los que se rebelaran a su criminal autoridad. El lawfare es aquello a lo que los poderosos recurren prioritariamente cuando se sienten amenazados. Y acaba mal porque aquellos que utilizan la represión para mantener su poder, se han alejado tanto de la noción de justicia percibida mayoritariamente, de un modo u otro, por el pueblo, que acaban siendo engullidos por él, en las urnas o en revoluciones. Si esos farsantes no consiguen legitimar propagandísticamente su poder, el lawfare fracasa. La sociedad, ese conjunto de seres humanos, necesita confiar en la justicia para aceptar que otro ser humano, el juez, pueda tener la última palabra en un conflicto. Si esa confianza se rompe, cae el poder ilegítimo que trató de defenderse desesperadamente a través del lawfare. Y no es fácil que los jueces ganen una batalla propagandística. A diferencia de otros resortes de poder, están obligados a motivar detalladamente sus resoluciones, lo que les pone en evidencia cuando se descubre la pobreza de los argumentos que siempre adorna cualquier sentencia injusta, por muchos esfuerzos retóricos que haga su lamentable redactor.
En todo caso, no es conveniente hacer de profetas. El lawfare anuncia cambios sociales relevantes porque hace evidente la existencia de un poder acorralado. Pero esos cambios suelen demorarse en el tiempo. El proceso a Jesús no acabó, ciertamente, con las jerarquías judías en Israel, sino en Roma unos cuarenta años después. Pero la desproporcionada forma de reaccionar de aquellas jerarquías frente a alguien cuyo única arma era la palabra, sí que anunció la crisis de su poder, que se extinguió décadas después. Sería positivo tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se utiliza políticamente el tremendo poder de los jueces e incluso se banalizan algunas de sus condenas injustas.
Fuente: Ctxt
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