Documentos federales conocidos durante el juicio a 15 personas por obstaculizar la persecución a personas migrantes revelan un extenso programa de vigilancia
Unos documentos federales recientemente publicados han revelado la existencia de un extenso programa de vigilancia puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos contra activistas, sindicatos, colectivos vecinales e incluso un grupo de reparación de bicicletas en Minnesota el pasado invierno. La “Operación Titiritero” se inició como respuesta a las protestas en todo el estado contra los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza. El programa ha salido a la luz en el marco de un proceso judicial a nivel federal contra 15 ciudadanos de Minnesota acusados de “conspiración” para obstaculizar la campaña intensiva de control migratorio en Minnesota. Isaac Sant, uno de los acusados en el caso, afirma que los cargos que se le imputan tienen “motivaciones políticas” y “pretenden sofocar la disidencia”.
Este proceso judicial se apoya en el memorándum presidencial de Seguridad Nacional (NSPM-7), publicado en septiembre de 2025, que califica el antifascismo como una idea terrorista. El programa de vigilancia en Minnesota también se justificó a partir de este memorándum.
Como parte de su operación de espionaje, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) envió agentes encubiertos a reuniones en iglesias, parques, bibliotecas, colegios y sedes sindicales, y obtuvo en secreto los registros financieros de organizaciones nacionales de tendencia progresista, como el sindicato Communications Workers of America y el grupo ecologista Sunrise Movement. “Nos indignó saber que también figurábamos en esta lista de personas que se organizaban ejerciendo sus derechos amparados por la Primera Enmienda y el derecho a presentar peticiones a su Gobierno, pero tampoco nos sorprendió”, afirma Emilia González Ávalos, directora ejecutiva de Unidos MN, una organización local que fue vigilada por el DHS. “Esta es una de las tácticas que han utilizado en todo el mundo para reprimir, atemorizar y desarticular los movimientos de personas que se organizan contra el racismo, que luchan por la justicia y que abogan por una democracia multirracial y eficaz”.
En julio de 2026, el Departamento de Estado publicó un informe en el que calificaba a Cuba como el motor de una “izquierda terrorista” mundial. Sebastiaan Faber señalaba en CTXT que este informe destaca por sus “ecos macartistas”, pues señala directamente a periodistas, políticos y activistas, entre ellos Amy Goodman, la presentadora del podcast progresista Democracy Now!.
Anjali Kamat y Amy Goodman han hablado en Democracy Now! con tres personas que han sido vigiladas en Minnesota: Kieran Knutson, de la sección local del sindicato Communications Workers of America; el activista Isaac Sant, uno de los 15 que están siendo juzgados, y Emilia González Ávalos, directora de la organización Unidos MN.
A continuación, publicamos la transcripción de esta conversación traducida al castellano.
ANJALI KAMAT: Operación Titiritero. Ese es el nombre de un amplio programa de vigilancia puesto en marcha por el Gobierno federal contra activistas, organizaciones políticas de izquierdas, sindicatos y otros grupos en Minnesota el invierno pasado, cuando cientos de miles de residentes se sumaron a las protestas para exigir el fin de la violenta campaña de deportaciones masivas en el estado llevada a cabo por el ICE y otras agencias federales, conocida como Operación Metro Surge.
El programa de espionaje fue puesto en marcha por HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) cuatro días después de que agentes federales dispararan y mataran a Alex Pretti, enfermero y manifestante, y apenas unas semanas después de que los agentes asesinaran a otra manifestante, Renee Good.
El programa de espionaje salió a la luz en documentos judiciales presentados ante el tribunal federal de distrito de Minnesota y de los que informó por primera vez The New York Times. Los documentos fueron presentados por el abogado defensor Kevin Riach en el caso federal contra 15 supuestos miembros de Antifa, ciudadanos de Minnesota acusados de conspiración para, cito textualmente, “obstaculizar o causar daño a agentes federales” y para, cito textualmente, “oponerse violentamente a la aplicación de la ley de inmigración”. Riach representa a uno de los acusados, Isaac Sant.
AMY GOODMAN: En la moción de Kevin Riach, este revela que agentes encubiertos que se hacían pasar por manifestantes espiaron a miembros de la comunidad en reuniones celebradas en iglesias, parques, bibliotecas, colegios y sedes sindicales, y que la HSI obtuvo en secreto los registros financieros de sindicatos nacionales, entre ellos el SEIU y el sindicato Communication Workers of America (CWA), así como de organizaciones sin ánimo de lucro nacionales como Sunrise Movement. Los registros financieros se remontan a tres años atrás.
Democracy Now! habló el domingo 16 de agosto con Kieran Knutson, presidente de la sección local 7250 de la CWA, para conocer su reacción.
KIERAN KNUTSON: Nos indignó pero no nos sorprendió esta noticia. Ya sabes, el Gobierno federal estaba llevando a cabo una campaña de terror ilegal y asesina contra los inmigrantes y la clase trabajadora en las Ciudades Gemelas [Minneapolis y St. Paul], así que no nos sorprende que utilizaran estos métodos para intentar infiltrarse e identificar a las personas que estaban organizando la oposición a su campaña. Y, ya sabes, tenemos entendido que han vigilado a nuestros miembros, que se han infiltrado en reuniones en las que participábamos y que, posiblemente, incluso entraron una vez en nuestra oficina de forma encubierta como parte de esta operación. Así que, sí, esto demuestra a qué tipo de Gobierno nos enfrentamos.
ANJALI KAMAT: En la moción presentada ante el tribunal, el abogado Kevin Riach escribe, y cito: “Sin pruebas alguna, el Gobierno alegó ante el gran jurado que la conspiración en este caso se extiende mucho más allá de los acusados para incluir a la federación sindical AFL-CIO, la Federación de Educadores de Minneapolis, la Asociación de Empleados Profesionales de Minnesota, Monarca, Veteranos por la Paz y el taller de reparación de bicicletas Grease Pit, entre otros”. Hasta ahora, ninguno de los grupos objeto de la investigación de la HSI ha sido acusado.
El director ejecutivo del Sunrise Movement, Aru Shiney-Ajay, afirmó: “Mientras los agentes federales infringían repetidamente la ley, la gente corriente ejercía sus derechos amparados por la Primera Enmienda para proteger a sus vecinos”.
La operación de vigilancia surgió a raíz de una directiva de la Casa Blanca conocida como Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.º 7 (NSPM-7), que identifica como terrorista interno potencial a quien exprese, y cito textualmente, “opiniones anticristianas, anticapitalistas o antiamericanas”.
AMY GOODMAN: Para profundizar en el tema, nos acompañan dos invitados. Isaac Sant es un trabajador sanitario de St. Paul, Minnesota, uno de los 15 manifestantes acusados por el Gobierno federal en junio. Fue su abogado, Kevin Riach, quien presentó esta moción e hizo públicos estos documentos el jueves. Y Emilia González Avalos es directora ejecutiva de Unidos MN, un colectivo de base y una organización de defensa de los inmigrantes que también fue objeto de espionaje por parte del Gobierno federal.
Os damos la bienvenida a ambos a Democracy Now! Quería dirigirme primero a Isaac Sant, en St. Paul. Ha sido tu abogado quien ha hecho públicos estos documentos. Ha causado un gran revuelo en todo el país ver que el Gobierno federal, tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good, ¿a quién investiga? A los activistas que protestaban contra estos asesinatos y contra la represión letal de los inmigrantes. Ahora bien, tu abogado te aconsejó que no hablaras hoy, pero has decidido hacerlo. ¿Por qué? Cuéntanos qué ha pasado en las Ciudades Gemelas.
ISAAC SANT: Hola, Amy. Gracias por recibirme.
Creo que este caso es un acto flagrante de represión política hacia cualquiera que tuviera el valor de protestar contra la campaña terrorista de ICE en nuestras calles en diciembre y enero. Y creo que el cálculo aquí es un poco diferente al de un juicio penal normal. Creo que se trata de cargos con motivaciones políticas destinados a sofocar la disidencia, y que mi pequeña organización no es realmente el objetivo de los mismos. Estoy acusado, y obviamente es muy agobiante para mí, pero en realidad toda la comunidad es el objetivo aquí. El objetivo es que esto tenga un efecto disuasorio sobre las protestas e intimide a la gente para que no salga a la calle.
ANJALI KAMAT: Isaac, ¿formabas parte de uno de los grupos que estaban bajo vigilancia? ¿Y sospechaste algo en aquel momento?
ISAAC SANT: Sí, sospechaba que podríamos estar bajo vigilancia. Quiero decir, estuve en una concentración masiva inmediatamente después del brutal asesinato de Renee Good, y pensé que podría haber agentes encubiertos entre la gente, claro. Pero lo que no sabía era que…
AMY GOODMAN: ¿Por qué te acusaron, Isaac?
ISAAC SANT: Me acusaron de conspiración para obstaculizar o causar daño a un agente federal y también de acoso interestatal.
ANJALI KAMAT: Quiero incorporar a Emilia González Avalos, directora ejecutiva de Unidos MN, a la conversación. Emilia, ¿puedes hablarnos de tu organización? Estoy viendo el gráfico que publicó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) titulado “La conspiración”, y aparece algo llamado Monarca justo en la parte superior.
Se trata de un proyecto de Unidos, tu grupo. ¿Puedes hablarnos de tu experiencia con la vigilancia federal?
EMILIA GONZÁLEZ AVALOS: Por supuesto. Bueno, Monarca es, como has dicho, nuestro programa de observación constitucional. Es una vía de acceso a la organización comunitaria en la que desarrollamos estos foros masivos para que la gente aprendiera a observar, de forma legal y constitucional, lo que estaba sucediendo en nuestras calles con el uso de la fuerza letal contra nuestras familias inmigrantes. Y eso es todo lo que hicimos. Enseñábamos a la gente a ejercer su derecho a la Primera Enmienda; en qué se diferencia una orden de registro administrativa de una judicial; cuáles eran los derechos y las vías de que disponíamos para proteger los derechos de los inmigrantes detenidos o mientras se encontraban en proceso de detención; cómo localizar a una persona que acababa de ser detenida. También hablamos de los derechos de la Cuarta Enmienda.
Este programa llegó a abarcar a casi 30.000 personas antes de la Operación Metro Surge y alcanzó las 50.000 personas después de ella, y sigue creciendo. Por eso, nos quedamos consternados. Nos repugnó saber que también figurábamos en esta lista de personas que se organizaban ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda y el derecho a presentar peticiones a su gobierno, aunque tampoco nos sorprendió. La historia nos ha enseñado que esta es una de las tácticas que han utilizado en todo el mundo para reprimir, atemorizar y desarticular movimientos que se organizan junto a otras personas contra el racismo, que luchan por la justicia y que abogan por una democracia multirracial y eficaz.
AMY GOODMAN: Quiero referirme a lo que dijo el fiscal federal de Minnesota en una rueda de prensa. Se negó a responder a las repetidas preguntas sobre si algún agente o funcionario federal había resultado herido por los acusados.
DANIEL ROSEN, fiscal federal de Minnesota: El hecho de que, al fin y al cabo, causaran o no lesiones físicas no es lo que determina si cometieron o no un delito federal grave. Y me atrevería a decir que en este país no podemos permitir que todo el mundo se reúna, participe en todos estos actos violentos y luego simplemente diga: “Bueno, ya sabes, nadie resultó herido, así que ¿tan grave pudo haber sido?”
AMY GOODMAN: Esas fueron las palabras del fiscal federal de Minnesota, Daniel Rosen, quien también sugirió que podría haber más cargos relacionados con las investigaciones en curso sobre el activismo contra el ICE durante la denominada Operación Metro Surge.
DANIEL ROSEN: Si estás conspirando activamente para obstaculizar la labor de las fuerzas del orden, conspirando activamente para cometer los actos que alega la acusación de hoy, debes partir de la base de que te estamos vigilando y de que te atraparemos.
AMY GOODMAN: Vaya, esto es algo increíble. Cuando hay acusaciones de violencia, el fiscal federal no puede citar ni un solo ejemplo de acto violento en el que estuvieran implicados los acusados. ¿Puedes responder a esto, Isaac Sant?
ISAAC SANT: Siguiendo el consejo de mi abogado, no voy a hablar de los detalles de ningún acto manifiesto que, según la acusación, haya cometido. Pero lo que sí puedo decirte es que nuestro activismo, el mío y el de todos mis coacusados, fue no violento durante toda la Operación Metro Surge, y que, como he dicho, esto es un acto descarado de represión política. No se trata de lo que hicimos. Se trata de quiénes somos y en qué creemos. Se trata de la represión de nuestra política y, en un sentido más amplio, de cualquier oposición a la campaña de terror del ICE en todo el país.
Y sí, no hice daño a nadie. No se me acusa de haber hecho daño a nadie. Y no hay nada en la acusación de lo que se me acusa que no hayan hecho también decenas de miles de personas como actos de protesta cuando el ICE arrasaba nuestras calles.
ANJALI KAMAT: Quiero volver a incorporar a Emilia a esta conversación.
Esta acusación contra los 15 acusados les imputa de todo, desde lanzar trozos de hielo hasta levantar barricadas. Pero los documentos de vigilancia publicados la semana pasada revelan ahora que el Gobierno estaba vigilando reuniones pacíficas en bibliotecas sobre tácticas de desescalada. ¿Qué opinas sobre el tipo de pruebas que está recopilando la Administración Trump y los registros financieros que se han recabado del SEIU y de Sunrise Movement, tres años de registros financieros?
EMILIA GONZÁLEZ AVALOS: Bueno, no soy abogada, y tampoco he experimentado ni presenciado nunca una red de vigilancia que intente pescar los comportamientos que quieren polarizar, para luego actuar basándose en eso, valiéndose de la fuerza del Departamento de Justicia. También se dice que, en esta administración, hasta un sándwich de jamón puede ser objeto de una acusación. Por eso, es muy peligroso el momento que estamos viviendo, la discrecionalidad con la que se está utilizando el estado de derecho.
Y defiendo dos cosas al mismo tiempo: los tribunales deciden sobre la conducta individual, y todo el mundo tiene derecho a un proceso justo. Todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y un gobierno que incluye a un colectivo ciclista, a un sindicato de docentes y a una red de gente corriente como Unidos en un organigrama de conspiración, en mi opinión, pierde el derecho a que se le crea sobre quiénes son las personas peligrosas.
AMY GOODMAN: Muchas gracias por estar con nosotros, Emilia González Avalos, directora ejecutiva de Unidos MN, e Isaac Sant, trabajador sanitario y activista de St. Paul, uno de los 15 habitantes de Minnesota acusados de conspiración para obstaculizar a los agentes federales durante la redada de inmigración del invierno pasado, cuyo abogado hizo pública la vigilancia.
Fuente: Ctxt
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