Por Iñigo Antepara
Activista de Argilan-ESK.
La política pública de vivienda, primero la del franquismo y la falta de ella después, ha derivado en la actual crisis habitacional. Llegados a este punto, no hay soluciones mágicas. En Euskal Herria, donde el parque público amortigua la crisis sin resolverla, una huelga general untaria puede ser el comienzo si detrás hay un movimiento capaz de durar.
Los sindicatos de inquilinas preparan la primera huelga general por la vivienda. Si, desde las izquierdas, la hipótesis es que ahora toca enfrentarse al llamado «bloque rentista», conviene detenerse un momento para darle una vuelta.
La primera dificultad está precisamente en definir eso que llamamos «bloque rentista». ¿Quiénes son los rentistas? ¿Un fondo de inversión que acumula cientos o miles de viviendas? ¿Una persona jubilada que alquila una vivienda para complementar una pensión insuficiente?
Frente al 44% de Barcelona y el 24% de Madrid, en Euskal Herria ‘sólo’ un 17% de la población vive de alquiler, lo que implica 137.000 hogares inquilinos en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, según publica Eustat para 2024, y casi 45.000 en Navarra. De los primeros, 26.300 son viviendas protegidas destinadas al alquiler (Vivienda Social, VPO y asimiladas), lo que muestra que el 81% de los hogares que viven de alquiler están sometidos al mercado libre sobre el que actualmente el movimiento exige una regulación que limite el poder de la parte propietaria.
EL Observatorio Vasco de Vivienda analiza la titularidad de esas viviendas de alquiler, mostrando que el 80% son propiedad de una o varias persona físicas, mientras sólo el 4% pertenece a empresas y fondos de inversión y el 16% restante son propiedad de la Administración Pública.
Por último, un estudio realizado por un equipo de la EHU, muestra que casi el 82 % de arrendadores privados afirman poseer, en sus respuestas a una encuesta, una única vivienda en alquiler, mientras que el 14,5% dice poseer dos o tres viviendas alquiladas y sólo el 3,5% de entre ellos posee cuatro o más. Esto no significa que no exista concentración de la propiedad en algunas ciudades, ni que un fondo y una jubilada ocupen la misma posición en el mercado.
En Donostia, por ejemplo, el 30% de las viviendas en alquiler pertenece a propietarios con más de cinco casas. Por su parte, en Navarra donde casi el 17% de los hogares viven de alquiler, según su propio Observatorio de Vivienda cuatro quintos de las casas arrendadas se alquilan a precios de mercado libre, y once grupos empresariales acaparan dos de cada diez viviendas alquiladas, tal y como mostró la fundación Civio en una investigación a partir de los mucho más fiables registros de contratos.
Ahora bien, reconocer esta diversidad en la estructura propietaria no debería ocultar lo principal: existe una profunda desigualdad económica entre quienes viven de los alquileres y quienes necesitan pagar uno para tener una vivienda. Un estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC publicado en 2026 sitúa la renta mediana anual de los hogares que alquilan más de una vivienda en 80.375 euros, frente a 21.335 euros entre los hogares inquilinos. Incluso quienes poseen una sola vivienda en alquiler presentan una renta mediana de 50.959 euros, más del doble que la de los hogares inquilinos.
Tampoco podemos olvidar que vivimos en un país construido políticamente alrededor de la propiedad de la vivienda, y no por casualidad, porque al propietario se le supone más conservador y más proclive a votar a la derecha. En la España de los años cincuenta, más de la mitad del parque estaba en alquiler, y en la mayoría de las ciudades era más del 80%. El primer ministro de la Vivienda, José Luis Arrese (1957-1960), se propuso darle la vuelta con una consigna que hizo fortuna: «No queremos una España de proletarios, sino de propietarios». Propietarios, eso sí, atados durante décadas a los pagos del crédito.
Euskal Herria, tuerta en el país de los ciegos
En Euskal Herria tenemos además una situación específica. Somos, en cierto sentido, los tuertos en el país de los ciegos. Salvo en zonas concretas, el turismo todavía no condiciona tan gravemente los precios y las condiciones de los alquileres como en otras áreas de la península. Y, a diferencia de la mayoría de comunidades autónomas, aquí se ha intentado parchear el inmisericorde mercado de la vivienda con un poco de política pública. Alokabide y las sociedades municipales de vivienda han ido tejiendo un leve colchón que ha evitado algunas de las situaciones más graves de precariedad habitacional que sí hemos visto en otros territorios.
En la calle, esto tiene su reflejo a la hora de organizar a las personas afectadas.
Los grupos antidesahucios, pese a que no han dejado de tener trabajo y a la encomiable labor que han desarrollado durante años, no han alcanzado un nivel de influencia comparable al de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o los Sindicatos de Inquilinas.
Tampoco hemos tenido una Alianza contra la Pobreza Energética (APE) como la catalana. Desde Argilan-ESK hemos intentado varias veces organizar en plataformas a las personas afectadas por la mala praxis de Lanbide en los trámites de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pero nunca hemos conseguido que esos grupos perduren en el tiempo.
Se nota el colchón, aunque sea claramente insuficiente. En 2025 los lanzamientos practicados en Euskadi crecieron un 60,2%, hasta 974, y los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), fundamentalmente por impago del alquiler, un 43,8%, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Euskadi cuenta actualmente con unas 28.372 viviendas protegidas destinadas al alquiler. El parque ha crecido de manera importante desde 2009, cuando eran 10.898, pero el crecimiento se ha producido a un ritmo tan lento que no permite responder rápidamente a la dimensión del problema.
El propio Gobierno Vasco reconoce la distancia existente respecto a los países europeos de referencia. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sitúa el alquiler social español por debajo del 3,5% del parque principal, frente a una media del 9% en la Unión Europea, que en países como Austria, Francia, los Países Bajos o los nórdicos llega incluso al 20%.
Según los datos publicados por el Gobierno Vasco en octubre de 2026, el alquiler social representa aproximadamente el 3,4% de las viviendas principales de Euskadi. El Gobierno Vasco aspira a alcanzar el 5% en 2036, unas 50.000 viviendas de oferta pública de alquiler asequible.
Sin embargo, no existe ningún objetivo oficial de alcanzar el 9% de vivienda pública de alquiler en Euskadi, que sería el mínimo para empezar a controlar el mercado. Al ritmo que supone pasar del 3,4% actual al 5% en 2036, llegar a la media europea del 9% nos costaría unos 25 años más, hasta pasado 2060. Si decidiera acelerar, ¿cuánto podría adelantar esa fecha? ¿a 2050? Dándole prioridad absoluta, ¿a 2040? En estos momentos, con todas las obras de rehabilitación en marcha, es difícil encontrar el personal especializado adecuado, muy mermado respecto al personal empleado en el sector antes de una crisis de 2008 que destruyó 45.000 puestos de trabajo en el sector.
Y el objetivo de vivienda pública de alquiler es el dato central para cualquier institución que quiera actuar, sean los ayuntamientos, las diputaciones o el Gobierno Vasco: Euskadi no posee a día de hoy un parque público suficiente para intervenir de manera decisiva en el mercado, ni lo va a tener en mucho tiempo.
Decisiones que se tenían que haber tomado antes de ayer
En 2020, desde Argilan-ESK participamos en las movilizaciones de Inor ez kale gorrian – Derecho a techo cuando el entonces consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, renunció a ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las 500 viviendas protegidas de Vitalquiler en Gasteiz que se vendían al fondo sueco Catella, argumentando que los 50 millones de euros necesarios para adquirirlas eran una cantidad inasumible. Es verdad que se los tendría que haber peleado con el PNV, que es el dueño de la llave de la hucha y que siempre ha estado a la contra en esta materia, incluso contra la Ley de Vivienda de 2015. Quinientas viviendas que no habrían solucionado el problema, evidentemente, pero seguramente hoy su sucesor en el PSE, Denis Itxaso, las habría incorporado sin dudar al parque público. Sin embargo, prefiere ir a visitar la «poco» conocida experiencia de Viena (entiéndase la ironía).
Aumentar el parque público hasta alcanzar una dimensión relevante exige muchos recursos: financieros, materiales y humanos. Exige mantener una política sostenida durante décadas, no programas puntuales ligados a cada legislatura –y a la voluntad del partido que ocupe la Consejería de Vivienda–. Y exige, sobre todo, tiempo.
Los edificios de viviendas no aparecen como los champiñones. Antes de que una persona pueda entrar en una vivienda pública hay que disponer del suelo, resolver el planeamiento y las licencias, redactar el proyecto, licitar, construir, obtener las calificaciones y realizar los trámites necesarios para la adjudicación y ocupación. El propio Gobierno Vasco señala que, una vez que existe suelo finalista, el plazo medio desde ese momento hasta la entrega de las viviendas se sitúa entre cuatro y cinco años.
Esto tiene una consecuencia política evidente: si queremos que dentro de diez o quince años exista un parque público de alquiler capaz de influir realmente en el mercado, las decisiones se tenían que haber tomado antes de ayer. No podemos esperar a que la emergencia habitacional alcance su punto máximo para empezar a poner en marcha promociones cuyos resultados llegarán varios años después.
No hay una medida mágica
Desde la derecha –e incluso desde algunas posiciones de izquierda– se insiste habitualmente en que el problema se resuelve exclusivamente aumentando la oferta. Pero el problema es demasiado complejo para reducirlo a una sola política.
Hay que aumentar la vivienda pública y protegida, sí. Hay que crear un marco legal capaz de movilizar la vivienda vacía. Hay que intervenir sobre los precios, topándolos, allí donde el mercado no garantiza el acceso a una vivienda digna. Hay que utilizar los instrumentos de tanteo y retracto y estudiar otras formas de adquisición pública de vivienda. Pero aquí y ahora es imprescindible también discutir qué hacer con las viviendas en manos de fondos buitre u otros grandes tenedores dedicados a especular con un bien de primera necesidad, aunque ‘sólo’ sean el 4-5% de las viviendas alquiladas es un buen sitio por el qur empezar.
Aumentar la oferta construyendo más y más ya sabemos cómo acaba. Lo vimos con la burbuja que estalló en 2008. Tampoco podemos pensar que construir vivienda pública resolverá por sí solo la situación inmediata de cientos de miles de personas que hoy están pagando alquileres que les cuestan la vida.
El problema de la vivienda va para largo. Deberíamos haber tomado muchas de estas medidas hace décadas. No se hizo. Ahora tendremos que convivir durante años con las consecuencias de no haber tenido una política de justicia social que corrigiera un mercado siempre injusto y salvaje, al que habíamos abandonado un bien de primera necesidad como la vivienda. La olita, la ola o el tsunami que venga no va a desaparecer después de una movilización puntual o de alguna reforma legislativa.
Necesitamos organizarnos. Una huelga general unitaria puede ser un buen pistoletazo de salida. Pero se necesita organización, redes, capacidad para sostener conflictos y, sobre todo, una base social capaz de mantenerse cuando la atención mediática desaparezca. No se trata simplemente de «subirse al barco» cuanto antes, sino de construir movimiento con un poco de cabeza.
La batalla cultural: muchos desahucios, pocas okupaciones
Mientras tanto, la extrema derecha solo ofrece Desokupa o la expulsión de personas migrantes. No es una alternativa, y cada vez se sostiene peor: el problema del alquiler, que nunca ha sido la pelea entre el migrante (el último) y un supuesto inquilino español, acreedor de «su» prioridad nacional (el penúltimo), ha desbordado ese punto. En la actual batalla cultural, son muchas y muy endebles las milongas que nos intenta colar la fachosfera.
Empezando por las cifras de ocupación ilegal, que, como puede comprobarse simplemente consultando la información judicial, son muy inferiores a las de los desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se practicaron en España 25.540 lanzamientos (término jurídico para lo que popularmente se conoce como desahucios), de los que 18.317 –el 71,7%– derivaron de la LAU, fundamentalmente por impago del alquiler, y otros 4.346 de ejecuciones hipotecarias. Frente a ellos, los juzgados registraron únicamente 1.879 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, aproximadamente uno por cada catorce lanzamientos. En 2024 habían sido 2.309, mientras que los lanzamientos alcanzaron los 27.564.
La comparación resulta todavía más significativa si miramos los años inmediatamente anteriores a las medidas del escudo social: en 2019 se practicaron 54.006 lanzamientos, de los que 36.467 fueron por procedimientos derivados de la LAU, frente a unas cifras de ocupación ilegal judicializada que ya entonces eran muy inferiores. Durante la pandemia y la posterior aplicación de las medidas de protección social, los lanzamientos se redujeron extraordinariamente: en 2020 fueron 29.406, frente a los 54.006 de 2019. Es decir, incluso después de la retirada progresiva de buena parte de aquellas medidas, los desahucios ejecutados siguen siendo un fenómeno de una magnitud muy superior a la de los procedimientos judiciales por ocupación ilegal.
Y todo ello sin entrar en por qué mucha gente se ve obligada a ocupar. Aun así, la derecha mediática y política ha conseguido que la ocupación parezca un problema mayor que los desahucios, poniendo así la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda, para regocijo de las empresas de seguridad que se están forrando vendiendo alarmas.
Por tanto, la batalla por la vivienda no va a ser corta. Y tampoco será sencilla. Necesitaremos combinar políticas públicas, regulación, construcción de vivienda, recuperación de patrimonio público y organización social. Necesitaremos también que se reconozca en su justa medida la gravedad de los desahucios, una vuelta de tuerca más para personas que ya eran vulnerables. Pero, sobre todo, necesitaremos convertir una suma de problemas individuales de personas muy precarias –un alquiler imposible, una renovación que no se puede asumir, un desahucio, una familia sin alternativa habitacional– en un conflicto colectivo.
Ahí puede estar la verdadera ventana de oportunidad. No tanto en conseguir subirse cuanto antes al barco, sino en aprender a construirlo juntos, despacito y con buena letra, para que lo que se conquiste llegue lo más lejos posible. Una huelga general unitaria puede ser un buen comienzo.
Fuente: El Salto
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