
Doctor en Historia Contemporánea por la UCM.
La vivienda en la España contemporánea constituye un ejemplo paradigmático del acaparamiento de oportunidades de que habla el sociólogo y economista Max Weber

Max Weber observó que los grupos sociales tienden a desarrollar mecanismos de acaparamiento para monopolizar recursos escasos restringiendo, así, el acceso de otros grupos a esas posiciones ventajosas. La vivienda en la España contemporánea constituye un ejemplo paradigmático de este acaparamiento de oportunidades.
La vivienda ya no organiza únicamente dónde vive la gente; organiza quién puede acumular riqueza, quién puede formar una familia en condiciones mucho más ventajosas, quién puede tener hijos y quién puede transmitir ventajas socioeconómicas a la siguiente generación.
Lejos de que la principal causa del problema de la vivienda en España responda a la escasez de esta, estamos, más bien, ante un proceso de acaparamiento de oportunidades mediante el cual quienes ya poseen activos inmobiliarios, capturan las oportunidades residenciales y patrimoniales de quienes intentan acceder al mercado por primera vez a través de una transferencia masiva de rentas del trabajo hacia los rentistas.
A este respecto, Erik Olin Wright combinó explotación y acaparamiento de oportunidades. Las desigualdades duraderas surgen cuando un grupo monopoliza recursos valiosos y ese monopolio le permite apropiarse de recursos generados por otros. En vivienda, los propietarios controlan un activo escaso mientras los inquilinos transfieren, como hemos dicho, parte creciente de sus ingresos en forma de rentas.
A lo largo de las décadas de los 80 y 90, una familia de clase trabajadora podía comprar una vivienda con una relación precio/salario mucho más ajustada. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante un escenario distinto: los propietarios acumulan patrimonio mediante la revalorización, los hijos de propietarios reciben una mayor cobertura familiar y los hijos de inquilinos compiten en peores condiciones.
España ha pasado de tener una sociedad donde el acceso a la vivienda y el ascenso social dependía principalmente de las rentas del trabajo, a depender cada vez más de la posesión previa de la propiedad. La vivienda se ha convertido en un mecanismo de reproducción de clase en el que la conspiración no es necesaria: se reproduce a través de las instituciones, herencias, acceso al crédito, regulación e incentivos. Estos mecanismos blindan el acceso a la propiedad y, con ello, se restringe cada vez más la misma, entendida ya como un privilegio.
Los datos son demoledores, en las últimas décadas se ha duplicado el número de años de renta necesarios para poder acceder a una propiedad inmobiliaria estándar en España. Además, el salario medio ha caído en los últimos años como podemos observar en los siguientes datos ajustados a la inflación. Pérdida de poder adquisitivo sumado a un crecimiento exacerbado del precio de un bien de primera necesidad como es la vivienda que, cada vez más, parasita los salarios de los trabajadores mientras estos nutren las rentas cada vez más lucrativas de los propietarios.


Sin embargo, normalmente, como ya esbozamos antes, uno de los argumentos estrella que suelen esgrimir los liberales es que en España nos encontramos fundamentalmente ante un problema de falta de oferta. La realidad social es tozuda y suele desnudar supuestas leyes que solo funcionan en un marco teórico sesgado. Los datos mostrados más arriba son ya irrefutables pero si en España nos pusiéramos espléndidos y comenzásemos a construir vivienda como solución al problema enunciado, nada cambiaría si la enajenación de esta en el mercado no se regulara, ya que nada impediría que el mismo grupo social privilegiado se hiciera con esta para continuar reproduciendo y acaparando su ventaja social.
Un ejemplo de ello lo tenemos durante la crisis inmobiliaria de 2008. En este periodo la banca llegó a acumular cientos de miles de pisos vacíos procedentes de desahucios y quiebras de promotoras. En los últimos años, los bancos privados (como CaixaBank, Santander o BBVA) han vendido la mayor parte de estos activos a fondos de inversión internacionales (como Blackstone o Cerberus), o han derivado su gestión a sus propias divisiones inmobiliarias para ponerlos en el mercado de alquiler o venta. Vemos pues como el acaparamiento es la clave para entender el problema de la vivienda en España. Y es que más oferta, sin regulación que proteja a la sociedad en su conjunto, solo significa más propiedades para lucrarse. La propiedad de un activo residencial puede cambiar de manos sin que el activo deje de funcionar como un mecanismo de reproducción patrimonial.
Tal y como se destacaba en un artículo de eldiaro.es este mismo año, “entre 2008 y 2022 (última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España estudiada por los investigadores), el porcentaje de propietarios que vivían en su casa sin tener ninguna de alquiler cayó del 79% al 63,9%, mientras el número de inquilinos casi se duplicaba al pasar del 11,9 al 19,2% de los hogares y el número de caseros se triplicaba, al pasar del 3,4 al 9,8% de la población inquilina, pero también han triplicado su cartera de inmueble los grandes tenedores”.

Una oferta insuficiente puede contribuir a la subida de los precios, pero no explica por sí sola quién captura las rentas generadas por esa escasez ni por qué el acceso a la propiedad se está convirtiendo en un mecanismo de reproducción patrimonial y de clase.
El grado de apropiación de las rentas y la capacidad de acumulación es muy desigual entre los propietarios. Sin embargo, los propietarios de vivienda habitual y los pequeños propietarios con viviendas adicionales, tienen la misma aspiración que los grandes tenedores: aumentar la rentabilidad de sus inmuebles y convertirlos en un patrimonio cerrado mediante la revalorización. Los pequeños propietarios también contribuyen al encarecimiento de la vivienda, ya que se guían por la misma lógica liberal que legitima y prioriza el deseo de incrementar la rentabilidad de los inmuebles, al acceso a los mismos para el conjunto de la sociedad.
Esto permite explicar por qué dos personas con exactamente el mismo salario pueden encontrarse en posiciones radicalmente opuestas frente a la vivienda. La vivienda ha dejado de ser únicamente un bien de consumo y se ha convertido en toda una infraestructura patrimonial que conecta clases sociales y generaciones privilegiadas con desposeídas.
Erik Olin Wright lo planteaba de la siguiente manera: las relaciones de poder y leyes que otorgan el control sobre los recursos económicos, generan una clausura social y apropiación de oportunidades entre las posiciones sociales. Esto crea relaciones asimétricas en el seno de las relaciones de mercado y produce los conflictos sobre las rentas y la distribución.
Para romper este cierre social sobre la vivienda, la respuesta pública no puede limitarse a confiar en que un incremento de la oferta resuelva mágicamente una desigualdad estructural. O en una buena voluntad de los propietarios que pueda desarticular los mecanismos de clausura social analizados, después de beneficiarles con bajadas de impuestos como recompensa por no incrementar las rentas. Para ello se vuelve imprescindible intervenir el mercado a través de un abanico de soluciones que pueden ser complementarias:
- Mecanismos de contención inmediata (control de precios). Se han de regular de manera efectiva los precios del alquiler para frenar la transferencia masiva de rentas del trabajo hacia los rentistas.
- Alternativas estructurales como el modelo vienés. Apostar de verdad por un parque de vivienda pública y cooperativa blindado que contenga los precios del parking privado y marque la referencia en el mercado. Garantizando así que la construcción de nueva oferta sí redunde en el bienestar colectivo y no en la especulación privada.
- Desincentivar el acaparamiento a través de modelos fiscales de castigo a la multipropiedad. Para ello no hace falta irse a ningún país comunista, en el propio Singapur se aplica una fuerte fiscalidad progresiva y disuasoria a partir de la segunda vivienda. Esto encarece la acumulación de activos residenciales y reorienta el mercado inmobiliario hacia la que debería ser su función prioritaria, la social.
Solo interviniendo sobre las reglas de acceso, propiedad y extracción de rentas será posible reconducir una situación a todas luces insostenible para la clase trabajadora. Y solo así se podrá devolver a la vivienda su carácter fundamental como bien de primera necesidad y cerrar la sangría de las rentas del trabajo que parasitan los propietarios, que solo ensancha una brecha patrimonial que ya está condicionando el presente y el futuro de generaciones enteras.
Fuente: El Salto

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