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Las reivindicaciones en la calle de múltiples sectores de izquierda escalan desde la retirada de algunos decretos concretos a la petición de dimisión del presidente Rodrigo Paz
Bolivia, que se convirtió en socio del BRICS en 2024, se ha sumido en un nuevo ciclo de disturbios generalizados, con bloqueos de carreteras y huelgas laborales que se extienden por sus principales ciudades en respuesta a dos controvertidas propuestas del Gobierno. En primer lugar, el presidente decretó recortes en la subvención de los combustibles mediante un decreto ejecutivo en diciembre de 2025, y posteriormente el Congreso aprobó una ley sobre la tierra en abril de 2026, lo que desencadenó las protestas a las que estamos asistiendo.
Para comprender la magnitud de este enfrentamiento, hay que entender primero al actual gobierno de La Paz, la política que desencadenó el levantamiento, la forma que ha adoptado el movimiento de protesta y el colapso político interno que permitió el regreso al poder de un gobierno conservador.
El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, un político de centro-derecha con profundos vínculos con la política conservadora tradicional de Bolivia, asumió el cargo a principios de noviembre de 2025; su administración se formó tras una decisiva victoria electoral que puso fin a casi dos décadas de gobierno ininterrumpido del Movimiento al Socialismo. Paz Pereira se apresuró a aplicar lo que había presentado como un remedio económico necesario para las maltrechas finanzas del país, y fue precisamente su primera medida política importante la que desencadenó una reacción en cadena de disturbios sociales generalizados. El primer detonante de las protestas fue un decreto presidencial emitido el 18 de diciembre que eliminaba los subsidios al combustible, que habían sido la piedra angular de la política económica boliviana durante más de veinte años.
El segundo detonante de las actuales protestas de mayo de 2026 es una ley que los grupos indígenas y los sindicatos campesinos consideran un ataque directo a su capacidad para conservar sus tierras. La Ley 1720, promulgada por el Gobierno de centro-derecha del presidente Rodrigo Paz, permitía reclasificar las pequeñas explotaciones agrícolas como propiedades de tamaño medio y utilizarlas como garantía para préstamos bancarios comerciales. Aunque el Gobierno de Bolivia dio marcha atrás por completo en la ley de tierras, solo modificó parcialmente el decreto sobre los combustibles. Tras intensas protestas en todo el país, el presidente Rodrigo Paz firmó un decreto que anulaba por completo la controvertida ley de hipotecas sobre la tierra para proteger los territorios rurales e indígenas. Sin embargo, aunque el Gobierno accedió a suspender y reformular las medidas de austeridad más amplias incluidas en el decreto sobre los combustibles, se negó a ceder en el punto más polémico: la eliminación de los subsidios a los combustibles sigue en pie para combatir el déficit fiscal del país.
Las protestas se organizaron con una rapidez y una coordinación notables, lideradas inicialmente por los trabajadores del transporte público, que paralizaron las principales ciudades del país. Las calles de La Paz, Santa Cruz y otros grandes centros urbanos quedaron paralizadas cuando los conductores de autobuses y taxis se negaron a trabajar, en huelga contra una política que casi duplicó el precio del combustible y, a su vez, disparó los precios de los alimentos y el transporte.
Esta acción inicial pronto se amplió hasta convertirse en un movimiento mucho más grande y formidable cuando la poderosa federación sindical de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, convocó una huelga nacional indefinida.
Las protestas pasaron de simples paros laborales a enfrentamientos diarios en los que mineros de empresas estatales marcharon hacia la capital, detonaron dinamita y se enfrentaron a las fuerzas policiales, que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma. La base social de la resistencia se amplió para incluir a los cultivadores de coca, los sindicatos de docentes y diversos grupos indígenas, transformando lo que comenzó como una reivindicación sectorial en un desafío político de amplia base al nuevo gobierno.
El movimiento está liderado y organizado por las principales instituciones sindicales del país, con Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, emergiendo como un líder destacado y vocal. Argollo ha articulado las demandas de los manifestantes con franqueza, exigiendo la derogación inmediata del decreto y condenándolo como una política neoliberal que solo beneficia a los ricos. La coalición que respalda las protestas no está unida en torno a una única figura política, sino que representa más bien una alianza flexible de sectores tradicionales de izquierda que en su día fueron la base de la maquinaria electoral del Movimiento al Socialismo. Su objetivo principal es la restauración completa de los subsidios a los combustibles, una medida que consideran esencial para proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras y evitar que el país se vea lastrado por lo que denominan un “decreto maldito” que endeudará a las generaciones futuras. Los manifestantes esperan obligar al Gobierno de Paz a abandonar su programa económico y volver al modelo estatal de control de precios que había estado vigente durante mucho tiempo. A mediados de mayo, las reivindicaciones del movimiento de protesta habían pasado de la derogación de decretos concretos a la dimisión directa del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Sin embargo, a medida que las protestas se prolongaban más allá de la primera semana y el Gobierno de Paz mostraba su disposición a negociar, comenzó a surgir una división menos visible, pero cada vez más trascendental dentro del movimiento. Los conductores de transporte que habían desencadenado el levantamiento inicial, junto con muchos vendedores ambulantes y trabajadores asalariados, se habían sumado a la huelga con un objetivo concreto y práctico: obligar al Gobierno a restablecer los subsidios al combustible, y para ellos la derogación del decreto supondría un claro fin del conflicto. Pero un núcleo más militante y con motivaciones políticas, compuesto por los mineros radicales de las cooperativas estatales, ciertos consejos indígenas del altiplano y los restos de la facción leal a Evo Morales que se había separado del MAS oficial, argumentaba que el decreto no era más que un síntoma de una enfermedad mayor. Estos manifestantes de línea más dura consideraban que el propio Gobierno de Paz era ilegítimo, una administración de derecha que solo había llegado al palacio presidencial debido a las propias traiciones internas de la izquierda, y creían que volver a la normalidad sin una reforma política más profunda dejaría a Bolivia vulnerable a otro paquete de austeridad aún más duro en un futuro próximo. Esta creciente fricción entre quienes querían volver a casa tan pronto como se levantara el decreto y quienes querían permanecer en las calles hasta que cayera el Gobierno se convirtió en un reto cada vez más difícil para Mario Argollo y los líderes sindicales, que se vieron obligados a intentar mantener unida una coalición que ya no remaba en la misma dirección.
El ascenso del gobierno de derecha que ahora se enfrenta a estas protestas masivas no fue posible gracias a un auge popular del apoyo a las ideas conservadoras, sino principalmente a las profundas y catastróficas divisiones internas que desgarraron al Movimiento al Socialismo desde dentro. El partido de izquierda, que en su día fue una fuerza hegemónica en la política boliviana, se fragmentó en facciones enfrentadas cuando estalló una amarga disputa personal y política entre el expresidente Evo Morales y su antiguo ministro de Hacienda, el entonces presidente Luis Arce. Este conflicto fratricida sobre la dirección y el control del partido condujo a unos resultados electorales desastrosos, en los que el candidato oficial del MAS obtuvo un humillante 3 % de los votos, mientras que un candidato alternativo de izquierda, procedente de un grupo escindido alineado con Morales, solo logró una cuota ligeramente superior, lo que permitió a los partidos de derecha sumar más del 85 % de los votos y asegurarse una mayoría abrumadora en el Congreso.
El enfrentamiento entre el Gobierno de Paz Pereira y el movimiento de protesta liderado por los sindicatos no da señales de resolverse pronto, y cuanto más tiempo siga vigente el decreto sobre el combustible, más se arriesga Bolivia a un ciclo prolongado de confrontación que podría desestabilizar aún más su ya frágil economía. La insistencia del Gobierno en la “disciplina fiscal” ha endurecido la determinación de los manifestantes, y la ausencia de una alternativa de izquierda creíble, dada la espectacular implosión del Movimiento al Socialismo, deja a la oposición sin un vehículo político unificado para canalizar su poder callejero hacia un cambio electoral.
Fuente: Ctxt
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