Por Nuria Alabao
Periodista y doctora en Antropología Social. Investigadora especializada en el tratamiento de las cuestiones de género en las nuevas extremas derechas.
El partido ultra culpa a los migrantes de la crisis habitacional mientras promete a las clases populares una vivienda protegida casi inexistente. El discurso parece calar, aunque sus medidas favorecen a rentistas.
Santiago Abascal arrancó el mes pasado la precampaña del 29-N en Estepona, Málaga. Allí fijó los que serán los ejes principales de la carrera electoral: remigración, desregulación y prioridad nacional, con la vivienda en el centro. Prometió vivienda “como sea y al precio que sea” y jugó a la confusión diciendo que “llegaron cinco millones de migrantes” –aunque entradas no equivale a permanencias–. “Si las casas son las mismas, los precios suben”, dijo.
Abascal reconoció que Estepona “nos pillaba de paso” hacia Ceuta, adonde viajó al día siguiente y a la que llamó “nuestro territorio invadido”. En un solo viaje unió la crisis de la frontera con la de la vivienda, mientras trató de convencernos de que todo problema social se soluciona expulsando a gente.
Pero Estepona no deja de ser un municipio peculiar, donde el metro cuadrado vale un 70 % más que la media del país –5.021 euros, según Idealista– y casi un tercio de las casas las compran extranjeros. En la Costa del Sol –donde una familia con dos salarios medios ya no puede comprar nada e incluso puede llegar a tener problemas para pagar el alquiler–, la migración que hace que los precios suban tiene pasaporte británico, neerlandés y alemán. Muchos de ellos son jubilados pero nadie quiere “remigrarlos”. Paradójicamente, lo que Vox les promete les va a dejar sin personal que limpie sus chalés y se ocupe de sus piscinas y jardines. Esos trabajadores de los servicios, también migrantes, se hacinan en pisos alquilados por habitaciones, también a precios desorbitados. Estepona tampoco es un caso particular, hay muchos municipios costeros de perfil similar y urbes que también presentan esta dualidad. El Airbnb nada tiene que ver con los migrantes de clase trabajadora y sí bastante con la subida de precios.
En este escenario hay que seguir insistiendo en que sin migrantes no hay crecimiento económico, ni pensiones, ni gente que te sirva en el bar, cuide a la abuela o recoja los pepinos de la ensalada –como expliqué en este artículo–.
Por más injustas que sean, las justificaciones puramente utilitaristas no dejan de ser ciertas. Van a seguir llegando y ya son más de la mitad de quienes viven de alquiler los que han nacido fuera de España. Esas rentas van a parar a un segmento de hogares que, en su inmensa mayoría, son propietarios españoles con ingresos y patrimonios muy superiores a los de sus inquilinos. Hay, pues, una transferencia directa de ingresos de los trabajadores migrantes a las clases medias nacionales rentistas.
Es cierto que la población en España crece por la inmigración –algo más de 1,7 millones desde 2023– y eso aumenta la demanda de vivienda. Pero como sucede en la sanidad o los transportes, si están saturados es por falta de inversión. De nuevo aquí se trata de atribuir culpas a los migrantes en un país donde la vivienda es un negocio y se estimula la especulación, con oferta pública prácticamente inexistente y con la construcción estancada muy por debajo de las necesidades actuales. En 2025 se terminaron solo 11.104 viviendas públicas y el alquiler social supone únicamente el 1,2 % del parque, según la OCDE, cuando ronda el 34 % en Países Bajos, el 24 % en Austria, el 21 % en Dinamarca y más del 14 % en Francia. Esta falta de vivienda pública tiene también que ver con que la poca que se ha construido ha sido privatizada mayoritariamente –después de un tiempo suele pasar al mercado libre–.
¿Tienen los trabajadores migrantes la culpa de la falta de vivienda pública? ¿Del crecimiento de la vivienda turística? ¿De que fondos e inversores compren casas como activo financiero? ¿De que tribute más el trabajo que las rentas inmobiliarias? (Una exención de impuestos al capital obtenido por alquileres, por cierto, que se agrava con los nuevos decretos de vivienda, tanto los rechazados como los aprobados después de la disolución de las Cortes y que están pendientes de ratificación).
El programa de vivienda ultra
Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de vivienda de Vox, es también el elegido para conseguir votos de las clases bajas con su discurso pseudosocial. Sostiene que la crisis habitacional se debe a una combinación de falta de construcción, a las regulaciones recientes sobre el alquiler –y… claro, a la inmigración, no podía faltar–. Como solución, su partido propone liberalizar el mercado inmobiliario, el suelo y la construcción. También quiere derogar leyes como las de vivienda que quieren regular alquileres para bajar precios –en ese sentido se sitúa al lado de los propietarios, grandes y pequeños, y de la extracción de rentas–. Más mercado sin trabas como solución y menos impuestos a compras, herencias, constructoras y alquileres no son programas muy novedosos, pero tampoco efectivos para atajar la crisis de vivienda. Ya se han probado antes por gobiernos de todo pelaje.
Aparentemente, la sociedad va aquí en otra dirección. Más del 76 % de los encuestados, según el CIS, cree que el Estado debe intervenir en el mercado “tanto como sea necesario” para garantizar el acceso a la vivienda, y más del 90 % quiere que se construya más vivienda pública. Casi el 50 % estaría a favor de expropiar suelo para construir. Vox recoge esta preocupación y también promete “inundar” España de VPO (Viviendas de protección oficial) “para familias españolas”, y pone como ejemplo la etapa franquista de la década de 1960, cuando se construía más vivienda pública que hoy.
Sus propuestas también inciden en el marco securitario: piden más mano dura con la okupación, en un intento de convencernos de que la propiedad privada está en peligro y de que el desorden social nos amenaza. (Y que ellos son la solución.) A este carro se sube Feijóo, quien asegura que “hay propietarios con miedo. Porque si un okupa llega con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”. Leyendas urbanas que apuntan también a los migrantes: los criminales que acechan. La seguridad es la del propietario, no la del inquilino siempre al borde de quedarse en la calle.
La demanda social masiva es de intervención pública y la propuesta de Vox es desregulación y expulsiones. Por eso lleva la discusión a su terreno: en lugar de restricciones a los fondos o a la especulación, en vez de hablar de cuánta vivienda protegida hace falta y cómo se va a construir, plantea quién va a quedar excluido.
Pactos de gobierno y vivienda
La prioridad nacional es una gran guerra cultural: dice buscar que las ayudas –más bien escasas– y la vivienda protegida –esa casi inexistente– se destinen prioritariamente a los españoles. Algo que se recoge en los pactos de gobierno autonómicos con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
En la Comunitat Valenciana ya se han aprobado algunas de estas medidas: para inscribirse como demandante de vivienda protegida se exigen cinco años de empadronamiento en el caso del alquiler y diez en el de la compra. (Siempre han existido plazos, pero aquí se amplían.) Aunque la guerra cultural hable de españoles, por ley no se puede priorizar a los nacionales, así que el criterio pasa a ser el empadronamiento acumulado, continuado o no. Paradójicamente, un valenciano que haya vivido casi toda su vida en el extranjero puede quedar fuera por no reunir esos años, mientras que una persona migrante con padrón suficiente sí puede inscribirse. Pero ya sabemos que en la guerra cultural valen los eslóganes, no la realidad.
El matiz aquí es que también hay otras comunidades gobernadas por otros partidos que tienen normas similares. El decreto canario lo aprobó un Gobierno de Coalición Canaria y PP –con plazos más largos todavía–, y en el caso vasco, uno de PNV y PSE, aunque con plazos mucho más cortos.
La misma ley valenciana que pide prioridad nacional extiende la rebaja del IRPF a rentas superiores a 100.000 euros y eleva el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio de uno a dos millones. ¿De dónde van a salir los recursos para construir esa VPO?
¿Da votos la prioridad nacional?
La solución mágica de la remigración –repatriación inmediata de quien entre de forma irregular, deportación de extranjeros con delitos, salida de quien viva de ayudas– tiene pocos visos de cumplirse por las dificultades de su ejecución o porque choca con la legislación vigente, pero además es un fabuloso animal mitológico como respuesta al precio de la vivienda.
Sin embargo, el discurso de la “prioridad nacional”, por más engañoso que resulte, parece haber calado en la población. Encuestas de mayo indican que, a la hora de elegir criterios en el acceso a ayudas públicas, la opción más popular fue la de “dar prioridad a la población española” (44,2%), frente al 31,8% que considera que se debe “tratar a todas las personas por igual, sin establecer prioridades”, y al 19,3% que es partidario de que los primeros beneficiarios sean “las personas con mayor arraigo en el país”.
Desde hace un tiempo Vox está buscando el voto en los barrios de rentas más bajas y por eso tiene un discurso dual: uno destinado al votante conservador o que busca programas neoliberales en lo económico, y también uno más social. Las contradicciones nunca les han molestado demasiado. Así, en un discurso pronunciado en el barrio madrileño de Aluche en noviembre de 2025, Hernández Quero describió Madrid como el “patio trasero de los ricos del mundo” y acusó a PP y PSOE de facilitar la expansión de los grandes fondos inmobiliarios. También afirmó que la vivienda se había convertido en un lujo, pese a ser un derecho. ¿Resultan creíbles estos discursos? Según los datos del CIS, el partido de ultraderecha subiría ocho puntos entre votantes de hogares pobres (menos de 1.100 euros de ingresos), donde crece el doble que en los hogares de más de 5.000 euros. Aunque las causas no son transparentes, quizás son las compensaciones simbólicas y la propia agenda antiinmigrantes las que le hacen subir en esos segmentos. Es decir, las explicaciones que señalan al migrante que paga una fortuna por una habitación como rival del trabajador español que también sufre la crisis de vivienda.
El 29 de noviembre veremos los resultados de esta estrategia que, como dice Quero, pretende superar el marco izquierda-derecha. Normalmente “romper” este eje quiere decir tratar de ocultar con chivos expiatorios o con guerras culturales las consecuencias antisociales de sus propuestas económicas para conseguir voto de distintos segmentos sociales, entre ellos aquellos cuyas vidas empeorarán con la aplicación de sus políticas. Con menor regulación de los alquileres y menos impuestos, los fondos a los que Hernández Quero señala en Aluche no tienen mucho que temer de un gobierno de Vox. Tampoco los españoles de los barrios pobres ganan demasiado con la prioridad nacional, que reordena la cola ante la ventanilla casi vacía de las viviendas protegidas a las que muy pocos pueden acceder. Y si además se expulsa a quienes van a trabajar en la construcción, habrá que preguntar a Abascal quién va a levantar esas casas que promete “como sea y al precio que sea”.
Fuente: Ctxt
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